José Sanvicente
Maestro en Derecho por la UNAM, académico y consultor legislativo.
@jsanvicentem
Con gran tristeza Javier Duarte, Gobernador de Veracruz, recibió la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le haya declarado inconstitucional su Ley Anticorrupción, al determinar los togados que la legislatura veracruzana se adelantó al haber creado un sistema estatal anticorrupción, sin que primero se promulgaran las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Así, invalidaron totalmente los decretos 880, 881, 882, 883 y 887 que corresponden a diversas reformas a la Constitución Política del Estado y a las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas, del Poder Judicial de la entidad y de la Fiscalía General, aprobados por el Congreso veracruzano y promulgados por Duarte de Ochoa el 10, 13 y 28 de junio.
Con esta resolución y la decisión del gobierno federal de haber promovido la acción de inconstitucional, a través de la Procuraduría General de la República el pasado 11 de julio, dio pauta a que “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”, estas fueron las palabras que el vocero de Enrique Peña pronunció en conferencia de prensa.
Ante estos hechos Javier Duarte pretendía que el Congreso local le autorizara una especie de blindaje para que las investigaciones sobre sus presuntos actos de corrupción y otros delitos durante su gestión, no representaran riesgo ahora para su salida de la gubernatura.
Es muy claro el mensaje que el gobierno federal dio para el gobierno de Veracruz, no más actos de corruptelas, pero la pregunta es ¿Y aplicará para todo gobierno saliente?.
Pero lo que sí dejo muy en claro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que ningún Congreso local puede legislar a modo y mucho menos restarle facultades al Congreso de la Unión.
Por ello, los legisladores locales deben conocer, en primer término, la ley general y apegarse a ella para así poder realizar las adecuaciones a su marco legal respectivo.
En un México en Paz debe existir la transparencia y la rendición de cuentas, en donde la impunidad y los actos de corrupción queden atrás, para que día a día se construya el México que todos añoramos.
