Por Karla Leticia Doig Alvear González, en coautoría con Luz Emmy Espinoza Núñez. 

@karladealvear

 

La Fórmula de la Igualdad: Erradicando la Violencia Política Contra las Mujeres a través de la Equidad en México Es una realidad innegable que la violencia contra las mujeres se manifiesta en todas las áreas donde estas se desenvuelven. La política, el ámbito por excelencia del poder, no es la excepción. A medida que la participación de las mujeres en dicho terreno se ha incrementado, también la violencia contra ellas ha aumentado. En las últimas décadas se han reportado alrededor del mundo múltiples formas de ataque e intimidación contra funcionarias públicas y candidatas poniéndolas en peligro tanto a ellas como a sus familiares y simpatizantes. Pareciera que la violencia es el precio que forzosamente las mujeres tienen que pagar por participar en el ámbito público.

En este sentido es evidente que la reacción a los espacios de participación política ganados por las mujeres está representando actualmente un obstáculo, no sólo para su servicio a la comunidad, sino también incluso para su vida. Asimismo, tales actos representan una amenaza severa en contra de la democracia, ya que limitan la participación de las mujeres en la vida pública, desanimándolas e impidiéndoles que ejerzan sus derechos políticos, como lo son: votar, ser candidatas, ser simpatizantes de partidos, y fungir en el ámbito público, entre otros.

Pero, ¿Qué es exactamente la violencia política contra la mujer? Para poder comprender la magnitud de este problema es necesario antes que todo entender que se trata de un tipo de violencia de género, concepto que surgió en los años 90’s para evidenciar las causas estructurales de ésta en la posición inferior de la mujer respecto al hombre y reconocer que no se basa en cuestiones biológicas, sino de género.

Actualmente, se entiende que el concepto de género implica “que lo femenino y lo masculino no está determinado por un hecho biológico (el sexo), sino que es una construcción sociocultural que implica varias dimensiones como la física, psíquica, social, política, cultural, económica, entre otras”. (Romero, 2015, p. 26). Es necesario comprender que no nos encontramos frente a una forma de violencia individual ejercida dentro del marco de la pareja o de la familia por el hombre que posee una mayor fuerza física sobre la mujer, sino que es resultado de la desigualdad estructural en la cual se basa el sistema sociocultural en el que ambos, hombres y mujeres, nos desarrollamos, naturalizando el machismo como el pan de cada día.

En el caso específico que ahora nos concierne, la violencia política contra las mujeres, ésta ha sido definida en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableciendo que:

  • Comprende todas aquellas acciones y omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
  • La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Siendo la política uno de los términos más amplios, controvertidos y abiertos a interpretaciones en la historia de la humanidad, a pesar de su empleo cotidiano por ciudadanos, instituciones y medios de comunicación, existe una falta de conciliación entre las interpretaciones del concepto, por lo que se utiliza, en general, sin comprender del todo los alcances de éste. Por lo tanto, consideramos adecuado señalar que la definición antes mencionada de “Violencia política contra las mujeres” es insuficiente, pues abarca sólo de manera parcial las muy variadas formas que puede tomar este fenómeno en nuestra sociedad.

Norberto Bobbio, llamado por muchos el como “el filósofo de la democracia en el mundo contemporáneo”, concibe la política como “un instrumento necesario para la realización de cualquier forma de convivencia civil”. (La duda y la elección: intelectuales y poder en la sociedad contemporánea, 1993, p. 59). Asimismo, en su Diccionario de Política (1991) señala que “significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, público, y también sociable y social”. (p. 1215)

Partiendo de esta concepción ampliamente incluyente de política, es entonces posible considerar, dados sus derechos como ciudadana protegidos por el Estado, a cualquier mujer como un potencial agente participante en las decisiones políticas del país, ya sea como miembro de la sociedad, como votante, como candidata, o como ejercitante de un cargo público.

La Unión Inter-Parlamentaria, de la cual México junto con otros 177 países es miembro, publicó en 1997 la Declaración Universal sobre Democracia, en respuesta a la Agenda para la Democratización presentada en 1996 por la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la cual exhortan a Gobiernos y Parlamentos de todo el mundo a guiarse por su contenido, y que en su parte toral establece que: Como ideal, la democracia tiene como objetivo esencial preservar y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, lograr la justicia social, fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad, fortalecer la cohesión de la sociedad y mejorar la tranquilidad nacional, así como crear un clima favorable para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es la mejor manera de lograr estos objetivos; también es el único sistema político que tiene la capacidad de autocorrección.

En esta misma vena señala que: “El logro de la democracia presupone una asociación genuina entre hombres y mujeres en la dirección de los asuntos de la sociedad en la que trabajan en igualdad y complementariedad, suscitando el enriquecimiento mutuo de sus diferencias.”

En el terreno político, la violencia contra las mujeres busca impedir su participación en la vida pública única y exclusivamente por su condición de ser mujeres. En una democracia, esta situación juega un papel crucial en el desarrollo y preservación de una cultura. Retomando la popular frase “lo personal es político” y considerando que lo político incluye, más no se limita a, todo lo señalado anteriormente, cualquier representación social que perpetúe los estereotipos de género puede y debe ser considerada violencia política de tipo simbólica contra las mujeres.

Múltiples autores y enfoques de investigación han intentado a lo largo de la historia dar una explicación acerca de qué razones dan lugar a que en una sociedad exista la violencia contra las mujeres, una de ellas es la llamada la Teoría ecológica, la cual establece lo siguiente:

Según el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1987) aplicado a la violencia de género, existen tres contextos: el macrosistema, donde se encuentran los sistemas de creencias culturales machistas que sustentan la desigualdad; el exosistema, que incluye las instituciones intermedias que median entre la cultura y el individuo, como sería la escuela, la iglesia o los organismos judiciales, y que transmiten una serie de valores autoritarios y sexistas; y el microsistema, que son aquellas variables más cercanas a la persona, como los roles, los aspectos biográficos del individuo y de la familia, así como las características cognitivas, afectivas conductuales e interaccionales. La violencia, por lo tanto, estará constituida en gran parte por pautas culturales mediatizadas por las instituciones y la familia que, a la vez, han moldeado estas características cognitivas a lo largo del desarrollo de la persona. (Romero, 2015, p. 36)

Durante siglos el mundo se ha movido desde y hacia una postura androcéntrica, anteponiendo las cualidades consideradas propias del género masculino por encima de aquellas consideradas propias del género femenino. En el ámbito de la política a nivel internacional, los puestos de liderazgo a lo largo de la historia han sido considerados y reservados exclusivamente para hombres. Como señalamos anteriormente, dicha situación ha comenzado a transformarse durante las últimas décadas, habiendo actualmente 19 países o territorios con mujeres como presidentas o primeras ministras. (El Comercio, 2018)

En el caso de México, como en muchos otros países, no es de extrañarse que desde 1824 hasta hoy, 66 hombres hayan ejercido el poder como presidentes de la República, mientras que ninguna mujer ha llegado a ocupar dicha posición.

Retomando la Teoría ecológica de Bronfenbrenner, dentro del exosistema se encuentra el Estado como institución democrática capaz de imponer a los ciudadanos la autoridad de la ley. Éste constituye entonces un puente mediador entre el sistema sociocultural y político y el individuo, entre el macrosistema que transmite y mantiene estereotipos de género machistas perpetuando la desigualdad, y el microsistema, o lo que es lo mismo, las variables y circunstancias específicas de la vida de cada individuo.

Como lo expresa Nicos Poulantzas: “Todos los aspectos de la vida humana están sometidos a la intervención del Estado, que reserva el derecho de ofrecer juicios finales, tanto de valoración como juicios prácticos, en todas las diversas áreas de la expresión humana. Ningún aspecto de la conducta queda libre de la definición final y control por parte del Estado” (1990, p. 58)

De esta manera, siendo el medio a través del cual se comunican el sistema en general y el individuo en particular, en el caso específico de la violencia política contra las mujeres, el Estado tiene la capacidad, tanto de regular la conducta de este último como de impulsar cambios importantes en el primero. Por lo tanto, tiene también la responsabilidad no sólo de tipificar y sancionar dicho problema, sino también de actuar como el más importante e influyente agente de cambio social mediante la implementación de políticas públicas de acción afirmativa dirigidas a transformar los estereotipos de género sobre los que se sustenta la desigualdad, logrando de esta manera una verdadera democracia 50/50.

Las últimas elecciones del 1 de Julio del presente año representan “una esperanza hacia la construcción de la democracia paritaria y hacia el impulso de políticas públicas que pongan en práctica la igualdad sustantiva” (Freidenberg., 2018), pues por primera vez en la historia de México hubo tantas mujeres como hombres compitiendo por los cargos públicos de elección popular y logrando acceder a ellos.

Indudablemente México ha dado un paso decisivo en la construcción de una democracia paritaria y equitativa. Sin embargo, solo una de las 16 coordinaciones de bancadas políticas representadas en el Congreso de la Unión será para una mujer. “Esto a pesar de que 241 de los 500 nuevos integrantes de la Cámara de Diputados son mujeres (48%), mientras que en el Senado 63 de los 128 integrantes serán de este sector (49%)”. (Nación 321, 2018).

De nada sirve la paridad en el Congreso cuando prácticamente todos los grupos parlamentarios y las mesas directivas serán liderados por hombres. Es necesario ahora distinguir entre la igualdad formal y la igualdad real, pues no basta con tener la primera, hay que llevar a cabo acciones concretas para alcanzar la segunda.

Aun cuando en el área legislativa se ha avanzado enormemente en cuestión de igualdad de género, siendo una sociedad machista por costumbre y por tradición aún estamos bastante lejos de alcanzar la igualdad en la práctica diaria. Teniendo en cuenta que la supremacía del hombre sobre la mujer se encuentra establecida en la estructura misma de nuestra sociedad, resulta sencillo comprender las razones por las cuales una gran parte de la violencia que sufren las mujeres, incluyendo la política, queda invisibilizada para todos, incluso para aquellas que la padecen.

Sin una igualdad real, obtenida por medio de la equidad de género, no puede existir un verdadero poder del pueblo. En palabras de Benito Juárez: “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible”, así, no puede haber democracia si la facultad, el derecho y la responsabilidad de las ciudadanas de hacer, o bien, de no hacer se encuentran violentadas. De esta manera, la violencia política contra las mujeres les afecta principalmente a ellas como grupo social pues limita y obstaculiza su participación en la vida pública del país, y en consecuencia afecta también a la sociedad mexicana como conjunto.

Ante esto es importante preguntarnos: ¿Qué sucede con una sociedad en la que poco más de la mitad de sus ciudadanos son mujeres, y sin embargo ha sido desde su creación y continúa siendo en la actualidad dirigida exclusivamente por hombres?

Para comprender mejor la magnitud del problema, podría resultar útil hacer una comparación alegórica considerando a una sociedad determinada como un organismo humano, para el cual sus dos pilares fundamentales, las bases sobre las cuales se sostiene, son sus piernas. ¿Cómo sería el caminar de una persona que mantiene su rodilla izquierda flexionada y su derecha extendida? Evidentemente caminaría con muchas dificultades, dando tumbos, tropezando y, sobre todo, haciéndose daño, y aún más importante, esta condición sería un obstáculo para su crecimiento integral, pues difícilmente se puede crecer en tal desequilibrio. Pues bien, esa pierna flexionada representa a las mujeres, mientras que la pierna extendida representa a los hombres que conforman dicha sociedad.

De esta manera es sencillo comprender que el sistema de género es parte constituyente de la violencia estructural que durante siglos ha favorecido a los hombres manteniendo a las mujeres en situación de desventaja, resultando así en una desigualdad impuesta, o lo que es lo mismo, en una sociedad que se encuentra actualmente apoyada sobre un solo pie. La igualdad entre hombres y mujeres es una condición imprescindible para que las economías sean más estables y resistentes y las sociedades prosperen de manera pacífica.

México tiene una población estimada de 119,938,473 habitantes, de los cuales 61,474,620 son mujeres (Encuesta Intercensal, 2015), al representar las mujeres y niñas el 51.4% -más de la mitadde la población del país, y por lo tanto también de su potencial, el mantener a las mujeres en situación de desventaja provoca el estancamiento del progreso social y por lo tanto económico.

Diversos estudios muestran que, si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el PIB mundial podría aumentar un 26%, o el equivalente a 12 billones de dólares para el año 2025, tal y como lo señaló el Secretario General de la ONU, Antonio Manuel de Oliveira Guterres durante un evento en el 2017. Por lo tanto, el empoderamiento de las mujeres y niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social del país.

Parafraseando a Esther Duflo, hay una relación reciproca e íntima entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo económico. En muchos sentidos, el desarrollo por sí mismo puede desempeñar un papel fundamental en la disminución de la desigualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, la discriminación de género reiterada contra las mujeres puede, como Amartya Sen ha argumentado energéticamente, obstaculizar este necesario desarrollo.

  • Es necesario entonces para lograr el equilibrio y favorecer así el pleno desarrollo social y económico, implementar políticas públicas de acción positiva para las mujeres, comenzando desde muy temprana edad, garantizando así el bienestar completo de la totalidad de la población y en consecuencia el crecimiento, progreso y competitividad de nuestra nación en el mundo. La incorporación de la perspectiva de género. (Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las mujeres, México, 2013, p. 2.)

Las obligaciones del Estado mexicano frente a la violencia política son claras. La CEDAW (1979) y la Convención de Belem do Pará (1994) establecen, en términos generales, las siguientes obligaciones para el Estado mexicano:

  • Asegurar la realización práctica del principio de igualdad entre hombres y mujeres.
  • Tomar en todas las esferas, especialmente en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.
  • Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes, para prohibir todo tipo de discriminación contra las mujeres, así como para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación.
  • Adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
  • Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a contrarrestar y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
  • Concretamente las mujeres tienen derecho a un acceso igual en las funciones públicas de su país y participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Para ello los Estados deberán de tomar las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas” (CEDAW art 7, inciso a). Asimismo, una de las principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Comité de la CEDAW derivadas del Noveno Informe Periódico de México, 2018 es:

  • La participación de las mujeres en la Vida Política y Pública: El Comité de la CEDAW ha recomendado a México, eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades. Por ello, la CNDH considera necesario ampliar y mejorar el marco normativo relacionado con la paridad vertical y horizontal, que atienda los procedimientos electorales a nivel municipal. México requiere una recomendación fuerte para la prevención, atención y erradicación de violencia política por razones de género, puesto que no existe una ley en la materia. La reacción a los espacios de participación ganados por las mujeres en las leyes, está representando un riesgo no sólo para su participación política, sino para su vida.

Actualmente nos encontramos entonces ante la necesidad de tipificar y conceptualizar lo que es la “Violencia política contra la mujer”, puesto que no se puede atacar un determinado problema sin antes tener una claridad respecto al mismo, asimismo un Estado de Derecho que intervenga con sanciones establecidas, así, las leyes son el sustento y las políticas públicas con perspectiva de género son el medio de acción.

Actualmente, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, mostraron que, en México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y que el 43.9% de ellas, han sido agredidas por su esposo, pareja o novio. La desigualdad de género y por ende la discriminación y la violencia de todos los tipos contra las mujeres continúa siendo parte estructural de nuestra sociedad.

Como lo menciona David Huertas en su libro “Violencia, la gran amenaza”, a lo largo de las últimas décadas en las sociedades desarrolladas ha ido cambiando el rol asignado a cada género. Se tiende cada vez más a un funcionamiento equitativo, con un reparto simétrico del poder y de las cargas familiares y laborales. Probablemente estos cambios han influido en el aumento de los casos de violencia de género, ya que muchos hombres al ver mermada la situación de privilegio que les otorgaba el modelo cultural tradicional, recurren a la violencia en un intento de mantenerla. (2007, p. 15)

Asimismo, como lo expresa el Secretario General de la OEA: “La desigualdad y la baja representación política de las mujeres en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como en la dirección de los partidos políticos, son un indicador crítico de los déficits de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho”.

Hasta ahora, se ha buscado la igualdad de género partiendo de la idea de que todos somos iguales en todos los aspectos: políticos, económicos, sociales, educativos, y por ende tenemos los mismos derechos. Sin embargo, es de común conocimiento que los seres humanos somos antropomórficamente distintos según el sexo, razón por la cual mujeres y hombres diferimos en determinadas capacidades y necesidades físicas. Asimismo, diversas investigaciones en neurociencias han demostrado que algunas funciones cerebrales son sustancialmente distintas en ambos sexos desde la infancia, distinciones que a lo largo de la historia se han traducido equivocadamente como jerarquización de un sexo sobre el otro en lugar de la evidente y necesaria complementariedad entre ambos, generando en consecuencia la desigualdad de género. Ante esta situación surge la pregunta: ¿Cómo lograr la igualdad entre mujeres y hombres cuando realmente no somos iguales?

Como mujeres, tenemos claro que no somos iguales a los hombres, pero en tanto seres humanas que somos, nuestra vida y nuestras posibilidades de desarrollo dependen en gran medida de la protección a nuestros derechos e integridad personal, de igual manera que la vida y el desarrollo de los hombres, y dichos derechos deben ser iguales respetando las diferencias.

Resulta menester entonces, comprender que el único medio para alcanzar la igualdad de género en nuestra sociedad, es la equidad. Ésta ha sido definida por la UNESCO como: “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades”. Un objetivo de equidad de género que apunta hacia el desarrollo del país requiere incorporar medidas de acción positiva encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.

Dichas desventajas se mantienen y perpetúan en el contexto social principalmente a través de los estereotipos de género difundidos por los medios de comunicación masiva. Día con día se transmiten innumerables imágenes híper sexualizadas de cantantes, actrices y modelos a través de diversos medios de comunicación, así mismo, se hace uso indiscriminado del cuerpo de la mujer como objeto en anuncios publicitarios. Existiendo en el mundo importantes líderes femeninas, mujeres políticas, presidentes, directoras de grandes empresas, científicas, escritoras, etc., no las vemos debidamente representadas en los medios de comunicación. ¿Cómo se traduce esto en términos de impacto social?

Cuando la sociedad principalmente a través de los medios de comunicación, así como también a través de diversas prácticas culturales, envía el mensaje de que las mujeres son objetos y que ese es su ser primario, está enviando un mensaje muy duro para las niñas y mujeres hoy en día, mensaje que se traducirá tanto en consecuencias negativas en la construcción de su identidad personal, como en menor presencia social y eficacia política. Como señala Marian Wright Edelman, fundadora y presidenta del Fondo de Defensa Infantil estadounidense: “No puedes ser lo que no puedes ver”.

En términos de liderazgo femenino, estas imágenes estereotipadas, híper sexualizantes, y degradantes del género femenino mostradas a diario en los medios de comunicación visual, limitan el acceso de las mujeres a los recursos y a la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, ya que obstaculizan el que la sociedad las perciba como capaces y legítimas para ocupar un espacio en la toma de decisiones, y suscitan todos los tipos de violencia contra ellas, pues mantienen un clima cultural en que la mujer es vista como un objeto, y convertir a un ser humano en un objeto, es casi siempre el primer paso para justificar la violencia en contra de esa persona. A este paso las mujeres no lograremos encontrar equidad en 500 años.

Para efectos de comprender con mayor claridad la manera en la que opera la invisibilidad y naturalización de la violencia contra las mujeres, llegando así a establecerse como parte estructurante de la sociedad, haremos uso de un modelo de autoría propia, basado en la “Pirámide de la Violencia” de Romero (2015, p. 41). En él plasmamos a grandes rasgos los principales tipos de violencia de género, considerando que aquellos situamos en la base, van generando, secuencialmente aquellos tipos que situamos en los escalones de arriba.

En la base de la pirámide, encontramos entonces lo que en el Modelo de Brongenbrenner representa el macrosistema: las representaciones sociales y estereotipos de género que son parte integral de la violencia estructural y son perpetuadas principalmente a través de los medios de comunicación, de esta manera no son percibidas como violencia, pues debido a su cotidianidad se naturalizan e invisibilizan. En progresión ascendente, en el segundo escalón encontramos que, debido a esta percepción de la mujer como un objeto resultado del constante bombardeo señalado anteriormente, surge la violencia de género principalmente del tipo psicológica, incluyendo discriminación laboral, acoso sexual, humillaciones, etc., con un nivel medio de visibilidad. En el tercer escalón, más visibles y evidentes, y por lo tanto consensualmente reconocidas como violencia, encontramos la violencia física y violaciones y/o agresiones sexuales. Y por último en la punta de la pirámide encontramos la violencia política y el feminicidio. Es importante recalcar en este punto que, al situarlas en el mismo escalón, no queremos decir que ambas tengan el mismo nivel de importancia, sino que son, a nuestro parecer, las más visibles y peligrosas en cuanto al riesgo que representan para las mujeres como grupo social.

Siendo el Estado el responsable de regular la conducta de los individuos, permitiendo, tolerando, o lo que es lo mismo, no sancionando adecuadamente la violencia política contra las mujeres está, por así decirlo, “poniendo el ejemplo” de lo que está permitido. Puesto que, en ambos extremos de la pirámide, tanto en la representación que se hace de la mujer en los medios de comunicación, como en el ámbito de la política, se percibe como “permitido” violentar a la mujer, eso entonces da pie a que en los demás ámbitos públicos y privados se dé de igual manera la violencia de género.

Llegados a este punto, hemos establecido la importancia de hacer consciencia como sociedad de las diversas formas que puede tomar la violencia política contra las mujeres, así como de las consecuencias que esta conlleva. Entonces ¿Qué podemos hacer al respecto como país?

Antes que todo, es indispensable partir de la noción de que la violencia política contra las mujeres, se trata de un tipo de violencia de género, un problema estructural, enormemente complejo, en el que intervienen múltiples factores políticos, sociales, culturales, económicos y personales, y en el cual las causas del mismo se confunden con los factores que lo mantienen, así como con los efectos que produce, los cuales a su vez actúan como causas y factores de mantenimiento.

Asimismo, es necesario comprender que nos encontramos en una sociedad que mantiene un sistema de relaciones de género que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las mujeres de una generación a otra, y asigna diferentes atributos, roles y espacios en función al género. Dicha socialización basada en roles jerarquizados es el núcleo de la desigualdad sexista que sustenta la violencia contra las mujeres, siendo la política una de las tantas manifestaciones de esta.

Por lo tanto, consideramos importante que toda política pública encaminada a erradicar la violencia política contra las mujeres, debe de ser planteada desde una perspectiva que abarque e integre distintos enfoques como son el jurídico, el psicológico, el sociológico, el educativo, el económico, el de salud, etc. No limitarnos a criminalizar y sancionar los hechos después de que suceden, sino enfocándonos en una prevención aplicable a la realidad que se vive actualmente en el país.

En primer lugar, se requiere de un conocimiento profundo sobre las formas que adquiere la desigualdad de género en México. Para ello es necesario disponer de información tanto cuantitativa, como cualitativa al respecto. Por lo tanto, es necesario apoyar e impulsar tanto la investigación como la educación y la capacitación en estudios de género.

De igual forma, es indispensable la creación de nuevas leyes, y la reforma de algunas de las vigentes actualmente, que garanticen la igualdad, la no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres en ámbitos específicos, así como la modernización y el fortalecimiento de estructuras gubernamentales que implementen dichas reformas legislativas, para asegurar que no sólo quede en resoluciones, sino que realmente se apliquen soluciones.

Es sumamente importante también la creación de planes de equidad, programas y acciones afirmativas encaminadas a transformar los estereotipos de género en la realidad cotidiana, aplicados al interior de instituciones tanto públicas como privadas. Así como impulsar el talento femenino y el acceso de las mujeres a más puestos de responsabilidad mediante becas, apoyos y prestaciones laborales.

Uno de los más grandes dilemas en el mundo para que las mujeres puedan incorporarse de manera plena en los distintos ámbitos de la vida pública (como el laboral, el económico y el político) son los hijos e hijas. Por lo que, siguiendo los pasos de los países más desarrollados y con menor brecha de género, es necesario desarrollar, y reformar, leyes y prestaciones muy avanzadas para ello, como son aquellas relacionadas con los periodos de permiso por maternidad y paternidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por mencionar algunos.

De igual modo es apremiante hacer un plan real y efectivo para la erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres, tanto en el sector público como en el privado, así como también fomentar la contratación de mujeres jóvenes, madres solteras y mujeres mayores de 45 años, que representan el sector más pobre de la población.

Por último, cabe destacar, que no será posible erradicar la violencia política contra las mujeres, si el Estado no opta por la creación y reforma de leyes que erradiquen las condiciones desfavorables que impiden a las mujeres desarrollarse plenamente, evitando el que la mujer se vea forzada a realizar enormes sacrificios de todo tipo para poder participar en la vida pública y que en última instancia terminan por dañar a la familia y en consecuencia a la sociedad. Si no contamos con las medidas necesarias de equidad no podremos alcanzar una autentica igualdad de derechos, de oportunidades, y de responsabilidades entre ambos sexos, con lo cual estaríamos frenando el desarrollo social y económico del país.

Para lograr una auténtica democracia, tanto hombres como mujeres debemos impulsar de manera conjunta una agenda en igualdad, que nos beneficiará a todos como sociedad y para ello es imprescindible cambiar la percepción que tenemos de ambos sexos como oponentes, por una de complementariedad y colaboración.

Si existe un momento preciso para poder lograr tan importante transformación, es este. Debido a que las pasadas elecciones marcaron un parteaguas en la historia de México, con una paridad nunca antes alcanzada en las cámaras de senadores y diputados, prácticamente sólo se requiere de voluntad y de acción política para la reconstrucción y el replanteamiento de un nuevo paradigma orientado hacia la equidad como medio para alcanzar la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer.

En palabras de Daniel Innerarity, “la política no puede seguir siendo lo que afirmaba Groucho Marx, el arte de hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Una nueva ilustración política debería comenzar desmontando los malos análisis, desenmascarando a quienes prometen lo que no pueden proporcionar, protegiéndonos tanto de los que no saben nada como de quienes tienen todo claro. Nunca fue más liberador el conocimiento, la reflexión, la orientación y el criterio”. (2018, p. II)


* Este ensayo fue realizado en coautoría con Luz Emmy Espinoza Núñez y estuvo considerado al Premio Lujambio 2018, titulado originalmente: “La fórmula de la igualdad: Erradicando la Violencia Política Contra las Mujeres.”

 

Karla Leticia Doig Alvear González

Karla Leticia Doig Alvear González

Karla Leticia Doig Alvear González, nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 9 de enero de 1989. Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, durante su formación universitaria destacó en debates políticos al argumentar en contra de la Eutanasia y el Aborto; además de ser parte del Comité Estudiantil, entre otras actividades. De manera simultánea, estudió la carrera de Nutrición. Al terminar sus estudios de licenciatura, emigró a la Ciudad de México, con la finalidad de encontrar mejores oportunidades laborales. Se ha desarrollado en la Administración Pública Federal, específicamente en la Secretaría de la Función Pública, después en la Secretaría del Bienestar, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en ese lapso estudió la maestría en políticas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha interesado en los temas de género, por lo que comenzó a escribir sobre la indignación que le produce la desigualdad que hay entre ambos géneros. Asimismo, se ha especializado en feminismo y le gusta participar en cualquier tema que empodere a la mujer de hoy en día, para ser lo que realmente es y no lo que los estereotipos de género dicten, si no en que prevalezca su identidad y esencia misma. Actualmente trabaja en la Secretaría de Gobernación, en el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, a la cual ingresó en septiembre de 2019 en temas de presupuesto de la misma dependencia.