Delincuencia y política
Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
A raíz del malogrado operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, se ha desprendido un alud de opiniones a favor y en contra. Muchas de ellas en la lógica de respaldar acríticamente al Presidente y otras en denostarlo. Fue una operación fallida, un significativo traspié. No hay otra manera de decirlo y así lo ha reconocido el propio gobierno federal. El operativo de captura de Ovidio Guzmán ha dado pábulo a todo género de especulaciones y pronunciamientos. No pretendo incorporarme a la multitud de expertos instantáneos en seguridad pública; no poseo formación sobre el tema y existen ostensibles huecos informativos para emitir una opinión fundada. Pero sí creo estar en condiciones de evaluar ese episodio desde una perspectiva politológica y su impacto en la gobernanza.
La “Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República” (ENSP), publicada hace apenas el pasado 16 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, establece que “La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos”. También indica que “en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, focalizaremos los esfuerzos en el combate a los delitos que más afectan a la población. En las zonas de más alta incidencia delictiva incrementaremos el estado de fuerza”.
No se aprecian elementos que permitan suponer que la coordinación entre instancias de gobierno, cuerpos de seguridad y estado de fuerza hayan estado presentes en ese episodio. El resultado es una lesión a la confianza ciudadana respecto de las capacidades del gobierno de hacer frente con eficacia al reto que representan los grandes grupos delincuenciales.
Sun Tzu señalaba que las batallas se ganan antes de librarlas; es decir, su planeación esmerada y correcta generación de condiciones para el triunfo aun antes del primer disparo. Sin embargo, la batalla mejor planeada está sujeta a imponderables. En tal circunstancia, la doctrina estratégica aconseja el repliegue, a fin de conservar fuerzas y evitar males mayores.
Se requiere valor para comprender que el curso general de la batalla es adverso y ordenar la retirada. Al ver superados en número y poder de fuego a los efectivos en campo y evaluar las amenazas que se cernían sobre la población, el abandono de la misión implicaba entereza y responsabilidad, por encima de los daños que tal decisión podía ocasionar a la imagen gubernamental. Así, se garantizaba la protección de integridad física, la vida y propiedades de los culiacanenses. Las amenazas, ciertamente, dieron lugar a situaciones hipotéticas que resultaban altamente probables.
Por ello resulta exagerada la reacción mediática. El desafío que representan los grandes grupos delincuenciales desde hace tiempo es conocido, pero nadie podría afirmar que, en lo general y en el largo plazo poseen la capacidad para doblegar al Estado. Indudablemente, han logrado acciones efectivas que les han permitido intimidar a la población e incluso controlar franjas territoriales importantes. Pero es importante tener claridad de que el balance estratégico está lleno de claroscuros. El descabezamiento de los grandes cárteles no ha sido suficiente para mermar su capacidad y ha traído como consecuencia la fragmentación y diversificación de actividades delincuenciales.
Así que un operativo fallido debiera ser asumido en términos menos alarmistas que los que, incluso, aluden a un supuesto “estado fallido”. Es, sin duda, una urgente invitación a evaluar las deficiencias en la planeación y el desempeño de las labores de inteligencia que erraron al diagnosticar la capacidad de reacción de los adversarios más allá del operativo en Culiacán.
Debemos hacer un esfuerzo por mirar el bosque. Es indispensable un diagnóstico certero de la estructura financiera, productiva, comercial y forma de operación de la delincuencia organizada en sus diversas variantes, no sólo el narcotráfico. La ENSP tiene un punto de partida conceptualmente erróneo. Si el Centro Nacional de Inteligencia define a la Seguridad Nacional como “La condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su población, para que ésta pueda desarrollar plenamente su potencial y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la implementación de estrategias de protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento del orden constitucional para la consolidación del proyecto nacional.” De lo anterior resulta evidente que la delincuencia organizada es un riesgo para la Seguridad Nacional, que es un fenómeno que rebasa totalmente el concepto de Seguridad Pública. Esta equivocada concepción repercute en un diseño de combate a la delincuencia organizada por rumbos inciertos.
Es relevante resaltar que en la ENSP se señala la necesaria participación de la sociedad para enfrentar a la delincuencia organizada, pero es indispensable no quedarse en la generalidad y realizar una más precisa definición de los mecanismos de gobernanza que conduzcan a una participación activa de la población en el combate al flagelo delincuencial.
El reconocimiento de los factores socioculturales que han favorecido la irradiación y empoderamiento de la delincuencia debe abandonar el plano meramente teórico y discursivo para transformarse en un campo de acción de la política pública y de reconstitución de la relación entre gobernantes y gobernado y, en consecuencia, en el fortalecimiento de la legitimidad democrática.
A la fecha no se perciben pasos en la prometida “…(convocatoria) a las asociaciones civiles y organismos ciudadanos a sumar su esfuerzo y experiencia para garantizar resultados óptimos; todo ello con un esfuerzo con la conformación de redes vecinales”. La decisión presidencial de priorizar la integridad y la vida de la población y posponer el objetivo que perseguía el operativo fallido, más que signo de debilidad puede convertirse en el primer paso en esa dirección, si se abandona el discurso polarizante que, en los últimos meses, ha denostado las opiniones de apoyo crítico y la independencia de organizaciones que han perseverado en su autonomía respecto del gobierno, pese a su cambio de signo político.
Mucho quedará por hacer en el plano de la seguridad pública para afinar estrategias, mecanismos de coordinación, y tácticas operativas que se hagan cargo de las acciones cuasi guerrilleras que suelen emplear los grupos delincuenciales y su creciente propensión a utilizar como escudo a la población, porque el Estado no puede renunciar al legítimo y ponderado uso de la fuerza para garantizar la seguridad y bienestar de la misma.
Por el bien de todos, esperemos que no prevalezca la conocida inclinación burocrática a la autojustificación y desvío de culpas.
En tanto, en el campo de lo político se hace imperativo propiciar un clima favorable a la anhelada paz. El discurso de la contienda corresponde a la campaña política por el poder; el discurso de la concordia y la búsqueda de los más amplios acuerdos forman parte irremplazable del ejercicio democrático del poder.
El admirado general Lázaro Cárdenas utilizó cotidianamente la mesura en el hablar y la contundencia en el actuar y, por supuesto, nunca dejó de recurrir al arsenal de recursos que dispone el Estado para enfrentar eficazmente los problemas nacionales.
