Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Las fuerzas políticas opositoras aspiran, al menos, a arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y, estos últimos anhelan a refrendar esa mayoría. En el ámbito local la disputa, por las gubernaturas, las diputaciones y los ayuntamientos, será intensa, por decir lo menos.
La integración plena del máximo órgano de dirección del INE otorga a los contendientes y a la sociedad certezas y aleja de territorio de la disputa política esos nombramientos. Anticipando una conclusión, es evidente que en el proceso de designación se desplegó habilidad negociadora, buscando la legitimidad que otorga el consenso; aunque sin abandonar la lógica de las cuotas.
En el pasado remoto (1996) la leyenda urbana cuenta que los presidentes de los partidos y el secretario de Gobernación consensaron, a propuesta de los propios partidos, los nombres de los candidatos a formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente consultaban a los aludidos y la aprobación por la Cámara de Diputados fue un simple trámite administrativo. Los resultados de la elección de 1997, en que por primera vez el PRI perdió la mayoría de la Cámara baja y el triunfo del PAN en el año 2000 incrementaron la fortaleza de la legitimidad del IFE.
El declive de esa legitimidad se inició con la renovación del Consejo General del IFE en 2003, se rompió esa lógica de consenso el PRI y el PAN acordaron los nombramientos, ya que juntos lograban la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, desdeñando al PRD dejándolo fuera de la posibilidad de hacer alguna propuesta. La elección presidencial de 2006 fue un torpedo a la línea de flotación de la legitimidad de la institución electoral federal. La descalificación del PRD y su candidato a la presidencia de la República fue intenso. Las acciones fraudulentas de empresarios y del gobierno federal en contra del candidato Andrés Manuel López Obrados quedaron documentadas en el dictamen de la calificación de la elección de presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya conclusión fue que se desconocía el impacto que habían tenido en el sentido del voto ciudadano. Por su parte la acusación de fraude electoral en contra del IFE se desencadenó a raíz de la impericia política al momento de hacer pública la información de los resultados preliminares antes de la realización de los cómputos oficiales.
La reforma electoral de 2008 intentó restañar los daños sufridos a la legitimidad del IFE, lo cual se logró parcialmente. La elección de consejeros electorales de ese año se logró sin grandes tropiezos. La de 2010 se complicó al no llegar a acuerdos y llevó a la Cámara de Diputados a elegir a los tres consejeros (Lorenzo Córdova Vianello, Sergio García Ramírez y María Marván Laborde) al margen del procedimiento constitucional en aras del acuerdo político, prevaleciendo el criterio de cuotas.
La reforma de 2014 estableció como parte relevante del procedimiento de elección de consejeros un Comité Técnico Evaluador, que tuvo la presencia de políticos identificados con los partidos políticos, en el acuerdo se mantuvieron las cuotas en las propuestas, y para que se diera un reparto de posiciones equitativo se incrementó el número de consejeros de nueve a once (cuatro presentados por el PRI, tres por el PRD, tres por el PAN y el presidente por consenso). Morena no existía como partido, en consecuencia, no participó en las negociaciones. La designación de consejeros en 2017 no modificó la lógica de cuotas.
La designación de consejeros en 2020 tiene similitudes y diferencias con las dos anteriores y debe ser revisada para mejorarla. El establecimiento del Comité Técnico en la Constitución viene de la desconfianza entre los partidos, la merma de su capacidad negociadora y para vestir de legitimidad el procedimiento. Con pleno respeto a las trayectorias profesionales de los miembros del Comité, que tienen amplia experiencia en su ramo laboral, pero no han estado sobre “el comal electoral” que suele tener una temperatura política elevada. En política todos los involucrados hacen política, no existen inmaculados ideológicos. En la definición de las quintetas estuvieron presentes criterios políticos, lo cual no es ningún desdoro. La aplicación de esos criterios dejó fuera de la competencia a candidatos sólidos, sin duda alguna.
Más allá de los motivos legítimos o ilegítimos, porque hay de ambos, de los diputados inconformes con el acuerdo de la JUCOPO para la propuesta de consejeros si existe una deficiente regulación del procedimiento. Un órgano técnico no puede estar sobre los órganos de gobierno o el pleno de la Cámara de Diputados. En aras de prever futuros conflictos la regulación puede ser precisa, pero flexible con el fin de dejar abiertos espacios de negociación más allá de las decisiones del Comité Técnico.
Por otro lado, el procedimiento tampoco garantiza el debido proceso a los inconformes y las resoluciones del Tribunal Electoral no ayudan. Ante las impugnaciones de aspirantes por haber quedado fuera de las quintetas el Tribunal resolvió que el acto era irreparable, porque el Comité ya no existía; dejando de lado que la atribución de elegir a los consejeros es del Pleno de la Cámara y no del Comité. El ABC del derecho procesal establece que un acto es irreparable hasta que este se ha consumado plenamente, en este caso el acto se consumaba con la designación de los consejeros por la Cámara. En consecuencia, el argumento es débil o falso, cada quien juzgará, aquí lo violatorio del debido proceso es que el Tribunal no entrara al fondo del asunto y resolviera con plena jurisdicción Con decisiones medrosas no se fortalecen el Estado de Derecho y la legitimidad.
Entre muchos opinadores, algunos de ellos de dudosa integridad, las cuotas de candidatos no gozan de aprecio y se les juzga desde una perspectiva moralina, como si fuera un procedimiento malévolo, perverso; peor aun, si alguno de los aspirantes sugeridos tiene antecedentes de participación política y/o partidaria, como si por definición no se pudiera actuar con rectitud e imparcialidad.
Si hacemos una reflexión serena nos percataremos que ese método puede ser virtuoso o negativo, depende el objetivo con el cual se lleve a cabo. En ese pasado remoto del que hablamos nadie niega que la propuesta por cuotas fue virtuosa porque buscó el equilibrio y la legitimidad en la integración del Consejo General. El método se pervirtió en 2003 debido a que esos objetivos sustanciales se desvanecieron; las elecciones de consejeros en 2008, 2014 y 2017 recuperaron, en alguna medida, esos objetivos.
La coyuntura de 2020 es distinta, existe una coalición predominante en la Cámara, por si misma podía haber nombrado a los consejeros. No lo hizo, busco el acuerdo con todos los grupos parlamentarios. A pesar de disidencias internas que finalmente legitimaron la elección, integró una cuarteta de propuestas con perfiles poco cuestionables, pero que, con seguridad contaron con sólido respaldo dentro de Morena. Se privilegió la política del consenso en la búsqueda de la legitimidad, para cerrar un frente de cuestionamiento al actual gobierno sobre sus intenciones de controlar el organismo electoral. La diferencia en este proceso de elección de consejeros con los anteriores es que sólo hubo una sola cuota, que fue avalada casi unánimemente, porque logró el objetivo del equilibrio y la legitimidad. Esa legitimidad tendrá que ser refrendada por los elegidos en su actuar cotidiano y no faltará quien juzgará lapidariamente cada paso que den.
