Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

La violencia en México tiene múltiples expresiones. Está más profunda y generalizada de lo que las visiones parciales señalan. Realizar una radiografía de ella con un alto grado de precisión enfrenta dificultades insalvables, porque los datos existentes son relativamente recientes, los tipos penales han cambiado y, en los últimos años también, la metodología se ha transformado, creo que para bien.

A pesar de lo anterior, la información disponible nos permite tener un panorama complejo y grave de la evolución de la violencia, ya no sólo como un fenómeno producto de la delincuencia, sino que se ha transformado en un serio problema social, que requiere atención de las autoridades y de la implementación de políticas públicas de las más variadas perspectivas.

La máxima expresión de la violencia es el homicidio. El año de 1990, del que parte la información histórica del INEGI, se cometieron un total de 14 mil 493 homicidios; de los cuales 12 mil 932 fueron hombres y mil 519, mujeres. En el año 2000, el total fue de 10 mil 737; hombres, 9 mil 442 y mujeres, 1,284. Para 2006 el total fue de 10 mil 452; hombres, 9 mil 143 y mujeres, mil 298. Lo evidente en estos tres lustros es la existencia de una tendencia a la baja, pero para 2006 esa tendencia tendió a estabilizarse.

Con el inicio de guerra contra el narcotráfico, el 10 de diciembre de 2006, sólo a nueve días de haber tomado posesión como presidente de la República, Felipe Calderón ordenó el despliegue de 6 mil 500 elementos del Ejército en la Tierra Caliente en lo que se denominó “Operativo conjunto Michoacán”, el escenario se transformó radicalmente, pues en el año final de su sexenio, en 2012, el total de homicidios fue de 25 mil 967; hombres, 22 mil 986 y mujeres, 2 mil 764.

Las dos alternancias en el Poder Ejecutivo federal de 2012 y 2018 no han cambiado el escenario. En 2018 el total de homicidios fue de 36 mil 685; hombres, 32 mil 765 y mujeres, 3 mil 752. Para 2019 el total fue de 34 mil 582; 913 casos más de los reportados en 2018; el año pasado se convirtió en el más violento del que se tiene registro.

Los datos por sexenio son escalofriantes de 2006 a 2012, se cometieron 102,859 homicidios y 22,112 desaparecidos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y de 2013 a 2018 la cifra alcanzó 156 mil 437 homicidios y aproximadamente 22 mil 297 desaparecidos.

Otra conducta que tiene que ver con violencia es la trata de personas. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, se identificaron 5 mil 245 víctimas de trata de personas, de las cuales 3 mil 308 son mujeres, mil 86 niñas, 492 hombres y 289 niños, es decir el 85 % de las víctimas corresponden al sexo femenino porcentaje mayor a la escala internacional.

La violencia familiar, según informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en 2015 fueron 126 mil 816 casos; para 2019 llegaron a 202 mil 889; lo que representó un incremento de 37.49 % en un lustro. Los hombres no están exentos del maltrato, de acuerdo con información periodística del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (Cariva) en 2016 atendió 1,743 casos de hombres víctimas de violencia de pareja o en el seno familiar. Además, según la asociación civil Colectivo hombres sin violencia, el 40% de los hombres sufren algún tipo de maltrato por parte de mujeres, pero sólo 4% denuncia formalmente por machismo o vergüenza.

En el ámbito familiar el maltrato infantil es un problema grave. De acuerdo a la fundación Save the Children, México ocupa el primer lugar de violencia y abuso infantil entre los países de la OCDE; 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia; cada día mueren 3 niños o niñas a causa de violencia en el país, en los últimos años 317,996 niñas fueron atendidas por violencia sexual.

Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual son abuso, acoso, u hostigamientos sexuales; violación simple o equiparada, incesto y otros. El feminicidio es un tipo penal específico. Los delitos contra la libertad sexual han evolucionado de la siguiente manera, en 2015 se presentaron 31 mil 171 y en 2019, 51 mil 312; lo cual representa un aumento del 64.61 %. Por su parte, los feminicidios en 2015 fueron 411 y en 2019, 980; el aumento fue del 138.44 %. El análisis de este tipo de delitos amerita un mayor espacio, del que por ahora no disponemos.

Ya para el mes de enero de 2020 las cifras no dejan de crear consternación: se han dado 72 casos de feminicidio, mil 779 denuncias por abuso sexual, 363 casos acoso sexual, 128 casos de hostigamiento sexual, 984 casos de violación simple y 288 de violación equiparada. En el caso de los feminicidios por municipio se concentran en 64, de 15 estados y los municipios sin feminicidios son 2,399.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) señala que 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia física, el 34%, violencia emocional; el 49%, violencia económica y el 29%, violencia sexual.

Según la Asociación Civil Impunidad Cero hay un 1.14 % de probabilidades de esclarecer un delito, desde que se denuncia hasta que hay una sentencia. Estamos hablando de 98.86 % de impunidad”. En el caso de las mujeres, según la encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe,2019), revela que, en 2018 por cada delito sexual cometido contra un hombre, se realizan 11 contra las mujeres. Existe una tasa general de delitos que no se denuncian y no se investigan de 93.2 % (Envipe 2019).

Los datos, a pesar del alto número de conductas delictivas no denunciadas, nos muestran que vivimos en una sociedad inmersa en diferentes expresiones de violencia, en la que el feminicidio es el grado extremo y tiene un crecimiento alarmante. Tal vez, es menos visible la violencia cotidiana contra los menores, pero indudablemente con profundas consecuencias sociales, que a futuro reproduce la violencia con mayor intensidad.

Ante la irritación social por la situación de violencia en contra de las mujeres las autoridades gubernamentales dan un traspié tras otro. Inician con el desdén y la frivolidad de considerar más relevante el inicio de la venta de boletos para la rifa, que no es rifa, del avión presidencial que el paro en defensa de la vida convocado por mujeres el 9 de marzo. Más tarde aparecen públicamente las funcionarias de primer nivel de gobierno sumándose a la defensa de las mujeres y apenas el viernes se propone crear una red de defensa de las mujeres en las escuelas públicas.

Es lamentable que la visión dominante es que la violencia se circunscribe al tema de la seguridad pública. No es así, el problema es multifactorial como cualquier conflicto o tensión social. Por ese motivo se requiere de diagnósticos múltiples: de seguridad, procuración e impartición de justicia, socioeconómicos, antropológicos y psicológicos. Es lo básico. Los anteriores gobiernos no los hicieron, eso no exime al actual de la responsabilidad de realizarlos.

Las políticas públicas para atender los problemas sociales se construyen desde los espacios de poder del Estado. De nueva cuenta enfrentamos respuestas casuísticas a situaciones que requieren políticas públicas de largo aliento que tiendan a resolver este problema. Es claro que, ante una sociedad demandante de eficiencia y eficacia en la gestión pública, el discurso político tiene un límite de vigencia. Se requieren acciones con rumbo. Se requiere visión de Estado.

Javier Santiago Castillo

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.