Por Salvador López Santiago
@sls1103
El 1 de julio de 2018, la Coalición Juntos Haremos Historia recibió la confianza de más de 30 millones de mexicanos en una jornada electoral histórica. A dos años de distancia, vale la pena hacer un par de precisiones, por un lado, que la democracia a nuestro país no llegó ese día (se ha construido por décadas y se debe seguir fortaleciendo); y por otro lado, que es incorrecto afirmar que todo lo pasado es malo (si así fuera, la alternancia pacífica del poder político hubiera sido imposible).
Aunque la vida democrática de México alcanzó un punto cúspide hace dos años, todavía se aprecian áreas de oportunidad importantes y sería muy lamentable destruir lo que han logrado millones de mexicanos de diferentes generaciones desde distintas trincheras. Llegar a ese domingo no fue producto de la casualidad ni una mera concesión graciosa, por el contrario, le anteceden décadas de notables esfuerzos para robustecer las normas e instituciones electorales; la construcción de acuerdos para modificar el diseño de los órganos encargados de proteger la creciente diversidad política; y una lucha social dirigida a terminar con los excesos que existían al amparo de un régimen político en el que la competencia, la pluralidad y las alternancias eran prácticamente impensables.
Hablar de todo lo que tuvo que ocurrir para llegar a la tercera transición en la presidencia de México y el primer gobierno que emana de la izquierda es muy ambicioso. Sin embargo, diversos autores y especialistas coinciden en que el proceso de transición democrática en nuestro país se refleja en las reformas político-electorales de 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014.
La reforma de 1977 impulsó cambios legales como posibilitar el reconocimiento de nuevos partidos políticos e introdujo el principio de representación proporcional –inclusión de 100 legisladores plurinominales–, con lo que se pasó de 300 a 400 diputados. De la reforma de 1986 destaca la inclusión del Código Federal Electoral, facilitar los procedimientos para la formación de nuevos partidos políticos y que el número de diputados pasó de 400 a 500 (al aumentar a 200 los legisladores por vía plurinominal). Estas modificaciones fueron cuestionadas porque derivaron en un mecanismo que favoreció al PRI, toda vez que el mayor número de votos a nivel nacional le garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Otro momento crucial en la historia democrática nacional aconteció con las elecciones de 1988, comicios marcados por la llamada “caída del sistema” cuando el conteo preliminar de votos daba la ventaja al candidato opositor, anunciada por el entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett Díaz –sí el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–. Ante el reclamo social por la elección polémica, entre 1989 y 1990 se impulsó una nueva reforma electoral, de la cual destaca la creación del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE), dicha reglamentación derivó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).
La reforma de 1993 volvió a modificar la reglamentación electoral, al introducir límites al uso de los recursos para las campañas políticas y quitar la injerencia del gobierno federal en el IFE –con el inicio del proceso de ciudadanización de este organismo–. La reforma de 1994 se enfocó en realizar un proceso electoral lo más cierto, transparente y confiable posible; y modificó radicalmente la integración del IFE, al establecer que todos los partidos políticos tuvieran una representación unipersonal y perdieron el derecho a voto (en favor de la autonomía del instituto); y se incorporaron seis consejeros ciudadanos.
La reforma de 1996 dotó al IFE de nuevas facultades, destacando las relativas a la fiscalización de los partidos políticos; y el Tribunal Electoral dejó de ser un órgano autónomo para incorporarse al Poder Judicial de la Federación como órgano especializado y se estableció que los magistrados que lo integran serían nombrados por el voto de la dos terceras partes del Senado.
En 1997, el PRI perdió por primera vez en su historia la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En 2000, se dio la primera transición en la presidencia con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de México, al imponerse a Cuauhtémoc Cárdenas (que en la elección de 1988 sufrió la “caída del sistema) y a Francisco Labastida (primer candidato del PRI en perder la elección presidencial). En la elección de 2006, con una diferencia de ínfima del 0.56% de los votos, Felipe Calderón le ganó la elección a AMLO (en su primer intento). Nuevamente, las controversias alrededor de los procesos electorales derivaron en el fortalecimiento de la ingeniería legal e institucional electoral. En 2012, Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial, superando a AMLO (en su segundo intento).
La reforma de 1997 estableció topes al financiamiento de las campañas y limitó su tiempo a 90 días para elecciones presidenciales y 45 días para las intermedias. En 2007 se impulsó un nuevo modelo de comunicación y se incorporó la posibilidad de anular una elección por la adquisición de tiempos en medios de comunicación (cuando la diferencia de votos es menor al 5%). De la reforma política de 2014, destacan las candidaturas independientes, el aumento del porcentaje mínimo para que los partidos políticos conserven su registro; que todo partido político que alcance por lo menos 3% del total de la votación válida tendrá derecho a diputaciones plurinominales; la disolución del IFE, para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE); y por supuesto, el principio de paridad.
Después de este breve recuento, llegamos al domingo histórico en el que el triunfo de AMLO (en su tercer intento), era inminente y la única duda era por cuánto ganaría. Al final, la contundencia de los resultados rompió con todas las encuestas, sondeos y pronósticos, toda vez que el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia recibió más del 50% de los sufragios emitidos. Morena ganó la presidencia de la República; la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores); la mayoría de los ayuntamientos y Congresos Locales; y 5 de 9 gubernaturas en disputa.
La aplanadora de hace dos años benefició a un alto número de personas cuyo mayor mérito fue estar en el lugar correcto, pero también y más importante aún, representó la recompensa a una vida de lucha y congruencia de muchos de quienes integran la #4T, movimiento en el cual están depositadas grandes expectativas. Apostar al fracaso del actual gobierno es mezquino, pero también son mezquinas las voces que siguen alardeando con soberbia un triunfo electoral –que aunque legítimo, no es permanente (se debe refrendar día a día con trabajo en favor del pueblo)–. Por ello, como ciudadanos estamos llamados a exigir de nuestros gobernantes y representantes un compromiso auténtico por México, sin privilegiar cálculos políticos ni fomentar discursos maniqueos.
