Por Rodolfo Torres Velázquez

@rodolfo_torresv

En apenas 57 días dará comienzo el proceso electoral 2020-2021. En ese ámbito, a las acciones que la emergencia sanitaria ahora nos impone debemos agregar las indispensables adecuaciones a los procedimientos logísticos que, desde la organización y la capacitación electorales, deben emprenderse para subsanar las deficiencias que la experiencia reciente ha evidenciado. En particular en lo que se refiere a la operación de la casilla única de votación.

La reforma de 2014 estableció, en su artículo transitorio octavo, párrafos primero y segundo, que una vez integrado el Instituto Nacional Electoral, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en los procesos electorales locales se entenderán delegadas a los Organismos Públicos Locales y se dispuso que se mantendrían delegadas hasta en tanto no fuesen reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del INE. Sin embargo, en sesión celebrada el 14 de julio de 2014, su Consejo General aprobó retomar la casilla única para procesos concurrentes, federales y locales (INE/CG100/2014). En concordancia con lo anterior, el 13 de agosto de ese mismo año, el INE aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes del 2015 (INE/CG114/2014).

Así, para el proceso electoral 2015, del total de casillas proyectadas, el 56.26 por ciento fueron casillas únicas. Para las elecciones de 2018 se estimó que el porcentaje de casillas únicas alcanzaría un 96 por ciento.

Aunque el modelo de casilla única ha depurado paulatinamente su operación, se han identificado múltiples oportunidades de mejora. Entre ellas, destacaré sólo algunas. Primero, la que atiende a la dificultad para encontrar locales apropiados y suficientemente amplios para albergar al elevado número de personas que deben estar presentes en la casilla durante la jornada electoral -funcionarios de casilla, representantes de partido y de candidatos. Ello tiene, además, un impacto desfavorable en el el objetivo de reducción de costos, pues los gastos destinados al mobiliario y al apoyo alimenticio son muy altos. Otra importante es que, el elevado número de elecciones concurrentes, torna extenuante la labor de los funcionarios electorales, con el consecuente aumento en el riesgo de errores. No puede obviarse la complejidad extraordinaria que supone el conteo de los votos en la casilla única para procesos concurrentes. Finalmente, que la recolección de paquetes y su entrega es poco expedita y repercute negativamente en la obtención de resultados electorales oportunos.

Estas dificultades operativas encuentran su expresión en los estudios elaborados por la propia autoridad electoral nacional. El INE, produjo su “Informe de resultados del estudio muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018”. Este estudio tuvo como objetivo general examinar el llenado de dichos documentos para identificar la proporción que tuvo inconsistencias en los datos asentados. En él se concluye que dos de cada tres actas presentan errores. Según este estudio, el resultado del número de actas con equívocos fue similar al observado en las elecciones del año 2006. Por otra parte, el estudio detectó que, en el conjunto de entidades federativas que celebraron elecciones concurrentes, la incidencia de errores en las actas fue hasta diez puntos porcentuales más que en el de las entidades federativas en las que sólo ocurrieron elecciones federales. Con ello se reveló que las elecciones concurrentes pueden tener un efecto negativo en el porcentaje de actas llenadas correctamente, debido a la dificultad supuesta en el escrutinio, al aumento de trabajo y al cansancio de las y los funcionarias/os de las Mesas Directivas de Casilla el día de la jornada electoral.

Otro aspecto relevante que se anota en el informe tiene que ver con las actas que fueron objeto de recuento durante los cómputos distritales. Más del 70 por ciento de la actas tuvieron que ser recontadas. De las actas que fueron objeto de recuento, entre el 78 y el 80 por ciento, revelaron inconsistencias en los datos.

Ese resultado apunta con nitidez hacia la urgencia de instrumentar soluciones que subsanen el elevado número de errores que se observan, mismos que producen múltiples reconteos, retrasan la emisión de resultados y, sobre todo, merman la confianza de los ciudadanos en los comicios y en la institucionalidad electoral.

La mejora en la operación de la casilla única debe abordarse desde los aspectos logísticos, normativos y, desde luego, también tecnológicos. A ese fin coadyuva la eventual incorporación de dispositivos electrónicos de votación en la operación de la casilla única.

Los proyectos de incorporación de ese tipo de dispositivos electrónicos no son novedosos a nivel nacional. Los Institutos Electorales del entonces Distrito Federal, de Coahuila, y de Jalisco, fueron pioneros en esa materia.

Como participante en ese proceso puedo dar constancia que desde el 13 de febrero del 2003 el Consejo General del IEDF aprobó “la investigación de alternativas sobre la posibilidad de automatizar los procedimientos electorales, modernizar el ejercicio del voto de los ciudadanos y reducir sus costos”. El 21 de diciembre de 2005 el IEDF concluyó con la construcción de 60 unidades de urna electrónica. Desde entonces y hasta diciembre de 2019, esas urnas se utilizaron en 75 ejercicios de votación, 29 de ellos vinculatorios y de participación ciudadana; en todos ellos participaron más de 80 mil personas.

Sobran razones para impulsar la operación de las urnas electrónicas en los comicios que están en puerta. La reingeniería de los procesos electorales, fustigada ahora por la contingencia sanitaria, apela al uso de los instrumentos tecnológicos y a la vigilancia de que su utilización preserve y fortalezca la autenticidad del sufragio.

Rodolfo Torres Velázquez

Rodolfo Torres Velázquez

Doctor en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software por la Universidad de Newcastle en Australia; Maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; Ingeniero Químico Petrolero por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Diplomados: Sistemas y Arquitecturas Avanzadas en Informática por el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada; Análisis Político Estratégico, por el CIDE; Geografía Electoral Política y Territorio, por el Instituto de Geografía de la UNAM. Certificado en Machine Learning por la Universidad de Stanford y en Financial Markets por la Universidad de Yale.