Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
El INEGI define la corrupción como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”. Tal definición se complementa con la clasificación de cómo se presenta: en gran o pequeña escala. La corrupción en gran escala es difícilmente cuantificable por los mecanismos sofisticados y la secrecía con la que se realiza. Es hasta que sale a la luz alguna acción de este tipo que se puede tener un cálculo particular de la dimensión del hecho delictivo. En cambio, de la corrupción a menor escala, que es la sufrida por la población de manera cotidiana, sí es posible tener una aproximación a su magnitud por la utilización de instrumentos demoscópicos.
En esa ruta analítica se encuentra la información difundida por el INEGI a fines del año pasado. De la población de 18 años y más, el 56.7% considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside. En primer lugar, se encuentra la inseguridad y la delincuencia.
Por otro lado, el 83% de la población pensaba en 2011 que la corrupción era un acto frecuente en su entidad federativa, para 2017 se incrementó al 91.1%. “Durante 2017, 14.6% de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de México la de mayor porcentaje de víctimas con 20.1%, seguida de Quintana Roo con 17.6% y Morelos con 17.2%. Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima fueron las entidades con las menores prevalencias de corrupción. Además, en 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo estimado en 2015 y 2013.”
Los mayores espacios de corrupción a pequeña escala son a nivel nacional: el contacto con autoridades de seguridad pública, que alcanza el 59.5% de las personas; permisos relacionados con la propiedad 30.7%; trámites ante el Ministerio Público, el 25.1% de las que realizaron gestiones; trámites municipales, 18.6% y; tramites en juzgados o tribunales 18.4; trámites para abrir una empresa 17.
El promedio nacional del incremento de la población víctima de algún delito de corrupción en los trámites mencionados, de 2015 a 2017, fue del 2 %. Aunque se produjo una reducción en la prevalencia de corrupción en los trámites en juzgados o tribunales de justicia. El caso de las entidades federativas es disímil, en doce estados disminuyó el porcentaje de la población afectada de -0.4 en Baja California, hasta -4.2 en Sinaloa. En cambio, en las otras veinte entidades el incremento de los actos de corrupción va del 0.2% en Coahuila hasta el 7.4 en Chiapas. Las otras tres entidades que ocupan los primeros lugares son Aguascalientes, con 6.3%; San Luis Potosí 5.8 y Nuevo León y Quintana Roo, con 5.8.
Sin duda alguna un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia. Sin embargo, “en 2017, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito. Hay variaciones entre entidades: Quintana Roo, Colima y Michoacán son las entidades con las mayores tasas de denuncia, con 38.7%, 30.4% y 26.8% de víctimas que dieron cuenta a las autoridades, respectivamente…”
En el otro extremo los estados con el más alto porcentaje de ciudadanos que no presentan denuncia están Baja California, con el 97.8%; Tabasco, 96.2; Jalisco, 93.7; Chiapas, 92.2; Nayarit, 91.8; Durango, 91.7; Baja California Sur, 91.5; Chihuahua, 90.05, y Veracruz, 90.4.
Las principales causas para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso. Del total de la población de 18 años o más que fueron objeto de un acto de corrupción, el 26.4% considera que es inútil denunciar porque no le darían seguimiento, el 20.6 porque es una pérdida de tiempo y el 5.7, teme represalias. Estos tres segmentos representan el 57.7% de la población afectada. A todas luces esto se debe a la baja posibilidad de tener incentivos positivos: léase castigo para los responsables.
Del otro lado de la moneda se encuentran el 15.1% que obtuvo algún beneficio y el 13.6% que consideran que la corrupción es una práctica común. Es de hacer notar, que casi tres de cada 10 víctimas de corrupción no denunciaron porque obtuvieron algún beneficio, o bien porque consideraron que la corrupción es una práctica común. Este segmento nada despreciable de la población se aproxima al 30% de los afectados por actos de corrupción que considera que la corrupción gubernamental es parte funcional de la vida cotidiana.
El costo de la corrupción tiene un componente doble derivado de la tipología de la realizada en gran escala y la efectuada en pequeña escala. En el primer caso es prácticamente imposible conocer su magnitud. En el segundo caso, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017) proporciona datos que nos aproximan a conocer el impacto en el bolsillo de los ciudadanos.
En los rubros: contacto con autoridades de seguridad pública, trámites vehiculares, trámites en Educación Pública, pago de tenencia o impuesto vehicular y trámite del registro civil, el costo de la corrupción ascendió a 7 mil 217 millones 848 mil 391 pesos, superior en 12.5% en relación con 2016. El promedio por persona afectada por un acto de corrupción en esos rubros fue de alrededor de 2 mil 273 pesos.
Derivada de esta fotografía parcial de la corrupción, podemos arribar a una conclusión preliminar: en la corrupción en menor escala están involucrados los tres niveles de gobierno, pero con una preminencia de los niveles local y municipal. Y es precisamente en esos niveles donde no son visibles, si es que existen, las políticas públicas tendientes a prevenirla, que van desde la promoción de una cultura de la denuncia, la creación o mejoramiento de los mecanismos de supervisión y sanción a los infractores, hasta las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios, de los servidores públicos.
La corrupción es una hidra de múltiples cabezas, para combatirla es del todo insuficiente la buena voluntad del gobernante en turno, es indispensable construir un andamiaje institucional que trascienda el tiempo de la gestión gubernamental, éste es el reto que hay que enfrentar.
