El incierto futuro del sistema electoral
Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La Cámara de Diputados organizó el Foro para la Reforma del Estado y el Foro para la Reforma Electoral. Se percibe la intención del partido en el poder, de avanzar en la centralización de lo que queda de nuestra República Federal constitucionalmente establecida. Ése es el rumbo que toma el cambio de régimen como una verdad incuestionable.
Fui invitado a participar en la mesa de derechos indígenas. Mi disertación se encaminó a hacer una reflexión general sobre el modelo de sistema electoral. Fue cuestionada por un diputado, quien pontifica sobre su verdad como única, por no ceñirse al tema. Pero estoy convencido de que quienes hemos contribuido con nuestro grano de arena, desde la militancia partidaria y desde el servicio público, a la transformación política de nuestro país tenemos la responsabilidad de expresar nuestra verdad y confrontarla con la verdad de los otros, con el fin de construir una verdad que contribuya al bienestar social.
Palabras más, palabras menos les comparto mi exposición del 20 de junio en la Cámara de Diputados:
El diseño legal de los sistemas electorales tiene el objetivo último de mantener condiciones de competencia que garanticen la no preeminencia de ninguna fuerza política por vías ilegales.
El periplo mexicano para construir un sistema electoral consensuado, que diera fin al régimen autoritario y al Sistema de Partido Hegemónico, recorrió algo más de cuatro décadas. En una primera etapa (1977-1991), se abrió la puerta a la pluralidad partidaria, pero sin posibilidades de una alternancia real.
El levantamiento zapatista (1994) impulsó los acuerdos para la transformación de las instituciones electorales, para alejar la posibilidad de fraudes en los comicios y para que las reglas de la competencia proporcionaran mejores condiciones de equidad a los partidos políticos contendientes. La reforma electoral de 1996 fue uno de los factores que crearon las condiciones para la alternancia presidencial en el año 2000. El sistema electoral mostró su fragilidad en las elecciones presidenciales de 2006.
El conflicto poselectoral llevó al rediseño parcial del Sistema Electoral (2008), creando un nuevo modelo de comunicación política; fue polémico, pero resultó satisfactorio para la equidad en la competencia electoral.
El proceso de cambio político en el país se apoyó indudablemente en la transformación del Sistema Electoral, debido a la conjunción de la voluntad reformadora de la clase política en el poder y el impulso democrático de la oposición y de sectores sociales independientes. Es necesario reconocer que, sin la voluntad de los sectores reformistas del régimen autoritario, la transformación política del país se hubiera dado, muy probablemente, por vía de la violencia, con consecuencias impredecibles.
Otro aspecto necesario de reconocer es que las reformas electorales hasta 2007-2008, buscaron enmendar deficiencias sistémicas y atender los posibles riesgos que, desde el ámbito electoral, pudieran poner en peligro la gobernabilidad y la estabilidad políticas. Aún con deficiencias técnicas o políticas podemos afirmar que en estas reformas prevaleció una visión de Estado.
En la reforma electoral de 2014 no sucedió lo mismo, se conjugaron el dolor de la derrota en la elección presidencial, la visión centralista de sectores relevantes de la clase política y la necesidad del nuevo gobierno de lograr el apoyo legislativo para realizar las reformas estructurales.
El resultado de esa amalgama de intereses disímbolos dio como resultado un modelo de Sistema Electoral que desfiguró principios de la República Federal. La consecuencia fue un sistema centralizado, que paradójicamente mantiene la autonomía constitucional de los institutos electorales locales. Desde el discurso se plantearon dos objetivos de la reforma: alejar a los gobernadores de los comicios y disminuir el costo de las elecciones, ninguno se logró.
La centralización de la organización de las elecciones está en disposiciones constitucionales y legales, que, aunado a la visión centralizadora dominante en el Consejo General del INE, nulificó la innovación, muy rica en el pasado, desde los organismos electorales locales.
En la actual legislatura se han presentado iniciativas de reforma a la legislación electoral: 63 en la Cámara de Diputados y 51 en el Senado. La lista de los temas es extensa: género, revocación de mandato, violencia de género, delitos electorales, reducción de financiamiento, fusión de las direcciones ejecutivas de organización y capacitación electoral del INE, procedimiento de elección de consejeros del INE, etc. Sólo existe una iniciativa de reforma constitucional, en la Cámara de Diputados, para desaparecer los institutos electorales de los estados y centralizar toda la organización de las elecciones. Es evidente, no existe un rumbo claro desde una perspectiva de Estado, que tienda a mejorar el sistema.
El término federalizar se ha utilizado como sinónimo de centralizar funciones públicas, a conveniencia de quienes detentan el poder. Desde la perspectiva constitucional que nos define como una República Federal, el término federalizar debiera significar descentralizar y no utilizarse a modo.
Ubicar el asunto del modelo de Sistema Electoral sólo como un problema de elevados costos pretende poner un velo a razones de fondo político. Si el modelo de sistema actual trastocó los equilibrios políticos del país, la centralización total los modificará profundamente.
Una de las mayores virtudes de la democracia es la distribución del poder, aglutinar sólo en el INE la organización de todos los comicios es altamente riesgoso para la estabilidad política del país. Es otorgarle demasiado poder a una sola institución y renunciar a la diversidad regional, política y social. Además, se sometería a una sola institución a las presiones políticas desde todos los rincones de la geografía nacional.
Por otro lado, desde el punto de vista técnico y financiero no se tiene ninguna claridad (ni en el INE, ni en la presidencia, ni en el ámbito legislativo) de las repercusiones que una reforma centralizadora tendría en la institución electoral. ¿Alguien ha calculado el crecimiento en personal y de recursos materiales que requeriría el INE para organizar todas las elecciones del país? ¿Alguien tiene idea, aunque sea remota, de la dimensión de la modificación normativa y el tiempo que se requiere para realizarla? ¿Alguien tiene una propuesta concreta de los cambios necesarios a la estructura organizacional del INE? ¿Alguien sabe quién organizará los procedimientos de participación ciudadana en los estados? La respuesta contundente es no.
Compartiendo la visión de que el costo de la organización de las elecciones es elevado, se puede disminuir delegando a los institutos electorales actividades que tiene centralizadas el INE e implementando la votación en urna electrónica. La propuesta de disminución del financiamiento a los partidos es simplista. Se debe revisar las obligaciones de los partidos, que implican gasto, establecidas en la ley, pero son una herencia del corporativismo del antiguo régimen y suprimirlas.
Existen críticas particulares, algunas de ellas acertadas, a las instituciones electorales, en particular al INE, llegando al extremo del ridículo y afirmar que es un “elefante artrítico”. Pero, lo que no existe es un diagnóstico sobre la funcionalidad técnica y sistémica del modelo electoral. Es indispensable hacerlo para pensar una reforma que mejore la organización de las elecciones y otorgue mayor confianza y certeza.
Haciendo un paréntesis doctrinal, desde la perspectiva de la teoría constitucional los poderes constituidos no pueden modificar aspectos esenciales definidos por el poder constituyente. El tema lo dejo para la reflexión de los legisladores.
Por último, la tensión histórica entre centralismo y federalismo no está resuelta. La forma de gobierno federal no tiene duda constitucional, pero la clase política desde la revolución hasta el presente ha cedido, en mayor o menor medida, a la tentación centralista. El ámbito electoral había resistido esos embates. La reforma de 2014 fue una regresión, trastocando el sistema federal establecido por los constituyentes de 1917. La reforma que se impulsa, de materializarse, terminaría con lo que queda del federalismo electoral. De suceder, lo digo sin ambages, sería una regresión mayúscula, atentaría contra los avances democráticos logrados por el país en más de cuatro décadas.
