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Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

 

Ha corrido mucha tinta para referirse a la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. Las opiniones sobre este suceso han oscilado de extremo a extremo. Desde las visiones que prevén la debacle económica del país hasta, quienes, desde Morena, han catalogado a don Carlos como traidor. Las visiones maniqueas no contribuyen a un análisis sereno que se aproxime a la objetividad.

 

Lo primero a distinguir es el significado de los términos. No es lo mismo disentir que traicionar. Según María Moliner disentir es “expresar opiniones contrarias a las del otro…” Traicionar implica “engañar a alguien su buena voluntad haciéndole creer que puede realizar lo que en realidad no puede…”

 

“Todo cabe en una cuartilla, sabiéndolo acomodar” decían los periodistas de antaño. La página de renuncia de Don Carlos manifiesta diversos y duros juicios sobre las decisiones de política económica implementadas por el actual gobierno, además con elegancia hace ver al presidente, desde su visión, debilidades de su estilo personal de gobernar al permitir la presencia de conflictos de interés en su gabinete. En la entrevista publicada por la revista Proceso amplía y precisa sus puntos de vista disidentes de las acciones gubernamentales.

 

Tres son las causas de su renuncia: “…porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento…”; “…toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los efectos que ésta pueda tener…”; “…me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.”

 

En entrevista posterior publicada por la revista Proceso expone las coincidencias con el presidente López Obrador —que no son menores—, la más profunda es la de ver al Estado como rector de la economía; otra sin duda es la convergencia de visiones sobre el combate a la pobreza y la centralización en las adquisiciones gubernamentales, como un mecanismo ya probado para disminuir costos y como valladar a la corrupción.

 

Las diferencias en el espacio económico se dieron en el ámbito fiscal; el voluntarismo en la definición de prioridades de los grandes proyectos, que tuvo que ver con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la construcción de la refinería de Dos Bocas; la controversia sobre el gasoducto por sus probables consecuencias negativas para la estabilidad economía y la política de austeridad franciscana, con la cual discrepó, aunque coincidió con las medidas consideradas en la implementación de la austeridad republicana.

 

Durante la entrevista abunda en sus razones para presentar la renuncia. Coloca en primer lugar el conflicto de interés de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia por nombrar directamente a los titulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la banca de desarrollo. Por lo que se desprende de sus opiniones, se puede deducir que entre ambos personajes se dio un choque frontal, pues cuestiona acremente las posiciones ideológicas de Romo y alude a la extraña relación amistad-colaborador con el presidente. Lo que es cristalino es que el presidente, en este conflicto, respaldó a su jefe de oficina.

 

Además, relata su desacuerdo con Manuel Bartlett por los riesgos de incumplir el contrato de construcción del gasoducto submarino Sistema Sur Texas-Tuxpan. Este asunto, parece, fue la gota que derramó el vaso, pues ocasionó que el presidente increpara a don Carlos con dureza según su propio testimonio: “me dijo que yo era un neoliberal. Para López Obrador, cualquiera que lo critique lo es. También me aseguró que Bartlett era un gran abogado y que cómo me atrevía a cuestionarlo.”

 

Tanto los temas de coincidencia como los de divergencia no son menores y bien vale la pena reflexionar sobre el contexto de la renuncia. Si bien el modelo económico neoliberal se repliega desde el ámbito discursivo en la realidad fáctica está muy presente. Si el objetivo es, como parece, convertir al Estado en rector del proceso económico, implica cambios sustanciales y complejos del modelo de acumulación de capital. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, se requiere, al menos, que el Estado tenga capacidad de realizar inversiones que produzcan cadenas de valor, que a su vez creen empleos, y de dar certeza a la inversión privada extranjera y nacional.

 

Las disidencias de don Carlos tienen que ver con lo anterior, más allá de las disonancias políticas en el gabinete. El Estado no tendrá recursos financieros para impulsar su papel rector si no hay reforma fiscal que se los proporcione (el recorte presupuestal ya está mostrando sus debilidades), y si se invierte en proyectos de dudoso futuro.

 

Por otro lado, la cancelación del aeropuerto en Texcoco y su construcción en Santa Lucía, la construcción de la refinería de Dos Bocas y el tren maya y la posposición del desarrollo del corredor interoceánico; además, hay que agregar una campaña desde los centros financieros internacionales en contra de la política gubernamental que están creando vientos no favorables a crear confianza en los inversionistas internacionales.

En ambos documentos don Carlos expone sus opiniones con claridad y franqueza. Son palabras directas expresadas con sencillez, para que cualquier lego en materia económica las comprenda y sin ninguna intención de construir alguna alambicada intriga política.

 

Otra vez, según Moliner, leal “Se aplica a la persona incapaz de cometer falsedades, de engañar o de traicionar, así como a sus palabras o actos…” Don Carlos fue leal a un proyecto y al presidente al no engañar, expresó sus razones tal como las concibe, sin ambages. La respuesta fue que era un neoliberal. No existe en el lenguaje del discurso presidencial mayor epíteto descalificador que ése. Para un hombre de la trayectoria de don Carlos Urzúa fue una invitación, poco comedida, a despedirse del cargo.

 

La renuncia y la entrevista son una última llamada de atención, sin falsedades, sin engaños, sin traición, reconociendo cualidades del presidente, con lealtad, pero, sin actitudes cortesanas, a enmendar yerros en las decisiones de política económica. No es ningún desdoro enmendar rumbo, cuando está en juego el interés nacional. Estamos a tiempo.

 

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.