Opinión

De los Prefectos Políticos a los Coordinadores Estatales

Por: Luis Cuauhtémoc Palestina Flores.

 

Para la mayoría de la opinión pública, los medios de comunicación y los analistas políticos, la reunión que sostuvo el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con los 31 Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 12 de julio, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se centró en el cambio del actual esquema por el que la Federación distribuye recursos a los gobiernos de las entidades federativas.

 

En el encuentro se les dijo a los mandatarios locales que desaparecerían los actuales delegados federales, y que en su lugar se crearía la figura de los Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo, uno por cada entidad, pero también que dichos Coordinadores serían los que recibirían, a partir del 1o de diciembre, las prerrogativas, programas y ramos federales, como el 33 y 28, además de los recursos descentralizados para salud, educación, vivienda y desarrollo social que se envían a los estados, por tanto, ya no pasarían por las tesorerías de éstos, todo, a fin de hacer realidad dos de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel: la austeridad en el manejo del erario y transparentar el uso de los recursos públicos para combatir la corrupción y acabar con los moches.

 

En los últimos 18 años, desde el sexenio de Vicente Fox, pasando por el de Felipe Calderón, hasta llegar al de Enrique Peña Nieto,  los Gobernadores, de facto o legalmente, han adquirido facultades casi ilimitadas, al grado que han ejercido el poder frívola, displicente, corrupta y corruptoramente en las entidades federativas, como si éstas fueran sus feudos, ganándose a pulso el sobrenombre de Virreyes. Algunos ejemplos, ilustrativos como consistentes, son los de Moreira en Coahuila, Borge en Quintana Roo y Duarte en Veracruz.

 

Nadie duda en la necesidad de poner un freno, de decir ¡Basta! y de enmendar el ejercicio del servicio público en los estados. Pero este esquema propuesto, más que corregir vicios y errores, agravia al sistema federalista al restar a las autoridades locales capacidad de decisión en áreas sensibles como el desarrollo y el bienestar social, obligándolos a entrar en una dinámica que Andrés Molina Enríquez describió a la perfección en Los Grandes Problemas Nacionales: la política integral, consistente en rehacer la autoridad necesaria para la organización coercitiva de cooperación obligatoria.[1]

 

Lo verdadero y políticamente fundamental de la reunión en la Conago, más allá de la descripción de los vericuetos administrativos, es que se dibujó, delineó y trazó la nueva directriz del mapa político que habrán de seguir los mandatarios estatales, en su mayoría del PRI y del PAN, para con el nuevo Comandante Supremo. Ahora los recursos federales, necesarios para atender necesidades y obras en los estados, serán recibidos, etiquetados, administrados y ejercidos por los Coordinadores Estatales, que dependerán directamente del Presidente de la República y a quien le rendirán cuentas del manejo y destino de las partidas.

 

Esta figura de los Coordinadores Estatales, recuerda a los Prefectos Políticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestro país, pues tienen una pasmosa analogía con la función que cumplían. Las prefecturas políticas concentraban amplias facultades legales, que comprendían el campo político, militar, fiscal y educativo, a lo que se sumaban ciertas prerrogativas informales, como un ejercicio discrecional del poder y prácticas clientelares.[2] Fueron pieza clave del sistema político hasta su desaparición definitiva en la Constitución de 1917. Durante el periodo que comprende de 1876 a 1911, destacaron por su importancia: actuaban como agentes del Ejecutivo en municipios, rancherías y otras localidades dentro del estado; eran concebidos como “enlaces” e intermediarios indispensables en la realización de los programas públicos, la resolución de los conflictos, la canalización de peticiones y litigios; así como en la prevención, contención o sofocamiento del descontento local.[3]

 

El ejercicio de esa tarea solía ser un escalón para otros cargos políticos como presidencias municipales, diputaciones, gubernaturas o magistraturas de la Suprema Corte. De hecho, Porfirio Díaz había sido subprefecto de Ixtlán en 1855 y, posteriormente, prefecto político de Tehuantepec, lo que le dio un conocimiento directo de la importancia de ese cargo, sólo en apariencia modesto. Nótese que en la lista actual de Coordinadores Estatales, destacan nombres y figuras para futuras elecciones en entidades clave, por mencionar un par tenemos a Delfina Gómez en el Estado de México y a Carlos Lomelí en Jalisco.

 

Reitero la necesidad de eliminar el abuso en el ejercicio del poder por parte de los mandatarios locales, pero pienso que esta figura de los Coordinadores Estatales es un velo de dulzura y calma que se da en medio de la noche que galopa a nuestro alrededor y tarde o temprano terminará por caer, a la manera de Samuel Beckett en Esperando a Godot. El artículo 115 de la Carta Magna, en su primer párrafo y en la fracción I, es muy claro en establecer que los estados adoptarán, para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre, además, que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejerce por el Ayuntamiento de manera exclusiva, sin que haya autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

 

 

 

 

 

 

[1] Molina Enríquez, Andrés. Los Grandes Problemas Nacionales, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2016, p. 110.

[2] Kuntz Ficker, Sandra y Speckman Guerra, Elisa. El Porfiriato, en “Nueva Historia General de México”, México, El Colegio de México, séptima reimpresión 2017, p. 494-495.

[3] Ídem.

Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Ha sido asesor legislativo del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Senado de la República, Coordinador de asesores de la Vicecoordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, asesor del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Estado de México; coordinador de asesores de la Consejería del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asesor de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.