Por Salvador López Santiago
@sls1103
Cuando escuchamos hablar sobre la Cámara de Diputados o bien, del Senado de la República, en muchos casos asociamos a sus integrantes con la formulación de iniciativas para reformar, modificar, adicionar o suprimir leyes; o bien para crear nuevos textos legales. Esa referencia no es errónea, pero tampoco es completa. En observancia al mandato popular expresado en las urnas, en los recintos legislativos también realizan diversas actividades, tales como el desarrollo de comparecencias o foros informativos; así como el análisis y aprobación de diferentes nombramientos, ratificaciones, excitativas y exhortos.
Entre los instrumentos legislativos que se tienen, se encuentra la Proposición con Punto de Acuerdo, mecanismo por excelencia para que las y los legisladores ejerzan funciones de control. En dichos documentos se expone una postura y una propuesta respecto a un tema de interés público, como es la ampliación de dos a cinco años de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California, el sargazo en diferentes playas del país o la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur de México, por mencionar algunos ejemplos recientes.
A través de dichos exhortos se puede solicitar al Poder Ejecutivo información sobre un asunto en particular, citar a comparecer funcionarios de la federación, exhortar al ejecutivo federal a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamental, exhortar a las dependencias y entidades, a que hagan, dejen de hacer o fortalezcan ciertas acciones. En la LXIV legislatura, una de las comparecencias con mayor expectativa se llevó a cabo por la Comisión Permanente el 14 de junio de 2019, cuando de la secretaria de Economía, Graciela Márquez y el canciller Marcelo Ebrard acudieron al Senado de la República para explicar el acuerdo migratorio que se había logrado en Washington una semana antes.
También se puede presentar un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la convocatoria de periodos extraordinarios, solicitar al Congreso la creación de alguna Comisión Especial o bien para exhortar a alguna autoridad del orden local para atender un asunto de su competencia administrativa y de gestión. La semana pasada, desde la Comisión Permanente, se exhortó al Congreso de Baja California a dejar sin efecto la ampliación del periodo de la gubernatura y aunque los diputados locales ratificaron ese retroceso democrático, queda constancia histórica de que el Congreso de la Unión reprueba lo ocurrido.
Cabe señalar que, a pesar de sus particularidades, de la misma manera que los proyectos de iniciativa de ley, las Proposiciones con Punto de Acuerdo deben pasar por un proceso legislativo –presentación, análisis, discusión (en comisiones y pleno) y en su caso, aprobación-. No obstante, pueden ser resueltas de inmediato cuando se trate de asuntos denominados como de urgente resolución, lo que está en función del asunto concreto, por ejemplo, si se trata de atender los estragos de un fenómeno natural, donde el apoyo a los afectados debe darse de inmediato o de terribles fenómenos como la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
Aunque su relevancia es clara, al no ser vinculantes (es decir, no derivar en determinaciones que deban ser cumplidas con obligatoriedad), de manera errónea hay quienes consideran a las Proposiciones con Punto de Acuerdo carentes de utilidad, cuando es evidente que un exhorto bien formulado y presentado en la coyuntura adecuada, tiene gran impacto al posicionar en la agenda pública un tema de interés general, lo que deriva en una difusión mediática significativa y en presión pública para que las dependencias o gobiernos de las entidades se conduzcan con legalidad.
En un sistema político plural y medianamente democrático, por supuesto que las Proposiciones con Punto de Acuerdo tienen una función esencial dentro del quehacer legislativo. No son llamados a misa, más bien, son el reflejo de las agendas, ideologías y preocupaciones de las diferentes fracciones parlamentarias representadas en ambas Cámaras; además de ser parte toral del equilibrio de poderes que rige al sistema democrático nacional.
