Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
En un artículo anterior abordamos el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva de “la captura del Estado” planteada por Leslie Holmes (¿Qué es la corrupción?). Su texto aborda diferentes facetas de la corrupción y, ellas sin duda alguna pueden aportar elementos para realizar un diagnóstico sobre un país particular. Lo cual es indispensable para diseñar las políticas públicas pertinentes para combatirla. Hoy comentaremos otras dos vertientes planteadas por esa autora, que son relevantes y las califica como relacionadas con el sistema: económica y política.
En relación con el primer tema señala que diversos aspectos de las políticas públicas y los sistemas económicos están correlacionados con los niveles de corrupción. Lo primero es que existen opiniones de que mayor participación del Estado en la economía favorece altos niveles de corrupción. Esta participación es considerada desde la perspectiva administrativa, por los controles ejercidos por el Estado sobre la actividad económica. A esas visiones contrapone que no existe una correlación clara entre el control estatal y la existencia de la corrupción, sobre todo derivada de los trámites a realizar por los empresarios para realizar sus actividades.
Un segundo tema señalado es la corrupción generada por los procesos de privatización de las empresas públicas. Caso sobradamente documentado en el mundo y México no fue la excepción en la década de los años noventa. En este caso el lado virtuoso, si es que el calificativo es aplicable, es que estos actos de corrupción tienen un límite de tiempo en su existencia. Esta conclusión, desde mi punto de vista, no es contundente, porque depende de las características de estos procesos en cada país, pues no sería excepcional que un hecho de corrupción se concatenara con otros construyendo una larga cadena de hechos delictivos.
El tercer tema es el del outsourcing, mecanismo a través del cual los gobiernos y las empresas tercerizan servicios de los que originalmente eran responsables. Holmes señala que las licitaciones recurrentes abren el camino de la comisión de actos de corrupción; además son un mecanismo idóneo para vulnerar derechos básicos de los trabajadores, que al final de cuentas es una manifestación de la corrupción, pues proporciona ingresos ilegales a los dueños de las empresas contratantes y contratadas. Sólo como ejemplo, en una sociedad considerada como una democracia consolidada, las privatizaciones y el outsourcing fueron vistos como dos mecanismos que impulsaron fuertemente la corrupción en Inglaterra en los años noventa. Ni que decir qué sucedió en los países con democracias y Estado de Derecho frágiles.
El adelgazamiento del aparato del Estado por medio del despido de los trabajadores gubernamentales y de la precarización de sus condiciones laborales es señalado como un cuarto tema relevante que abona el desarrollo de la corrupción. El objeto de la crítica, en este caso, son los neoliberales. En el presente, México hace gala de su reconocido surrealismo, pues un gobierno autocalificado como antineoliberal radical es el que despide trabajadores sin el más mínimo análisis de la relevancia de las funciones que realizaban y con el argumento de que son hijos de la corrupción.
Recurre a la fórmula creada por Robert Klitgaard: C=M+D-R. C, es corrupción; M, monopolio; D, discrecionalidad y; R, rendición de cuentas. Esta fórmula la aplica al cobro de impuestos, aunque puede aplicarse a otros aspectos de la actividad regulatoria del Estado. En este caso los funcionarios fiscales tienen múltiples formas de favorecer a los empresarios y a cambio obtener jugosas compensaciones.
En México durante los dos sexenios anteriores no se cobraron impuestos (créditos fiscales condonados y cancelados) por algo más de 1 billón de pesos. Por medio de este mecanismo fueron beneficiados artistas, futbolistas, empresarios y políticos (de todos los signos). Se aduce que estos mecanismos eran legales. Sí, pero, en este caso podemos cuestionarnos hasta donde se dio la complicidad de los legisladores con la cúpula de funcionarios de la Secretaría de Hacienda para construir una trama legal con el fin de obtener tal dimensión de recursos. Y, por otro lado, quienes fueron los funcionarios y cuáles fueron sus razones para decidir cancelar y condonar los créditos fiscales. Ésta es la parte del guión de esta trama que todavía se encuentra entre los nebulosos pasillos del mundo financiero y político.
La sustracción de fondos públicos por los políticos tiene dos modalidades, según Helms, para enriquecimiento personal o para uso con fines partidarios, sobre todo para financiar campañas electorales. Agregaría una tercera que es híbrida, quien usa esos recursos para ambos fines: políticos y de enriquecimiento personal. Helmut Khol y Jaques Chirac son puestos como ejemplo, a nivel internacional, como personajes que se encuentran en la segunda categoría. Indudablemente son ejemplos ilustrativos por la presencia internacional de ellos, pero éste es un fenómeno recurrente. En países pobres, los programas sociales son utilizados como un medio de chantaje para los electores que viven una situación depauperada, que al final de cuentas es una desvío y manipulación de programas gubernamentales. Este fenómeno no desaparece de la noche a la mañana por decreto. También es necesario considerar el fenómeno del mimetismo empresario-político.
En el caso de la política, otro mecanismo es la venta del voto de los legisladores a favor de los grandes intereses empresariales de todo tipo. Estados Unidos es un claro ejemplo de una venta discreta y hasta con cierto dejo de elegancia clandestina, pues se hace a través del financiamiento de las campañas de los candidatos a legisladores y la reelección consecutiva se convierte un mecanismo que abona la venta del voto de los futuros legisladores. Por último, hay quienes manifiestan que una mayor presencia femenina en el ámbito público contribuye a una menor corrupción. Esta percepción se ve rebasada por el sólido argumento de que las democracias robustas son el mejor antídoto a la corrupción, para lograrlo es necesario construir un andamiaje institucional que vigile el ejercicio del Poder.
En el caso de México, lo que salta a la vista es que no existe un diagnóstico institucional del fenómeno de la corrupción. Lo que no obsta para que se hayan tomado algunas medidas que tienden a combatirla, pero a la vez convivan con medidas que la favorecen. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción y en un año del nuevo gobierno no se conocen sus acciones y sus logros, da la impresión de ser un “elefante blanco”. La Corrupción es un fenómeno histórico, social, económico, político, cultural y no sólo nacional, sino mundial; no ayuda a enfrentarlo extinguirlo por decreto.
