Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Las cifras de los organismos internacionales son contundentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe Perspectivas Económicas Mundiales estimó que la recesión mundial en 2020 ocasionará una contracción del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) global. La caída en las economías avanzadas será de 6.1% en promedio, con ‘descalabros’ de hasta 9.1 y 8.0 en Italia y España, respectivamente; de 7% en Alemania, y de 5.9% en Estados Unidos. China decreció el PIB en el primer trimestre del año 6.8%, a pesar de eso serán uno de los dos países que crecerá con 1.2%, el otro será la India con 1.9%.
En América Latina, el promedio de la disminución, estimado por el FMI, es del 5.2% del PIB, encabezado por la contracción de 6.6% de México (el cálculo de enero era +1%), y 5.3 de Brasil. Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe sostiene que la región sufrirá reducciones entre un 1.8% en un escenario moderado y un 5.5% en el más extremo.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pronosticó que la pandemia puede llegar a destruir hasta 195 millones de empleos en tres meses, en todo el mundo. Prevé que la región de Latinoamérica y el Caribe pierda 14 millones de puestos de trabajo, mientras que Centroamérica, 3 millones.
En México, según la Confederación de Cámaras Industriales, con el decremento del PIB podrían perderse unas 200 mil empresas industriales, acompañado de la desaparición entre 900 mil y 1 millón de empleos; otros financieros llevan el cálculo hasta un millón y medio. Por otro lado, no existe cálculo del número de negocios formales, no industriales, que desaparecerían.
La respuesta de los organismos internacionales es abrir la cartera para otorgar créditos. El FMI liberó crédito por 500 millones de dólares a 25 países para enfrentar el impacto de la pandemia y para “aliviar” de inmediato la deuda que tienen con el mismo FMI.
Por su parte, el G-20 dio el visto bueno a la suspensión del servicio de la deuda de los países más pobres hasta el final de 2020, debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus, informó este miércoles el grupo en un comunicado al término de su reunión. Así mismo, instó “a los acreedores privados, a través del Instituto Internacional de Finanzas, a participar en la iniciativa en términos comparables”.
Estos organismos internacionales están alineados a los intereses de los centros financieros acreedores del mundo, por eso impulsan el otorgamiento de créditos, para que los deudores continúen pagando. Es obvio que las economías fuertes pueden endeudarse en mayor proporción que las economías débiles, pues tienen mejores condiciones para resistir los vendavales como la pandemia de coronavirus.
Aun así, no deja de ser una situación que coyunturalmente les crea dificultades en su manejo. Veamos algunas cifras, según la OCDE, en 2018 la carga de la deuda era aplastante para Japón (el 240% del PIB), Italia (el 147%), Estados Unidos (el 136%), Francia (el 122%), Gran Bretaña (el 117%) y España (el 115%), por citar sólo algunos países. La excepciones es Suiza cuya deuda pública (en confederación, cantones y municipios) representa únicamente el 27% del PIB.
El FMI estima que la deuda pública global aumente más de 13 puntos porcentuales en este año, equivalente a 96.4% del PIB. Su pronóstico sobre la deuda pública de México es que llegará al 61.4% del PIB durante este año, ocho puntos más comparado con el 53.4 por ciento en 2019 y menor al promedio de endeudamiento de América Latina, que es de 78% del PIB.
Los miembros del G-20, responsables del 85% de la producción económica mundial, han declarado que, con el objetivo de minimizar el daño económico y social de la pandemia, estimular el crecimiento y mantener la estabilidad de los mercados, van a destinar 5 billones de dólares.
Por su parte, los gobiernos han tomado medidas para contrarrestar los efectos de la caída económica, múltiples y diversas, para las empresas y trabajadores: reducción de las tasas de interés, diferimiento en el pago de impuestos y de la seguridad social, créditos blandos, financiamiento por la reducción de horas de trabajo, seguro al desempleo, prórroga en el pago de hipotecas, exoneración de pagos a la seguridad social, entrega de bonos para el pago de cuidado de los hijos, etc.
Para comparar respuestas de los diferentes países es necesario considerar las condiciones económicas, las características de las políticas públicas y, sobre todo, las condiciones de vida de la población, de donde se derivan las fortalezas o debilidades para enfrentar crisis económicas. Por eso, es del todo irreal comparar las medidas tomadas por los países con economías sólidas con México. Más allá de coincidencias y discrepancias con las acciones gubernamentales o las propuestas empresariales para atenuar los efectos de la crisis económica, existe un problema esencial: los recursos del Estado no son suficientes, siquiera, para atender a los más pobres.
En cómo obtener esos recursos las posiciones se polarizan, el Gobierno pretende obtenerlos con mayor austeridad, en el otro extremo están los partidarios del endeudamiento. “La sabiduría popular, diría Perogrullo; es muy sabia”: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre”. Ante una situación inédita y grave, como la pandemia y sus consecuencias económicas, sociales, de salud y políticas ambos extremos deben dejar a un lado sus fundamentalismos y buscar acercar posturas que tengan el fin de aliviar las condiciones de vida de la población y reactivar la economía.
El problema de fondo es de dónde pueden venir los recursos financieros para enfrentar la crisis de salud y económica del país. Ni los ahorros internos, ni el endeudamiento lo resolverán. Se presenta una coyuntura para plantear cambios sustanciales al sistema financiero mundial, que ha medrado, en buena medida de los países “subdesarrollados” o del “tercer mundo”.
El gobierno argentino presentó una tímida propuesta a los acreedores privados de tres años de gracia (no se pagaría nada hasta 2023), reducción de intereses (se pagaría el 2.3% como promedio, cuando la mayoría de las emisiones de bonos tienen un rendimiento anual cercano al 10%, lo que supondría una quita de 37,900 millones de dólares).
En su informe, el BID sostiene que los bancos centrales de América Latina y el Caribe deberían adoptar medidas “no convencionales”, para evitar las consecuencias permanentes del shock resultante del coronavirus en la región. También es necesario incluir a los gobiernos en la toma de esas medidas “no convencionales”.
Existen condiciones para renegociar las deudas interna y externa. En el primer caso, vale la pena recordar el análisis de Bernardo Batiz (Jornada 13/IV/2020) sobre la inconstitucionalidad de la creación del Fobaproa, ahora IPAB, y propone renegociar esa deuda. Se puede analizar la renegociación del total de la deuda interna. En el caso de la deuda externa, México puede ir más allá de la propuesta argentina y plantear: reducir el capital de la deuda en un 50%, disminuir los intereses a un 2%, moratoria o ampliación del plazo para el pago de la deuda. Para que cualquier sugerencia prospere es necesario sumar la voluntad de más naciones.
Modificar las reglas del endeudamiento externo de los países periféricos proporcionaría de inmediato recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas. Además, sería un cambio sustantivo en el modelo de acumulación de capital global. Es momento de mirar al mundo con decisiones “no convencionales” y visión de futuro. Es espacio para la audacia y la iniciativa política. No es tiempo para los timoratos.
