Por: Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Durante los últimos días se ha mal informado o informado tendenciosamente de una supuesta “militarización de la seguridad pública” por parte del Gobierno Federal. 

Lo anterior a raíz del a ”Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de mayo de 2020. 

Dicho Acuerdo, en su resolutivo primero, señala que: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”. 

De lo anterior conviene hacer cuatro precisiones muy puntuales:

  • Este Acuerdo deriva y es en pleno cumplimiento al mandato del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, el cual, en su artículo quinto transitorio estableció: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

 

  • Por tal motivo, el acuerdo del 11 de mayo de este año debe leerse, entenderse e interpretarse en el sentido de una “desmilitarización de la seguridad pública”. Ello es un avance y no un retroceso como muchos medios de comunicación y fuerzas políticas opositoras al Gobierno Federal han querido señalar. 

 

  • Recordemos que quien sacó a las Fuerzas Armadas a las calles a cumplir labores de seguridad pública sin tener facultades para ello y sin darles garantías, fue Felipe Calderón; y, en su caso, Peña Nieto siguió disponiendo de la milicia de forma discrecional y de manera arbitraria para labores de seguridad pública. En cambio, el Gobierno del Presidente López Obrador, sabedor de que las Fuerzas Armadas son pueblo raso y uniformado, decidió establecer un regreso paulatino de los militares a sus cuarteles, ¿Cómo lo hizo? Primero, a través del Decreto que dio origen a la Guardia Nacional. Segundo, con este Acuerdo que ha sido mal interpretado. Reitero, se trata de un avance para desmilitarizar la seguridad pública y para que las Fuerzas Armadas regresen a cumplir sus funciones constitucionales.

 

  • Este acuerdo debe ser motivo de orgullo y un timbre de victoria para quienes por muchos años criticaron la militarización de la seguridad pública que tanto perpetuaban los gobiernos del PRIAN, pues ahora hay una fecha límite, un plazo fatal y una temporalidad definida para que los militares ya no realicen labores de policía civil.

 

Tuvieron que pasar casi 14 años para que se entendiera que las instituciones castrenses están preparadas para el arte de la guerra, y no están entrenados para labores de policía. El criterio militar ve las situaciones en blanco y negro, amigo o enemigo, respeto irrestricto a las órdenes, disciplina férrea y sanciones duras. Las Fuerzas Armadas no están adiestradas para dialogar ni para discernir sobre la proporción de violencia que deben emplear en situaciones de emergencia, como se supone que las policías profesionales sí lo están. Ahora toca esperar este regreso paulatino a los cuarteles y en pleno acatamiento a lo que dispone el artículo 129 de la Constitución General de la República.

Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Luis Cuauhtémoc Palestina Flores

Ha sido asesor legislativo del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Senado de la República, Coordinador de asesores de la Vicecoordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, asesor del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Estado de México; coordinador de asesores de la Consejería del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asesor de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.