El despropósito del Congreso de Baja California

Por Salvador López Santiago

@sls1103

 

Con la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, temas como la aprehensión de Juan Collado, abogado que ha representado a personajes de la política mexicana, incluida la familia Salinas de Gortari y el expresidente Peña Nieto; y la ampliación de dos a cinco años del periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, aprobado por el Congreso Local, no han recibido la difusión que uno pensaría para casos de dicha magnitud.

 

Así como la elección histórica del 1º de julio de 2018 representa un avance sustancial en la consolidación del régimen democrático nacional, lo ocurrido en el Congreso de Baja California marca un grave retroceso en la consolidación del sistema político mexicano. Perfectible, como lo es, nuestro modelo electoral ha dado paso a la pluralidad y la alternancia.

 

El pasado 2 de junio, el candidato de Morena y gobernador electo Jaime Bonilla, ganó de forma contundente al ser favorecido con más del 50% de los sufragios. De manera legítima, en las urnas, Morena terminó con 30 años de hegemonía panista en la entidad -se llevó carro completo-, entonces ¿por qué ensuciar el triunfo abrumador?, ¿por qué dar paso a la suspicacia de retrocesos? La verdad, parece un enorme despropósito, en el que vale la pena dejar claro que la ampliación fue avalada por un Congreso con mayoría panista.

 

Para poner en contexto el tema, recordemos que el 11 de septiembre de 2014 el Congreso Local aprobó acortar los periodos de gobierno, a fin de empatar las elecciones estatales con las federales, el argumento fue disminuir el gasto destinado a los comicios. A poco más de un mes de la última elección, donde la ciudadanía bajacaliforniana votó por un gobernador para dos años -bajo el mismo argumento de reducir el gasto-, se modificó lo aprobado en 2014 para dar paso al sin razón que ha generado todo tipo de opiniones.

 

Con matices de prácticas del viejo régimen, la propuesta impulsada por el morenista Víctor Morán fue avalada en sesión extraordinaria celebrada el lunes 8 de julio por la noche -en lo oscurito-. Ante la noticia con la que se amaneció, el presidente de la República manifestó que ya son otros tiempos, que no hubo línea de presidencia y que no marcará un precedente para que ocurra a nivel nacional.

 

En contraste, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas -exdirigente del PRD-, acusó que los diputados locales fueron “evidentemente comprados”. En el mismo partido en el gobierno, la Diputada morenista Tatiana Clouthier publicó en su cuenta de Twitter: “Nos sumamos al llamado Congreso de Baja California a rectificar   # AsíNo. El gober fue votado x dos años … no se puede mas, muy claro” (sic). El PAN anunció que presentará acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y que expulsará a los legisladores que se “corrompieron”.

Más allá de lo que llegué a determinar la SCJN o del curso que tomé el asunto, este tipo de acciones no abonan en la construcción de un proyecto de nación que se basa en el combate a la corrupción. Además de dar malas señales y generar incertidumbre, lo aprobado por el Congreso de Baja California, podría marcar un retroceso el proceso democratizador mexicano, ese mismo que permitió a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos optar por un cambio de régimen en el que se dice, no hay espacio para la ilegalidad ni la inmoralidad de conductas dentro de la vida pública.

 

Lo acontecido es una buena prueba para ver en que medida y hasta donde, en realidad se está construyendo bajo una nueva visión de Estado y que prácticas del llamado viejo régimen lograrán subsistir en los tiempos de la #4T.

Salvador López Santiago

Salvador López Santiago

Es Licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de Maestría en Derecho Parlamentario en la UAEMéx y se encuentra en proceso de titulación de la Maestría en Ciencia Política en la UPAEP. Fue Consejero Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015, respectivamente. Asimismo, se ha desempeñado como asesor legislativo en el Senado de la República de octubre de 2012 a la fecha, en la LXII, LXIII y la LXIV Legislatura que inició en septiembre de 2018. Desde enero de 2020 es director editorial en Tempo, Política Constante.

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