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Por Danner González

@dannerglez

La Organización de Estados Americanos (1948) es la organización regional más antigua del mundo. A pesar de ser la organización que aglutina el mayor número de estados miembros, no ha podido recuperar el liderazgo desde la exclusión de Cuba en 1962; su futuro es incierto tras la solicitud de Venezuela de salir del organismo y después de serios cuestionamientos por su intervención en el proceso electoral de 2019 en Bolivia, que acabó con un golpe de Estado encubierto al gobierno de Evo Morales. 

En su futuro cercano la OEA debe atender los siguientes desafíos si quiere ser una voz autorizada en el hemisferio: cómo garantizar que un Estado no vuelva a abandonar la organización, cómo revitalizar su liderazgo ante el nacimiento de nuevas estrategias regionales económicas, políticas y de seguridad y cómo afrontar los retos que han puesto en duda la capacidad de la OEA para respetar los principios democráticos consagrados en su Carta. El gran reto, con mayúsculas, es definir la conducción política de la OEA, sin que esta sea asociada a los intereses de los Estados Unidos. 

Visto lo anterior, la organización requiere de los siguientes cambios que le permitan ser eficaz en su funcionamiento:

  1. Asegurar la viabilidad financiera de órganos de la OEA para que no dependa de aportaciones extraordinarias de unos cuantos Estados miembros. Estados Unidos aporta casi 60% del presupuesto nominal mientras que Canadá y Estados Unidos juntos aportan 78% del presupuesto real. Por lo tanto, una posible solución sería el incremento de las cuotas por parte del resto de los Estados miembros, ante la ley aprobada por el congreso de Estados Unidos y ante el desdén que la administración de dicho país –y de manera muy marcada en la administración Trump–, prodiga a la institución. 

Asimismo, consideramos que se debe garantizar la independencia económica de las Misiones de Observación Electoral, que actualmente dependen íntegramente de financiamiento externo. Esta es una de las razones por las que no resulta difícil señalar la dependencia de la organización del norte del hemisferio, lo que se traduce en una marcada distancia entre el norte y el sur. 

  1. Promover la colaboración con los organismos regionales existentes a fin de eliminar la idea de competencia entre ellos. Si a la expansión de acuerdos comerciales bilaterales de países latinoamericanos con Estados Unidos, sumamos la proliferación de organismos regionales orientados ideológicamente o por la comunión de intereses económicos (UNASUR, CELAC, SICA, ALBA, CARICOM), la OEA ha sido relegada a un plano político que en nada incide en el crecimiento y el desarrollo de los Estados miembros. Entender la necesidad de esta amplia colaboración supondría avanzar significativamente en el cumplimiento de sus misiones fundacionales.

En términos absolutos, una revolución es estructural para un país, pero coyuntural para la región, y lo mismo se diría de una dictadura, o de un proceso electoral en curso. No ha sido así desde el siglo XX para la América nuestra y hasta podría decirse que en el caso específico de la institución referida, lo coyuntural motiva lo estructural. Los procesos internos recientes de Venezuela y Bolivia han agudizado el malestar siempre latente en la región –desde la expulsión de Cuba en 1962, tras el triunfo de la revolución–, que percibe a la OEA como el brazo institucional de Estados Unidos, siempre listos para intervenir en la región. 

Entre 1961 y 1964, con la gestión de Estados Unidos, la OEA adoptó acuerdos para condenar a Cuba “por permitir la intromisión del bloque sino-soviético y se dictaron medidas para impedir la exportación de la revolución cubana a los países latinoamericanos”.[1]

Más recientemente, la denuncia de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos realizada por Venezuela en 2017, así como la salida anunciada de dicho Estado, sienta un precedente peligroso para la estabilidad de la organización. El 9 de abril de 2019, el Consejo Permanente de la OEA aprobó, en un hecho inédito y sin tener facultades legales para ello, la resolución sobre la situación en Venezuela en la cual resolvió “aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como Representante Permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo”. La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones y un país ausente. 

El 10 de noviembre de 2019, la Secretaría General de la OEA presentó un informe preliminar de la auditoría realizada al proceso electoral del mes de octubre en Bolivia, afirmando que hubo manipulación en los resultados. Evo Morales aceptó celebrar una nueva elección, pero el proceso golpista ya había sido puesto en marcha al interior de las fuerzas armadas, quienes le pidieron la renuncia al presidente Morales, que la presentó ese mismo día. A la fecha, gobiernos de varios países latinoamericanos coinciden en que la deposición de Morales fue un golpe de Estado y la percepción regional es que la OEA  contribuyó a precipitar la caída de un presidente.

Aunado a lo anterior, una excesiva dependencia de la actuación de la Secretaría General, que eventualmente redunda en la excesiva exposición mediática y política del Secretario General, Luis Almagro. Su reciente reelección el 20 de marzo de 2020 –tras su alta participación y no precisamente como mediador, en los procesos internos de Venezuela y Bolivia en 2019–, ha sido vista como un albazo en medio de la pandemia del coronavirus. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, cuestionó a Almagro tras la votación, sosteniendo que “actúa como un Estado miembro y no como un facilitador”.[2]

Visto lo anterior, las siguientes medidas son esenciales para alcanzar la buena gobernanza y el liderazgo regional de la organización:

  1. La Organización debe gestionar en el seno de la Asamblea General el levantamiento del bloqueo económico y comercial a Cuba, por ser violatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagrados en distintos pactos internacionales. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba persiste y viola los derechos del pueblo cubano. Un Informe de Cuba sobre el bloqueo estima el daño económico ocasionado al pueblo cubano en 833 mil 755 millones de dólares y perjuicios por más de 121 mil 192 millones de dólares. El bloqueo impacta sobre el derecho a la salud y a la alimentación, el derecho a la educación, al deporte y a la cultura, el derecho al desarrollo. El comercio exterior y las inversiones extranjeras también se ven seriamente afectadas.[3]

La cuestión no es sencilla, pues hay que recordar que  tras el levantamiento de la suspensión de Cuba ante la OEA en 2009, Cuba ha declarado que no es de su interés reincorporarse a la organización, sin embargo la OEA avanzaría considerablemente en la recuperación de su credibilidad al fomentar el diálogo entre las partes y convocar a una conferencia de alto nivel para avanzar en el levantamiento del bloqueo persistente desde 1964.

  1. Reformar el capítulo XV de la Carta de la OEA a fin de delimitar funciones de la Secretaría General de tal suerte que no pueda extralimitarse. Es urgente dar sentido uniforme a las obligaciones del Secretario General mandatadas por la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, además de los órganos rectores de la misma. ¿Es el secretario general un mediador imparcial entre estados o es el fiscal de la democracia y los derechos humanos en el continente? La Secretaría General es coadyuvante de los órganos de la organización, pero su rango de actuación no está por encima de la Asamblea General o del Consejo Permanente. 

Por último, el diálogo y la cooperación son esenciales para enfrentar los nuevos retos que superan a los estados nacionales y que forzosamente han de ser abordados desde una concepción multilateral. El parteaguas histórico que supone la pandemia del COVID-19 debe asimismo obligar a los Estados a replantear su participación en las organizaciones internacionales para alcanzar los objetivos planteados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su extensión, la Agenda 2030. Si tras la Guerra Fría el mundo evolucionó de una bipolaridad a la multipolaridad hoy existente, esta debe implosionar hacia un nuevo estadio: la solidaridad como un concepto de cohesión humana, más allá de los intereses estratégicos de las potencias mundiales. La solidaridad no implica coincidir en todo, sino priorizar lo humano por encima de lo político y lo económico. 

Nadie puede negar la esencialidad de los pilares de la OEA en el siglo XXI: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional, pero a fin de lograr que la organización perdure en el tiempo, debe avanzar hacia un multilateralismo de vanguardia, proactivo y no reactivo, si quiere mejorar su eficacia, estructura y funcionamiento.


[1] Leticia Bobadilla González, México y la OEA. Los debates diplomáticos 1959-1964, Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, 1ª ed, México, 2006, p. 259.

[2]  “Cuestionada reelección de Luis Almagro en la OEA”, en La Jornada, México, sábado 21 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/mundo/024n2mun Última consulta: 13 de mayo de 2020.

[3] Danner González, Resolver Cuba, en el blog Política Constante, 09 de mayo de 2016. Disponible en: https://politicaconstantemx.wordpress.com/2016/05/09/resolver-cuba/amp/ Última consulta: 13 de mayo de 2020. 

Danner González

Especialista en comunicación y marketing político. Ha realizado estudios de Derecho en la Universidad Veracruzana; de Literatura en la UNAM; de Historia Económica de México con el Banco de México y el ITAM, y de Estrategia y Comunicación Político-Electoral con la Universidad de Georgetown, The Government Affairs Institute. Máster en Comunicación y Marketing Político con la Universidad de Alcalá y el Centro de Estudios en Comunicación Política de Madrid, España, además del Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional con el Colegio de Defensa de la SEDENA y el Senado de la República. Ha sido Diputado Federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Vicecoordinador de su Grupo Parlamentario y Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entre 2009 y 2010 fue becario de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en Córdoba, España. Sus ensayos, artículos y relatos, han sido publicados en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Es Presidente fundador de Tempo, Política Constante.