Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Hace una semana se difundió un videoclip del presidente cuyo mensaje esencial fue “vamos bien, estamos cumpliendo nuestros compromisos de campaña”. El lunes la realidad se desgajó sobre el discurso político, el responsable fue el crimen organizado que masacró a tres mujeres y seis niños de la Familia LeBarón en un camino de la sierra de Sonora. Este hecho es uno de miles realizados durante el último año. Pero, la saña con el cual fueron cometidos los asesinatos se difundió ampliamente, lo cual incrementó la indignación social. Si a lo anterior le sumamos los hechos del malogrado operativo en Culiacán para capturar a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán y los nubarrones que se ciernen sobre la economía, el discurso de vamos bien difícilmente encuentra asidero firme en la realidad.
Aunado a lo anterior en algunos aspectos, la política social tiene aceptación amplia entre la población más desfavorecida, aunque también hay tropezones, sobre todo en los rubros de salud y educación. El sentido de esta reflexión se concentrará en la relación en el discurso político y la política de seguridad, pero es conveniente mencionar los claroscuros de la situación general para ubicar con mayor precisión el tema de la seguridad.
En lo que se refiere a la política de seguridad pública, el discurso gubernamental insiste en que es correcta y no se ve intención de evaluarla en el corto plazo. En otro artículo analicé las deficiencias conceptuales que existen en las leyes y en la política de seguridad gubernamental. No está de más insistir en que la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) es deficiente metodológicamente y en consecuencia carece de objetivos claros y metas precisas. Pero una ausencia relevante es la de una política internacional enfocada al combate a la delincuencia organizada. Lo más que hace dicha estrategia es buscar la “Coordinación con instancias internacionales para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita.”
La delincuencia organizada es un fenómeno global, para combatirla debe existir una política pública interna y externa claras que definan el riesgo que representa. En primer lugar, se le continúa tratando como un problema de seguridad pública, pero si hacemos caso a lo expresado en la misma ENS, acerca de que “…se identificó a la delincuencia organizada como uno de los principales riesgos de la economía nacional…”, fácilmente este fenómeno puede caer en la definición de un riesgo a la seguridad interior y a la seguridad nacional.
En segundo lugar, aunado a lo anterior debe existir una clara política exterior enfocada a incrementar los mecanismos de intercambio de información operativa y financiera, tráfico de armas, persecución y detención de los presuntos delincuentes. La ausencia de esta política ha propiciado las claras intenciones del gobierno estadunidense de intervenir en México con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.
Sobre este tema, lo primero que se puede decir es que Donald Trump busca utilizar el asesinato de miembros de la familia LeBarón como un elemento propagandístico de su campaña para reelegirse. Por otro lado, esa actitud provocadora de que los Estados Unidos pueden hacerle la guerra a los narcotraficantes y destruirlos es falsa e hipócrita. El número de personas adictas en Estados Unidos demuestra dos cosas: el fracaso de las políticas de prevención y las del combate a las mafias que trafican con drogas en el territorio de ese país.
Un punto realmente preocupante y peligroso es la intención de ciertos sectores del gobierno estadunidense de catalogar a las bandas de narcotraficantes como terroristas, con la clara intención de impulsar acciones del ejército estadunidense en México. Esa postura ha sido acompañada por algunas voces internas que no ven que la experiencia histórica demuestra que “los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”. La posibilidad de intervención estadunidense en el combate al narcotráfico es un riesgo a la seguridad nacional. En este punto la respuesta gubernamental ha sido del todo tibia y no proactiva.
Lo que es innegable es que se ha abierto un debate interno sobre la conveniencia o no de calificar a las bandas de narcotraficantes como terroristas. Una definición es “Actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas que son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos” (Declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. Anexo de resolución de la Asamblea General de la ONU 49/60, Medidas para eliminar el terrorismo internacional, 9 de diciembre de 1994).
En el caso del Código Penal Federal y a pesar de su deficiente redacción el terrorismo y su financiamiento están definidos en sus artículos 139, 139 Bis, 139 Ter, 139 Quáter, 139 Quinquies. La definición legal mexicana da pie a que las acciones de la delincuencia organizada pudieran ser catalogadas como terroristas. Pero el hacerlo llevaría a darle impulso al intervencionismo estadunidense. Internamente las presiones para realizar esa declaración crecerán. El dilema es realmente delicado. Pero, más delicada es la insistencia de que la política de seguridad va bien.
Otra contradicción entre el discurso y la realidad es que se logró la creación de la Guardia Nacional como una policía paramilitar, que tiene como objetivo llegar a 150 mil elementos, pero a la vez se impulsa la política de no utilizar la fuerza legítima del Estado en contra de la delincuencia organizada.
En conclusión, el discurso político, en este caso, se construye con los documentos de política pública de seguridad, que aun con sus deficiencias debieran ser una guía de la operación, las acciones de las autoridades responsables y el discurso gubernamental. La triada está siendo atropellada por la realidad. No es tarde para tener un alto en el camino y evaluar, el bienestar de la población lo exige, la aplicación de las políticas sociales en las zonas bajo dominio de la delincuencia, el seguimiento al lavado de dinero y de la política que limita el uso de la fuerza pública en acciones contra la delincuencia. Es indispensable, por el bien de todos, aplicar equilibradamente la fuerza del Estado para recuperar la seguridad.
