Editorial
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Este lunes iniciamos la semana con la noticia de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena tenía como presidente al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, luego de que fuera elegido a mano alzada en el Congreso Nacional celebrado el pasado fin de semana, mismo que fue desconocido por Yeidckol Polevnsky, quien asegura dirigirá al partido por lo menos año y medio más. Es decir, Morena tiene dos presidentes y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que determiné si en principio el Congreso tuvo validez y, por ende, quien preside al partido.
No es un dato menor que dicho Congreso no haya contado con la participación de diversos liderazgos del partido ni con la presencia de los demás aspirantes a la dirigencia nacional. Con independencia a lo que resuelva el Tribunal, los hechos dan cuenta de una situación que lejos de ser nueva o inconsistente, se ha convertido en cotidiana y cada vez más marcada: la división en el partido que apenas supera su primer año en el gobierno.
El conflicto por el control del partido, más la mala evaluación pública de muchos alcaldes y autoridades locales morenistas, así como la falta de recursos federales para gestión de los diputados en sus distritos, hacen altamente probable que el segundo año de la llamada cuarta transformación sea muy intenso en el número de asuntos y la diversidad de los temas -mientras tienen esa mayoría en el Congreso que garantice la aprobación de las reformas constitucionales y legales dirigidas a consolidar el proyecto de nación del presidente de México-.
Algunos de los temas que se vislumbra para su discusión y aprobación son las reformas al Poder Judicial y al sistema electoral; reformas pendientes como la Ley de Amnistía, regulación de Cannabis, eliminación del fuero para servidores públicos, así como reformas de sectores específicos como lo es el financiero, que incluye cuestiones como el tope a comisiones bancarias, outsourcing y la Ley de Economía Circular. También es latente que este año se eleven a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal, los que están dirigidos principalmente a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Otros temas que se suman al voluminoso trabajo legislativo que se aproxima tienen que ver con la renovación de diversos órganos, entre los que se encuentran el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dos vacantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), una vacante en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dos posiciones en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y tres magistrados de salas especializadas en materia de combate a la corrupción (pendiente en el Senado). No es aventurado pensar que esos espacios están reservados a personas afines al presidente, a su partido y a sus aliados.
Pero si de temas estratégicos hablamos, hay dos que resultan de suma importancia. El primero es que después del primer año de gobierno, 3 de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido propuestos por AMLO y que se tiene prevista la reforma constitucional para reformar al poder judicial (con énfasis en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que podría limitar su poder frente al Ejecutivo Federal), con este panorama el máximo Tribunal Constitucional resolverá temas de trascendencia nacional, como es el caso de la llamada “Ley Bonilla”.
El segundo tema al que vale la pena darle seguimiento es a la eventual reforma electoral, que entre otras cuestiones incluye reducir el financiamiento a los partidos políticos (rechazado en el periodo ordinario pasado) y que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha expresado que la reforma en la materia es parte de la agenda estratégica para el 2020. Además, de los cambios que contemplé la reforma electoral, hay que tener en el radar que, en febrero (como una de sus facultades exclusivas), la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales para sustituir a igual número de consejeros que concluyen su encargo en abril, tampoco es apurado pensar que esos espacios serán para perfiles afines a Morena y el presidente.
Al ser la gran bandera del actual gobierno, seguramente continuará la desarticulación de la reforma energética de 2013 y el desarrollo de proyectos como la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Estos temas y los demás que sean incorporados por legisladores de Morena y sus aliados, al menos hacen suponer que el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1º de febrero y concluye el 30 de abril, viene con grandes debates, algunos que habían sido postergados, otros que han sido consensados y otros que se adelantaran ante la cercanía del 2021, año que parece lejano pero que, en materia electoral y política, está a la vuelta de la esquina.
