Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

La crisis económica global ya está entre nosotros. Obviamente el golpe para los países periféricos, como México, será grave. El día de hoy, para nuestro país, los pronósticos de disminución del PIB rondan entre el 7 y 10 por ciento. Este dato genérico encierra consecuencias sociales que postrará aún más a los sectores sociales vulnerables; representa desempleo, bajos salarios, mayor pobreza y hambre.

Pretender suavizar la realidad discursivamente no contribuye a enfrentar con eficacia el deterioro económico y social del país. Las posiciones de cómo obtener y utilizar los recursos están polarizadas. Por un lado, grupos de empresarios y de intelectuales pugnan por adquirir créditos para apoyar a la planta productiva; por el otro la posición gubernamental de no endeudarse y obtener recursos implementando una mayor austeridad gubernamental, disminuyendo salarios y la operación gubernamental.

La élite económica y la élite en el poder político se atrincheran en sus posiciones ideológicas y dejan a un lado sus dones pragmáticos que los han colocado en el lugar que ocupan en la pirámide social y serían muy útiles para enfrentar la problemática del país. Ven contradictorios sus planteamientos, por un lado, el primero los pobres se convierte en solo los pobres; por el otro, piden condiciones de financiamiento, sea directamente o por la vía fiscal por parte del Estado. Tal pareciera que cada quien se encierra en el cuarto obscuro de su propia realidad y nada más allá existe

No es sorprendente, pero es de llamar la atención como los defensores más intransigentes de la libertad absoluta del mercado piden, demandan, exigen acciones del Estado. Dentro de toda la oleada de adversidad producto de la pandemia de COVID-19, tal vez obtengamos algo positivo que es la creación de una conciencia colectiva de la necesidad de tener un Estado fuerte y responsable.

El primer paso para tener un Estado fuerte es que sea viable fiscalmente. Históricamente el estado mexicano ha sido débil financieramente. Es de reconocer las medidas tomadas para terminar con privilegios fiscales, ataviadas del ropaje de la legalidad, que profundizaban las desigualdades sociales. Pero también es necesario reconocer su insuficiencia. Entonces el punto nodal es la obtención de recursos financieros indispensables para atender a los más desprotegidos y reactivar la economía. En este punto es en el que tirios y troyanos coinciden: hacen falta recursos financieros, pero discrepan en el cómo obtenerlos y luego como utilizarlos.

A lo largo de nuestra historia la deuda pública ha sido como una maldición, sin que su manejo haya sido ajeno a manejos turbios; guardamos infaustos recuerdos de las crisis ocasionadas por la administración de la deuda pública: 1976, 1982, 1995. Hoy ante la adversidad en la salud pública y la economía, la deuda pública puede convertirse en un factor favorable para la obtención de recursos. Veamos primero los datos macro. Según el Centro de las finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), a enero de 2020, la deuda pública total, interna y externa, en pesos era de 11 billones 620 mil pesos. La deuda interna ascendía a 7 billones 630 mil millones de pesos y la externa a 213 mil 306 millones de dólares.

La deuda pública interna se compone de 6 rubros, cuatro de ellos intocables: Obligaciones por Ley del ISSSTE, Bonos de pensión de PEMEX, Bonos de pensión de CFE y Fondo de Ahorro SAR. Los otros dos suman la mayor parte de la deuda: con banca comercial y emisión de valores y ascienden a 7 billones 53 mil millones de pesos.

Otro rubro relevante es el Instituto de Protección del Ahorro Bancaria (IPAB), el otrora FOBAPROA. Si bien es deuda ha disminuido, equivalía, septiembre de 2019, al 3.76% del PIB, no deja de ser cuantiosa. Para 2020 está presupuestados 43 mil 300 millones pesos para el pago del servicio; además “…la necesidad de recursos para hacer frente a las obligaciones de pago del Instituto ascenderá a un monto de 232 mil 342.6 millones de pesos, lo cual se cubrirá con la emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) en el mercado nacional, por un total de 233 mil 200 millones de pesos a valor nominal.” Eso significa mayor endeudamiento.

Pasando a revisar la deuda externa, según el mismo CEFP, era de 213 mil 306 millones de dólares. Esta deuda se compone de 5 rubros; dos de ellos la prudencia indica no tocarlos: Comercio exterior y Pidiregas. En los otros tres rubros la deuda asciende a 207 mil 488 millones de dólares: Mercado Bancario (9 mil 97 millones), Organismos internacionales (31 mil 998 millones) y mercado de capitales 166 mil 393 millones).

Ante un escenario económico recesivo en enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo una reestructura de su deuda en pesos. El total de la transacción fue de 85,587 millones de pesos, y se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros. De esta manera, logró anular deuda con vencimientos entre el 2020 y el 2022, la cual se sustituyó por una deuda por 48,142 millones de pesos en Bonos M y Udibonos, con vencimientos entre el 2023 y el 2050 a tasas de interés del mercado.

Existe un dato relevante, que es el llamado “costo financiero de la deuda”, cuyo mayor parte corresponde a intereses asciende en total a 727 mil 373 millones de pesos, incluye los compromisos del IPAB.

Aquí llegamos al punto del que hacer. La reestructura de la deuda hecha por la SHCP fue una acción preventiva correcta y saludable. El escenario para el resto los años venideros es otro, totalmente diferente. La tecnocracia económica ha desvirtuado muchos conceptos, si hablamos de renegociación de deuda, las palabras pueden ser satanizadas; por eso utilizaremos el término reestructura.

Ahí están 11 billones de pesos de deuda pública y 727 mil 373 millones de pesos de “costo financiero”, para ser reestructurados. Naturalmente, esta reestructuración debe implicar una disminución del capital del 50 por ciento, de los intereses y plazos. Argumentos para plantear una reestructura de esta naturaleza existen. Tal vez el más contundente para los grandes centros financieros internacionales sea que si no son flexibles la crisis será tan profunda que lleve a la insolvencia a muchos países y ellos dejen de ganar.

Por otro lado, también debe aceptarse que el costo de la crisis económica debe ser asumido proporcionalmente por cada sector social o económico. Muy lejos de la justicia está el que las clases medias y los pobres asuman todo el costo de la crisis. Es momento de repensar el modelo económico, poniendo en primer lugar el bienestar de la población. Para avanzar en esta ruta es necesario hacer un frente interno por el beneficio del país. Políticamente Tirios y Troyanos deben serenarse y abandonar sectarismos. Lo que está en juego es la viabilidad de la Nación, que hoy más que nunca depende de la viabilidad del mundo.

Javier Santiago Castillo

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.