Opinión

El Centenario de una Constitución en rebeldía

“¿Por qué es un peligro para un país que las mentes de quienes profesan el Derecho se hallen tan enervadas? Porque son incapaces de emprender cualquier progreso”.

Jeremy Bentham, Fragmento sobre el gobierno.

INTRODUCCIÓN

Una Constitución es el pacto fundacional de un Estado, sintetiza los anhelos de justicia de una Nación y los materializa en normas de Derecho.

El triunfo de la Revolución constitucionalista, propició las condiciones para que el 19 de septiembre de 1916, se convocara a un Congreso Constituyente que dotara al país de un nuevo ordenamiento político, jurídico, económico y social.[1] Sin embargo, “al margen de las altas aspiraciones que pretenda satisfacer, la aprobación de una determinada carta constitucional no siempre ha implicado que con ésta se hayan resuelto todos los problemas… pues como la historia ha evidenciado, existen numerosos factores sociopolíticos que influyen en el sentido[2]” y alcance del mismo texto constitucional.

La reflexión que debe guiar la conmemoración del Centenario de la primera Constitución en el mundo que introdujo derechos sociales, debe intentar desentrañar las razones de la inestabilidad de su articulado, producto de las excesivas reformas a las que ha sido objeto. Situación que, como advierten distintos especialistas, puede llevarla a perder coherencia hasta acabar en un diseño ininteligible[3], o peor aún, que el documento envejezca mal, confuso y deforme, al grado de que para los actores políticos la Constitución sea un fetiche maleable, eludible y moldeable a capricho, e ignorada cada que se pueda; y para los ciudadanos, una entelequia inaccesible.[4]

Al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Carta Magna, Constitución Federal o Norma Suprema, en adelante), la ley máxima del país y el referente insuperable de legitimidad, los asuntos constitucionales –como bien dijo Ferdinand Lasalle– se vuelven cuestión de fuerza. En este trabajo, se analizará su origen, historia y significado, lo que nos permitirá tener una perspectiva y prospectiva de un hecho que cambió el rumbo de la Nación, pero también un panorama, diagnóstico, balance y retos, de cara al futuro inmediato.

Una Constitución en rebeldía, para los próximos 100 años y Centenaria del siglo XXI, debe contener decisiones fundamentales de justicia social, respeto a los derechos humanos, freno a la corrupción, acatamiento de la ley, rendición de cuentas, reconstrucción de un federalismo democrático, apertura a la participación ciudadana y compromiso de los poderes públicos, del sector privado y de la sociedad en su conjunto, para ser cumplida. Elementos, todos ellos, necesarios para superar los grandes problemas nacionales. Esos, de los que nos habló Andrés Molina Enríquez, a principios del siglo XX, y que hoy todavía no hemos sido capaces de superar.

 

La Constitución Mexicana, a la luz de la doctrina jurídica 

En la doctrina jurídica, la idea de Constitución es analizada desde dos ópticas: el enfoque sociopolítico e histórico, o bien, la perspectiva formal. En la primera, el texto fundamental se estudia como un fenómeno de la realidad social e histórica, expresado en la idea de poder. En la segunda, el examen de la norma básica o constituyente, y de los órdenes normativos, se hace como entes estáticos o dinámicos.[5]

La nuestra, es una Constitución que representa la voluntad escrita y materializada de un pueblo organizado, que sintetizó la suma de los factores reales de poder[6] de principios del siglo XX.

Es una Carta Magna absoluta, relativa, positiva e ideal.[7] Absoluta, porque determinó a la comunidad como un todo unitario, como la concreta manera de ser y como el resultado de la unidad política. Relativa, porque este código supremo procedió de una instancia competente y convenida. Positiva, porque es fruto de la decisión política del Poder Constituyente, cuyos principios son rectores del orden jurídico. E ideal, por sus elementos fundacionales.

Se trata de la norma fundadora básica, del estrato jurídico positivo del orden estatal que regula la producción de las normas jurídicas mediante un acto legislativo.[8] Es también la realidad social misma y sin la cual no hay Estado.[9] Tiene una dualidad política y social; por un lado, regula la organización y funcionamiento de los poderes públicos, por el otro, establece las bases de vida en común dentro de la sociedad.[10]

La naturaleza esencial de la Carta Magna es sustentar el pacto fundacional de la Nación. Se trata de una declaración de aspiraciones, que tras una serie de movimientos armados distintos en sus objetivos, llevó al Constituyente a recoger los anhelos de justicia social del pueblo mexicano. Es el conjunto de distintas visiones revolucionarias que reclamaron al régimen porfirista educación, tierra para los campesinos, defensa de los recursos naturales y de la riqueza del subsuelo, así como derechos laborales y sindicales para los obreros.[11] Democracia con justicia social, consignadas en los artículos 3, 27 y 123.[12] “Estos preceptos de la Norma Suprema, son el ser y el querer ser de la Nación. Son el punto de partida y meta de las clases sociales que dan aliento y esperanza al país”.[13]

 

Su génesis 

Habiendo triunfado la causa constitucionalista y celebradas las elecciones de ayuntamientos en todo el país, el titular del Poder Ejecutivo convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, fijando en la convocatoria la fecha, los términos para celebrarse y el lugar donde habría de reunirse.

El 1º de diciembre de 1916, se instaló en la ciudad de Querétaro la Asamblea de Representantes Electos para Reformar la Carta Magna de 1857, bajo la presidencia del Diputado Luis Manuel Rojas. Entre los Constituyentes destacaban hombres de la talla de Francisco José Múgica Velázquez, Heriberto Jara, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Flavio A. Bórquez, Alfonso Cravioto, Juan de Dios Robledo, Pastor Rouaix, José Inocente Lugo, Esteban Baca Calderón, Froylán C. Manjarrez, Hilario Medina, Jesús Romero Flores, Celestino Pérez Pérez, Cayetano Andrade, Fernando Lizardi, entre muchas otras connotadas personalidades.

El primer jefe del Ejército Constitucionalista, envió al Congreso un proyecto de Constitución notoriamente moderado, mismo que fue rechazado por el desempeño de los Constituyentes, los encendidos y acalorados debates, que terminaron por dar origen a un nuevo cuerpo de leyes que rompía y superaba muchos moldes de las constituciones anteriores.[14]

El Congreso Constituyente trabajó continuamente. Del 1º de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 -fecha en que se clausuró-, dedicó 60 sesiones al estudio del proyecto de la Constitución. La cima de su obra fue en el corto plazo de dos meses, merced de un trabajo continuo, sesiones mañana y tarde, que se prolongaban hasta horas avanzadas de la noche. Al final, una sesión permanente de tres días trabajó sobre un proyecto de Constitución, con lo que se ahorró no menos de cuatro meses, que fue el tiempo que el anterior tardó para formular su proyecto. Su labor efectiva fue mayor que la del Congreso Constituyente de 1856: en 66 sesiones continuas e ininterrumpidas, logró el mismo resultado que el anterior en 132.[15]

Sesenta años después de promulgada la Constitución de 1857, fue proclamada nuestra actual Constitución Federal, el 5 de febrero de 1917, bajo el título de: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Redactada en un total de 136 artículos, a diferencia de los 128 de la anterior.

Es importante señalar que este Congreso Constituyente, más que reformar un ordenamiento jurídico, produjo uno nuevo, donde destacaron los artículos de carácter social. Se hicieron figurar en el texto de la Constitución, varios anhelos de redención defendidos en el campo de batalla por los revolucionarios. En el artículo 3º, sobre la educación, influyeron las ideas, entre otros, del ilustre Francisco José Múgica Velázquez. En el artículo 27, concerniente a la pertenencia de la tierra y del dominio directo de la Nación sobre los recursos del subsuelo, destacaron las aportaciones de Andrés Molina Enríquez y Luis Cabrera. Y en el artículo 123, se perfeccionó y estipuló el régimen del trabajo y la previsión social.[16]

Respetando aquellos principios básicos de la Carta Fundamental de 1857, que tienen carácter inamovible, como los derechos del hombre, la soberanía popular, la división de poderes o la supremacía constitucional[17], en la Constitución Federal de 1917 se inscribieron doctrinas modernas que le permitieron figurar entre los códigos más avanzados. De hecho, antes que cualquiera, antes que Weimar, la nuestra fue la primera Constitución que introdujo derechos sociales en el mundo. La Norma Suprema de Querétaro, marcó el inicio de lo que en la teoría se denomina constitucionalismo social.

 

De la reformitis a la artritis constitucional

Conmemorar el Centenario de la Constitución Federal, forzosamente tiene que pasar por la reflexión del rumbo y destino que la República necesita, y que aún no hemos terminado de construir.

A partir de este planteamiento, hay que poner atención en aquella práctica consistente en someter continuamente a reformas de todo tipo a la Carta Magna, cuyo resultado puede llevar a un texto deforme, hipertrofiado y voluble, que se identifica poco con la idea de ley de leyes estable y permanente que teóricamente es una Constitución.[18]

Desde el punto de vista formal, y siguiendo a James Bryce[19], nuestra Constitución es rígida. Para adicionar, derogar o reformar algún precepto de la misma, se requiere un procedimiento especial y diferente al curso normal para hacerlo con una ley ordinaria. Dicho requisito lo encontramos en el artículo 135 de la Carta Magna, que a la letra dice: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.[20]

No obstante, existe una marcada tendencia a modificarla de manera continua, lo que contrasta con otros casos, por ejemplo, con las Constituciones de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña. La primera tiene 229 años de vigencia, y a pesar de constar con 7 artículos, sólo se le han hecho 27 enmiendas o adiciones. La segunda, compuesta por documentos como la Carta Magna de Juan sin tierra de 1215, la Declaración del Bill of Rigth de 1689 y el Acta de Reforma de 1832, tiene una tradición de ocho siglos, y es de los pocos casos en el mundo de una Constitución no codificada y casi no reformada.

Gabriel Negretto encuentra en la inestabilidad política desde la Independencia, una razón fundamental para dicha tendencia reformista en América Latina: “Sostengo que la elección constitucional es endógena al desempeño de las estructuras constitucionales preexistentes y a los intereses partidistas y el poder relativo de los reformadores”.[21]

Manuel Aguirre Verlanga, el Secretario de Gobernación de Venustiano Carranza, aseveró en 1916 que uno de los motivos para convocar a un Congreso Constituyente fue la abundante cantidad de reformas que había sufrido la Constitución de 1857 en esa época, que fueron 51.[22]

A su cumpleaños número 100, la Carta Magna llega con 699 reformas constitucionales; 686 a los artículos y 13 a los artículos transitorios.[23] Los artículos más reformados son: el 73 (con 77 reformas), el 123 (con 26 reformas), el 27 (con 20 reformas), el 89 (con 18 reformas), el 74 (con 17 reformas), el 107 (con 16 reformas), el 115 (con 15 reformas), el 79 (con 15 reformas), el 76 (con 15 reformas) y el 4 (con 14 reformas). En cambio, los artículos que no han sufrido ninguna modificación desde 1917, son: el 8, 9, 12, 13, 23, 38, 39, 47, 50, 57, 64, 68, 80, 81, 86, 91, 118, 126, 128, 129, 132 y 136.[24]

Los periodos presidenciales donde más se han hecho cambios a la Constitución Federal, son: el de Enrique Peña Nieto con 147, el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con 110, el de Ernesto Zedillo Ponce de León con 77, el de Miguel de la Madrid Hurtado con 66, el de Carlos Salinas de Gortari con 55 y el de Luis Echeverría Álvarez con 40. En contraste, los sexenios donde menos reformas se hicieron, fueron los de Emilio Portes Gil con 2, el de Adolfo Ruíz Cortines con 2, el de Pascual Ortiz Rubio con 4 y el de Álvaro Obregón con 8.[25]

Se trata de un total, hasta el 15 de agosto de 2016, de 209 decretos de reformas a la Constitución Federal.[26] Muchas de estas reformas y adiciones a la Norma Suprema, cierto, fueron por la necesidad de incorporar al texto fundamental los cambios que se produjeron con motivo del estallido social de 1910, los cuales se incrementaron de manera considerable a medida que el país transitaba de un sistema agrícola a otro más industrializado, debido a varios factores, entre los que destaca el crecimiento acelerado de la población, que se quintuplicó a partir de 1940, al pasar de 20 millones de habitantes en el país, a los casi 120 millones que actualmente somos.[27]

También, otros cambios a la Carta Magna han sido de avanzada, y sería injusto no reconocerlo por su gran aportación al sistema jurídico y a la vida social. Tal es el caso de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF, en lo subsecuente) el 18 de junio de 2008, en la cual se estableció el sistema penal acusatorio y adversarial, al tiempo que se complementó el catálogo de derechos de las personas imputadas en la comisión de un delito y de las víctimas por estos actos[28], salvo la figura controvertida del arraigo, que es opuesta a los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el mismo tenor, se encuentra la reforma constitucional publicada en el DOF el 29 de julio de 2010, referente a las acciones colectivas y cuyo objeto es mejorar las garantías encaminadas a tutelar derechos en materia ambiental, de los consumidores y para los usuarios de servicios financieros.[29]

Además, cómo no mencionar en esta línea de argumentación a lo que a mi parecer son las reformas centrales recientes, por ser un cambio de paradigma constitucional, me refiero a las reformas y adiciones del 6 y 10 de junio de 2011. La primera, referente a la materia de amparo, y la segunda, en derechos humanos. Estas dos últimas, son cambios que rematerializaron la Constitución Federal, y cuya consecuencia –sin el ánimo de simplificar sus alcances pero que ameritarían otro tratamiento que desbordan los objetivos de este ensayo- fue transformar el universo normativo de todo el sistema jurídico mexicano, ampliando el catálogo de derechos humanos, pero también la forma de entender la actuación del Estado, que ahora, por mandato constitucional, debe procurar la protección más amplia de la persona.

Sin embargo, otras reformas y adiciones a Carta Magna han sido sumamente cuestionadas, por ejemplo, “en 1928 y 1933 las reformas a 24 artículos constitucionales establecieron las bases del sistema presidencialista de partido hegemónico, que no fue democrático, ni representativo, ni permitió Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”.[30]

Otras modificaciones más recientes a la Norma Suprema, han sido contrarias al propio espíritu del Constituyente de Querétaro. La reforma educativa, publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013, parece más bien una reforma laboral. La prioridad es política, no pedagógica. El objetivo es claro: desarticular a la oposición magisterial. Pregunto: ¿Acaso la reforma educativa atiende el grave problema de la falta de infraestructura de las miles de escuelas que funcionan sin agua, drenaje, baños, techo, piso o pupitres?, ¿O la deserción masiva de niños y jóvenes de las aulas?, ¿O el rechazo de las universidades públicas?, ¿O pone en marcha un nuevo modelo educativo donde se enseña al educando a pensar, criticar y proponer desde la perspectiva de derechos humanos y acorde a la sociedad del conocimiento, en lugar de perpetuar los valores del mercado? No, ninguno de los problemas estructurales de la educación en el país está en la agenda inmediata de la mal llamada reforma educativa.

La reforma energética, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2013, pone a merced de los poderosos capitales nacionales y extranjeros los energéticos del país      –principalmente el petróleo-, al abrir la rendija para la privatización de los mismos, vulnera derechos humanos como el de propiedad y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de un pueblo para su desarrollo. Esta reforma no sólo es para que nuestro país dé cumplimiento al compromiso establecido en el apartado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en esta materia. Se trata de un proceso de dominación y apropiación de los recursos naturales, de sus riquezas y del excedente producido.

Hago énfasis en este tipo de reformas, porque son parte de esa tendencia que comenzó hace más de tres décadas, con las denominadas Reformas Estructurales, cuyo objetivo deliberado ha sido minar los principios políticos esenciales que desde 1917, configuraron a la Constitución Federal y que la caracterizaron por su rico crisol social. Dichas reformas “han hecho agua”, por la sencilla razón de que no sirven a una finalidad socialmente relevante, no dan respuesta efectiva a las problemáticas actuales y no cierran las brechas entre el Derecho y la sociedad. Lejos de traer desarrollo económico, estabilidad política y bienestar social, han propiciado rezago e ingobernabilidad.

En vísperas del Centenario de la Carta Magna: ¿Cuál es la respuesta de quiénes personalizan a las instituciones del Estado, de las organizaciones sociales y de los ciudadanos, ante  lo que ya es un deliberado intento de reversión, regresión e involución, de la gran epopeya de los derechos que consagró el movimiento armado de 1910?

Igualmente pregunto: ¿Qué diría Joaquín Francisco Zarco Mateos de toda esta oleada de reformitis constitucional, cuando él adelantó el juicio de que al inclinarse el país por la Constitución rígida, sería admirable cuanta reforma se aprobara al texto constitucional, pues no era una Constitución ad perpetuam[31]?

Si en el siglo XIX el principal motivo de discusión y cambio constitucional fue el sistema federal, en el siglo XX lo fue la consolidación del sistema presidencial. La mayoría de las reformas a la Carta Magna, como se ha señalado, se han concentrado en el artículo 73, relativo a las facultades del Congreso de la Unión -y que desde 1921 se han venido ampliando-, pero no para fortalecerlo, sino para aumentar el espectro de acción del titular del Ejecutivo Federal, “líder indisputado en cuanto a iniciativas de reformas constitucionales y de leyes, así como aplicador y garante por antonomasia de las mismas”.[32]

Hacer cambios a una Constitución no es una acción negativa, si éstos son para que la Norma Suprema se adapte a las realidades sociales siempre dinámicas y cambiantes. Sin embargo, reformar para escribir en la Constitución un proyecto particular, una visión coyuntural, o un modelo partidista de país, es abusar del noble recurso de las reformas, al grado de poder transfigurar su naturaleza esencial.[33]

A menudo ocurre en nuestro sistema institucional que se practican reformas que no funcionan, porque responden al humor social del momento y al espíritu de un lapso determinado, más que a la voluntad del pueblo. Estas reformas suponen una cierta temporalidad, que al agotarse implican incisiones aún más profundas sobre el entramado legal. Con cada reforma de vida corta, se lastima la confianza en las instituciones. Se trata de modificaciones que no funcionan porque en ellas prevalece la lógica de lo urgente sobre lo importante, o quizá porque, siguiendo a Negretto, las constituciones “son instrumentos de poder que los políticos utilizan para obtener ventaja sobre sus contrincantes y satisfacer sus intereses partidarios de corto plazo”.[34]

Los excesivos cambios, conducen a la Carta Magna al riesgo de padecer artritis constitucional, es decir, que termine paralizada porque la mayoría de las reformas no responden al interés nacional, no generar los consensos sociales necesarios para su observancia, o porque simplemente introducen cambios inaplicables. Karl Loewenstein, en su obra Teoría de la Constitución, describió este fenómeno como una “constitución nominal”, porque hay una notoria discrepancia entre lo que dice la norma constitucional y la realidad, y a pesar de que sea válida en sentido jurídico, no es efectiva, no es observada por todos los interesados y no está integrada en la sociedad, ni ésta en ella.[35]

Si se revisa el texto constitucional a la luz de las ideas de Cass Sunstein, podrán advertirse en la Norma Suprema un gran número de acuerdos completamente teorizados o desarrollados, que por su grado de especificidad difícilmente podrían estar ahí. En el texto de la Constitución Federal encontramos un gran número de preceptos que no debieran formar parte del mismo, por tratarse de cuestiones ajenas a lo que se denomina una materia propiamente constitucional.[36]

Además, existen apartados enteros de la Carta Magna que ya son letra muerta, porque su aplicación depende de leyes secundarias inexistentes. El Violómetro Constitucional, que “es un instrumento ciudadano que mide en tiempo real las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión[37]”, da cuenta de ello. Al sistematizar hechos sobre las omisiones de los legisladores federales (diputados y senadores), que no han cumplido con el mandato para el que son electos: legislar, tenemos que el sistema jurídico mexicano no cuenta con leyes necesarias para darle sistematicidad y consistencia. A manera de ejemplo, de toda una serie de leyes que están pendientes de ser promulgadas, aún y cuando es por mandato constitucional, podemos mencionar las siguientes[38]:

  • Ley de Propaganda Gubernamental (reglamentaria del artículo 134 constitucional), pendiente desde el 14 de diciembre de 2007;
  • Ley sobre Suspensión de Derechos y Garantías, postergada desde el 11 de junio de 2012;
  • Ley del artículo 33 (en materia de extranjeros), con demora desde el 11 de junio de 2012;
  • Ley General de Aguas, con retraso desde el 3 de febrero de 2013;
  • Legislación sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, aplazada desde el 3 de julio de 2013;
  • Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pendiente desde el 11 de junio de 2014;
  • Ley del Registro Nacional de Población, postergada desde el 17 de diciembre de 2014;
  • Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, con demora desde el 7 de febrero de 2015;
  • Ley General del Sistema Nacional de Archivos, con retraso desde el 7 de febrero de 2015;
  • Ley Federal de Competencia Económica, aplazada desde el 6 de julio de 2015;
  • Ley General de Transparencia, pendiente desde el 31 de agosto de 2015;
  • Ley General en materia de Desaparición Forzada, postergada desde el 6 de enero de 2016;
  • Ley de Unidad de Medida, con demora desde el 26 de mayo de 2016; y
  • Ley Nacional en materia de Ejecuciones de Sanciones Penales, con retraso desde el 18 de junio de 2016.

Esta situación bien puede calificarse como fraude, porque se aprovechan mecanismos democráticos para generar una indebida inflación normativa dentro de la Constitución, que en leyes secundarias no se ve reflejada.

Si el fin último del Violómetro Constitucional es dejar de existir porque llegó el día en que está vacío, ya que los legisladores federales se apegaron a la Constitución y a la ley, esta concepción se debe extender a la sociedad entera. Gran parte de nuestros problemas constitucionales, se originan “en prácticas metaconstitucionales, costumbres corruptas y un ambiente político, social y moral deteriorados y en crisis, que impiden que las instituciones funcionen como la Ley Fundamental señala”.[39]

Ello se debe al poco respeto que existe por las leyes. En nuestro país, el incumplimiento de la ley no se investiga ni se sanciona con efectividad, por eso la impunidad alcanza niveles escandalosos y la cultura de la ilegalidad continúa erigiéndose como un modus vivendi. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que la prevalencia delictiva en el país persiste; el año pasado se estimaron 23.3 millones de víctimas de 18 años y más. Lo más alarmante es que la cifra negra, los delitos que no fueron denunciados o que no derivaron en una averiguación previa, fue de 93.7%. Dicho de otro modo: de 10 delitos cometidos, 9 no se denuncian o la autoridad no los investiga.[40]

Esta situación ha generado que las leyes se menosprecien en comparación con el texto constitucional, de modo que la consagración de una determinada norma a nivel constitucional, parece ser un objetivo en sí mismo[41], aunque la Constitución Federal termine por ser un ideario político o un documento programático, más que una norma exigible y vinculante.

 

¿Necesitamos una nueva Constitución?

En los últimos años, en diversos sectores sociales, académicos y políticos, ha ido resonando el eco de hacer nueva Constitución. Dentro de ese amplio marco de referencia, en la discusión del tema se pueden encontrar tres grandes corrientes de pensamiento[42]:

  • Existen razones para crear una nueva Constitución;
  • La Constitución necesita cambios y adecuaciones para perfeccionarla, y hay que hacerlos, pero no hay que sustituirla por una nueva; y
  • No es necesario, menos indispensable, continuar reformando la Constitución.

Particularmente, pienso que no es necesaria una nueva Constitución, más bien, debe prevalecer la prudencia en los cambios, realizar los que realmente son necesarios y no pensar que los problemas se van a resolver automáticamente por el hecho de tener un nuevo texto. Se necesita una visión general del Estado mexicano, una gran dosis de pragmatismo y experiencia política, conocimiento profundo de las realidades histórica, política, jurídica, social y económica del país, asimismo, un análisis preciso de las fallas del sistema y cómo se van a superar, al tiempo de reforzar los valores del constitucionalismo liberal-filosófico y del constitucionalismo social, que son inseparables entre sí.[43]

Un cuestionamiento muy pertinente para el caso mexicano es el que hace Giovanni Sartori, en Ingeniería constitucional comparada. El autor italiano se pregunta a la hora de diseñar las instituciones si se sabe ¿qué reformar y cómo hacerlo?, a lo que contesta que la mayoría de las veces no ocurre así, lo que trae como consecuencia que “las reformas realizadas llevan la huella de reformadores muy incompetentes”.[44] “Quienes han llegado al poder… se han sentido Constituyentes. Dueños de hacer y de rehacer la Constitución. No la ven hacia arriba, como algo superior a lo que deben someterse, sino hacia abajo: sometiéndola a cambios interminables desde afuera”.[45]

Es inaplazable un debate, amplio e incluyente, donde se defina si la Carta Magna se hace o no cerrada, y si se opta por el sí, hay que definir a partir de cuánto tiempo se puede reformar su articulado y, sobre todo, qué artículos son irreformables por ser esenciales para el propio texto constitucional y para la Nación misma, por ejemplo, tenemos los artículos 39 y 40. El primero, señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana de éste y se instituye para su beneficio, además de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. El segundo, establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior.

Una nueva Constitución no es un ejercicio teórico, no es una discusión académica y no es la expresión de buenos deseos o intenciones. Se hace una nueva Constitución cuando existe una ruptura, pactada o no, del orden social y político, por lo que resulta imperativo volver a organizar los mecanismos de poder.[46]

No es tanto el valor jurídico de la Constitución, sino su carácter sociopolítico lo que le inyecta vigencia. En estas casi diez décadas, ha habido evidentes momentos políticos y sociales muy turbios en nuestro país, pero no han producido la ruptura del orden jurídico, amén de la flexibilidad del Constituyente Permanente para reformar la Norma Suprema. “Nuestra Constitución, ha sobrevivido gracias a las raíces simbólicas que la conectan con el fin de la Revolución y con el surgimiento del México moderno”.[47] Su estructura fundamental, sigue siendo aceptada por la sociedad, aunque sea en forma vaga y a pesar de todos los errores y excesos cometidos.

Si en el futuro se requiriera una nueva Constitución, no es necesario ni deseable el quiebre violento del orden constitucional originario de 1917, más bien, esa sería la base, el parámetro y el punto de partida de la nueva Constitución, al convocarse, después de un pacto entre las diversas fuerzas políticas del país.[48] Desde luego que es un problema de mayorías, pero no sólo eso. Todos deben estar de acuerdo, porque no se trata de una simple ley. Ninguna fuerza política puede legitimarse por sí sola.[49] En forma similar nació la Carta Magna vigente, y el precedente es valioso. Así se han creado nuevas Constituciones en el derecho comparado y en países con cercanía constitucional al nuestro, como en algunas naciones de América Latina en los últimos treinta años.[50]

 

CONCLUSIÓN

Es cierto que las reformas deseables no son siempre posibles, pero de su búsqueda y consecución depende un futuro cierto de país y la posibilidad de construir un horizonte mejor para las generaciones venideras. La democracia contemporánea implica un realineamiento de fuerzas. En esa nueva dinámica que se vive hoy, es inegable la recomposición del Congreso, lo que implica en la práctica una lógica negociadora y de concesiones a las fuerzas políticas, a fin de hacer posible la gobernabilidad y la transición de las reformas.

No obstante lo anterior, es hora de pasar de la construcción de gobernabilidad al diseño de la gobernanza, con reformas que incluyan la arquitectura de una nueva gestión pública y el equilibrio entre poderes. La crisis de gobierno que hoy vive España tiene mucho que ver con que el Congreso no supo adecuar una Constitución del siglo XX al espíritu de la sociedad española del siglo XXI. En ese sentido, frente a la polarización electoral y el creciente desencanto ciudadano por la vida pública, habrá que pensar en nuevas figuras que, incluidas en la Constitución (por ejemplo los gobiernos de coalición, la segunda vuelta electoral y la ratificación de mandato), den a la sociedad un nuevo diseño normativo en el cual confiar.

Ahora mismo, el país necesita un nuevo sistema electoral. El modelo construido apenas en 2013 y 2014 fue ineficaz e inequitativo. Hay que dar certidumbre democrática a la participación ciudadana, construyendo una cancha pareja para que todos -partidos políticos y candidatos independientes- participen en igualdad de circunstancias. Por ilustrarlo de alguna manera, si equiparamos el sistema electoral actual a una carrera de velocidad de 400 metros, supone que los ganadores de las últimas Olimpiadas tienen derecho a salir 20, 30 y 50 metros adelante.

“Vivimos en un país que se encuentra agobiado de problemas por demás graves, con pobreza que [lastima] a la mitad de la población, desigualdad social insultante, inseguridad pública generalizada, deterioro galopante de los servicios públicos y sociales, millones de jóvenes sin oportunidades de educación o de empleo, corrupción e impunidad desbordadas, moral pública deshecha y escepticismo generalizado. En un Estado en esas condiciones todo puede suceder. Y así se encuentra México”.[51]

La tesis y el aspecto más importante de la Carta Magna fue, es y debe seguir siendo la justicia social. En el mundo, el constitucionalismo social sufre verdaderos embates en contra, en nuestro país también, por eso, es indispensable la Constitución Federal sea la mejor fortaleza de la justicia social. Hay que luchar por la normatividad plena de esos artículos constitucionales que la enarbolaban. Lo que hay que lograr es que se normativicen íntegramente, se revitalicen y se dé marcha atrás a las reformas regresivas. En el espíritu del Constituyente de Querétaro, se lee: “el progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político: porque los pueblos se persuaden muy fácilmente de que el mejor arreglo constitucional, es el que más protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesión completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condición de que éste no lesione el derecho de los demás”.[52]

-¿Qué es un hombre rebelde? Se preguntó hacia 1951 Albert Camus[53]. Un rebelde, respondió el francés, es un hombre que dice no. Muchos años antes Bentham había planteado esta cuestión en su Fragmento sobre el gobierno: ¿Cuándo una rebelión deberá considerarse consumada, y cuándo, a su vez, esta rebelión habrá de considerarse victoriosa como para haberse transformado en Independencia?[54]

Por el Constituyente de Querétaro, desfilaron innumerables rebeldes que desafiaron el proyecto constitucional de Venustiano Carranza. Nunca la historia ha querido presentarnos así al Constituyente, porque la ha mandado a escribir un poder presidencial omnímodo, que quiere que creamos que como en López Velarde, la patria es impecable y diamantina. Carranza no convocó a redactar una nueva Constitución, sino a reformar la de 1857. De ello da cuenta la exposición de motivos del Decreto que no abroga la Constitución de 1857, sino que reforma profundamente su articulado. Es pertinente no pasar por alto que la lucha de Carranza fue la de la defensa del orden constitucional (el de 57). No por ligereza el suyo se llamó Ejército Constitucionalista y no Ejército Reformista. Alentar la idea de una Constitución en rebeldía habría supuesto erosionar el orden vertical que ha implicado desde siempre un Congreso que en vez de contrapeso presidencial es –salvo contadas excepciones–, un Congreso genuflexo, atento y obsequioso, con el espíritu que en las leyes busca a menudo imprimir el Poder Ejecutivo.

Una Constitución en rebeldía no puede, por lo tanto, ser omisa al espíritu que le dio origen y sí en cambio, debe motivar “una agenda de investigación más rica y completa sobre las instituciones [que vincule] el momento de su creación con el de su conservación y cambio”.[55]

Una Constitución para los próximos 100 años, amerita algunas reformas de fondo que, sin caer en el exceso de la reformitis que en este trabajo se ha cuestionado, ayuden a resolver los gravísimos problemas que aquejan a nuestro país, como corrupción, impunidad, inseguridad, pobreza, desempleo, deterioro de la calidad de vida y falta de oportunidades educativas para nuestros niños y jóvenes.

Una Constitución Centenaria para el siglo XXI, debe resolver el desorden normativo al que se suman confusiones conceptuales, redacciones oscuras y una extensión innecesaria que hoy caracterizan varios pasajes de su texto. Las instituciones y leyes fracasan cuando no se practican, no son observadas y sólo sirven para cubrir con el manto de la legalidad, la imposición de mandatarios faltos de escrúpulos aunque sobrados de ambición contra la voluntad de la Nación.

Una Constitución para los próximos 100 años, debe aceptar y enfrentar los retos que seguirán estando en su operatividad, porque no bastará con las reformas necesarias que rescaten lo mejor de su espíritu de democracia y justicia social, hay que hacerlas efectivas, y para ello se requiere de la suma de voluntades y de los esfuerzos estructurados de los sectores público, privado y social.

Una Constitución Centenaria para el siglo XXI, debe albergar postulados básicos y principios éticos esenciales, que destierren las prácticas y costumbres políticas viciadas y, que desafortunadamente, son aceptadas sin ser cuestionadas. Esto exige una cultura de la legalidad por parte de todos y todas las mexicanas. Es preciso dar al ciudadano razones para volver a creer en las instituciones y en que la política es la vía más eficaz para resolver los problemas, además de fomentar la cultura de que nadie se encuentra por encima de la ley. Hay que fortalecer la premisa de que el interés público y el bien común, deben prevalecer sobre el de grupo o personal.

Una Constitución para los próximos 100 años, demanda una reflexión y entendimiento de que los fracasos no son culpa de la Carta Magna o de la ley. Hay que voltear a ver al servidor público. Pareciera que, como bien dice Jorge Carpizo, mientras la estatura profesional, técnica, de carácter y de reconocimiento social es más pequeña, la persona es idónea para ocupar la responsabilidad. Los cargos políticos y públicos, son para servir a la sociedad y no servirse de ésta, mucho menos el sendero más corto a la riqueza.

Una Constitución Centenaria para el siglo XXI, requiere de una constante difusión, día a día, cada vez más amplia sobre su contenido, así como la importancia en la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas que ésta protege. Héctor Faya sostiene que: “En las naciones con una larga tradición democrática, el conocimiento y el respeto a la Constitución es un factor que ha sido detonante de su desarrollo desde el punto de vista social, económico, político y cultural. Es práctica, no sólo retórica”.[56] Conocer la Constitución es una tarea clave de los mexicanos para contribuir a consolidar un Estado constitucional, democrático y social de derecho. La Constitución debe ser conocida, discutida y respetada. “Debe estar en las aulas, en las conversaciones cotidianas y, a la mano, en el escritorio de los gobernantes y los ciudadanos”.[57]

Una Constitución para los próximos 100 años, demanda responsabilidad social de todas las fuerzas políticas y que sepan estar a la altura de las exigencias de los mexicanos. Los partidos políticos deben estar menos preocupados por los aspectos inmediatos de las elecciones, y más por las próximas generaciones y el proyecto de Nación a mediano y largo plazo. Hago votos para que permee en los tomadores de decisiones del país, el pensamiento de Antonio Díaz Soto y Gama, quien al subir a la tribuna de la Convención de Aguascalientes -a decir de Florencio Barrera y Fuentes-, señaló que: “Cuando se viene a esta Asamblea no se es constitucionalista, ni villista, ni zapatista: se es mexicano…”.[58]

 

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NOTAS:

[1] Camacho Vargas, José Luis. “El Congreso Mexicano”, 5ª edición, Ediciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, México, 2013, p. 106.

[2] Guerrero Zazueta, Arturo. “¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la Suprema Corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2015, p. 55.

[3] Murayama, Ciro. “Ocurrencias en la Constitución: el Coneval”, EL UNIVERSAL, 4 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/02/68579.php (Última consulta: 1 de octubre de 2016)

[4] Salazar Ugarte, Pedro. “Una constitución (casi) centenaria”, EL UNIVERSAL, 30 de enero de 2014. Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/01/68501.php (Última consulta: 1 de octubre de 2016)

[5] Sánchez Bringas, Enrique. “Derecho Constitucional”, 12ª edición, primera reimpresión, Editorial Porrúa, México, 2011, p. 105.

[6] La idea de que una Constitución es la suma de los factores reales de poder es de Lasalle, Ferdinand. Ver “¿Qué es una Constitución?”, 2ª edición, Editorial Gernika, México, 2004, pp. 5-60.

[7] Para Carl Schmitt, eso era una Constitución. Ver “Teoría de la Constitución”, 1ª edición, 2ª reimpresión, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 29-62.

[8] Hans Kelsen, describió así los rasgos característicos de una Constitución. Ver “Teoría General del Derecho y del Estado”, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978, pp. 129- 148.

[9] El significado de la Constitución para Herman Heller fue en esos términos. Ver “Teoría del Estado”, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pp. 317-318.

[10] André Hauriou en esos términos dio cuenta del fenómeno constitucional. Ver “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”, 4ª edición, Editorial Ariel, Barcelona, 1971, p. 212-300.

[11] Camacho Solís, Manuel. “5 de febrero, ¿Qué van a celebrar?”, EL UNIVERSAL, 3 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/02/68564.php (Última consulta: 1 de octubre de 2016)

[12] Es pertinente la aclaración de que originalmente los derechos de la clase trabajadora estaban en el artículo 130, tras una serie de reformas dicho artículo constitucional pasó a ser el actual 123.

[13] Dávalos, José. “Derecho individual del trabajo”, 19ª edición, primera reimpresión, Editorial Porrúa, México, 2011, p. 18.

[14] Camacho Vargas, José Luis. “El Congreso Mexicano”, Óp. Cit., p. 107.

[15] Ídem.

[16] Ibídem, p. 109.

[17] González Oropeza, Manuel. “Una nueva Constitución para México”, Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, p. 309. Disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/130/17.pdf (Última consulta: 5 de octubre de 2016)

[18] Valdés Ugalde, Francisco. “¿Qué tan Magna es nuestra Carta?”, EL UNIVERSAL, 2 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/02/68544.php (Última consulta: 1 de octubre de 2016)

[19] Bryce, James. “Constituciones flexibles y constituciones rígidas”, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952, pp. 25-26.

[20] “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, artículo 135. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf (Última consulta: 23 de septiembre de 2016)

[21] Negretto, Gabriel. “La política del cambio constitucional en América Latina”, traducido por Adriana Santoveña y Gabriel Negretto, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Fondo de Cultura Económica, México, 2015, p. 13.

[22] González Oropeza, Manuel. “Una nueva Constitución para México”, Óp. Cit., pp. 312-313.

[23] “Reformas constitucionales por artículo”, en Reformas a la Constitución, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm (Última consulta: 3 de octubre de 2016)

[24] Ídem.

[25] “Reformas constitucionales por periodo presidencial”, en Reformas a la Constitución, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm (Última consulta: 3 de octubre de 2016)

[26] Reformas constitucionales en orden cronológico, en Reformas a la Constitución, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm (Última consulta: 3 de octubre de 2016)

[27] Fix- Zamudio, Héctor. “Las reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011 y sus efectos en el sistema interamericano de derechos humanos”, Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, pp. 425-426. Disponible en: http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3271/16.pdf (Última consulta: 17 de octubre de 2016)

[28] Guerrero Zazueta, Arturo. “¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la Suprema Corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad”, Óp. Cit., p. 151.

[29] Ídem.

[30] Valdés Ugalde, Francisco. “¿Qué tan Magna es nuestra Carta?”, Óp. Cit.

[31] Francisco, Zarco. “La Constitución y la prensa el eco nacional”, en El siglo diez y nueve de Francisco Zarco y su pensamiento constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, p. 150. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/803-el-siglo-diez-y-nueve-de-francisco-zarco-y-su-pensamiento-constitucional(Última consulta: 9 de octubre de 2016)

[32] González Oropeza, Manuel. “Una nueva Constitución para México”, Óp. Cit., p. 310.

[33] Monreal Ávila, Ricardo. “Constitución: entre la reformitis y la artritis”, POR ESTO. Disponible en: http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=1768 (Última consulta: 18 de octubre de 2016)

[34] Negretto, Gabriel. “La política del cambio constitucional en América Latina”, Óp. Cit., p. 16.

[35] Loewenstein, Karl. “Teoría de la Constitución”, Ediciones Ariel, Barcelona, 1964, pp. 213- 222.

[36] Guerrero Zazueta, Arturo. “¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la Suprema Corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad”, Óp. Cit., p. 149.

[37] “¿Qué es el violómetro constitucional?”, en VIOLÓMETRO CONSTITUCIONAL, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Disponible en: http://violometro.org/index.php/que-es/ (Última consulta: 6 de octubre de 2016)

[38] “El verdadero reloj legislativo. Violaciones actuales de diputados y senadores”, en VIOLÓMETRO CONSTITUCIONAL, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Disponible en: http://periodismocide.org/eventos/violometro/ (Última consulta: 4 de octubre de 2016)

[39] Carpizo, Jorge. “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, p. 147. Disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/cuc/article/view/27107/25227(Última consulta: 16 de octubre de 2016)

[40] “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes, México, 27 de septiembre de 2016, pp. 1-2. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf (Última consulta: 18 de octubre de 2016)

[41] Guerrero Zazueta, Arturo. “¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la Suprema Corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad”, Óp. Cit., p. 149.

[42] Carpizo, Jorge. “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, Óp. Cit., p. 146.

[43] Ibídem, p. 156.

[44] Sartori, Giovanni, “Ingeniería constitucional comparada”, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 12.

[45] Faya Rodríguez, Héctor. “La Constitución devaluada”, ADN POLÍTICO, 5 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.adnpolitico.com/opinion/2012/02/05/opinion-la-constitucion-ausente (Última consulta: 18 de octubre de 2016)

[46] Carpizo, Jorge. “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, Óp. Cit., p. 159.

[47] Salazar Ugarte, Pedro. “Una constitución (casi) centenaria”, Óp. Cit.

[48] Carpizo, Jorge. “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, Óp. Cit., p. 151.

[49] Córdova. Arnaldo. “Cambio y Reforma de la Constitución”, LA JORNADA, 20 de enero de 2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/20/opinion/008a1pol (Última consulta: 15 de octubre de 2016)

[50] Carpizo, Jorge. “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, Óp. Cit., p. 151.

[51] Ibídem, p. 142.

[52] “Exposición de Motivos del Proyecto de Constitución”, Diario de los Debates, Estados Unidos Mexicanos, Tomo I, Número 12, Querétaro 1o de diciembre de 1916, en Cámara de Diputados del H. Congreso dela Unión, p. 269. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/Proy_CPEUM_expmot_01dic1916.pdf (Última consulta: 18 de octubre de 2016)

[53] Camus, Albert. “El hombre rebelde”, 3ª edición, 3ª reimpresión, traducción de Josep Escué, Alianza Editorial, Madrid, 2015, p. 27.

[54] Bentham, Jeremy. “Fragmento sobre el gobierno”traducción de Julián Larios Ramos, Editorial Sarpe, España, 1985, p. 95.

[55] Negretto, Gabriel. “La política del cambio constitucional en América Latina”, Óp. Cit., p. 15.

[56] Faya Rodríguez, Héctor. “La Constitución devaluada”, Óp. Cit.

[57] Ídem.

[58] Díaz Soto y Gama, Antonio. “Biografías de personajes relevantes”, en Memoria Política de México. Disponible en:  http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/DSG80.html (Última consulta: 9 de octubre de 2016)

Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Ha sido asesor legislativo del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Senado de la República, Coordinador de asesores de la Vicecoordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, asesor del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Estado de México; coordinador de asesores de la Consejería del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asesor de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.