Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La organización de las elecciones en Hidalgo y Coahuila son el primer reto porque se celebrarán enmedio de la pandemia. El INE aprobó protocolos sanitarios para distintas actividades de capacitación, de distribución de documentación y paquetes electorales, la instalación de casillas y otros, aunque falta el protocolo para la votación en la casilla. El Instituto Electoral de Coahuila aprobó siete protocolos sanitarios; sobre Hidalgo una nota periodística informa que adoptará los del INE. Los institutos electorales de los estados deben abandonar actitudes cómodas o sumisas y tener iniciativa y elaborar sus propios protocolos sanitarios coordinándose con las autoridades de salud de sus entidades. Es de suma relevancia la difusión de toda la regulación concerniente a las medidas sanitarias.
Desde la perspectiva de la preparación de las elecciones de 2021, las medidas sanitarias que se tomen en las dos elecciones de este año serán experiencias enriquecedoras, tendrán que ser evaluadas rigurosamente para realizar las adecuaciones necesarias. La capacitación presenta dificultades importantes; el INE debería volver la mirada a ciertas experiencias locales que tuvieron buenos resultados, como la capacitación en línea instrumentada por el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, en 2009, durante la epidemia de H1N1.
Otro aspecto a considerar es la definición del número de casillas a instalar; la sensatez aconseja incrementarlo, pero, se enfrentarán resistencias de los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla. En consecuencia, se deberá diseñar una estrategia de comunicación para informar y convencer sobre la relevancia de los comicios, para incentivar la participación de ciudadanos como funcionarios. Además, la ubicación de las casillas presenta dificultades serias, porque será indispensable buscar lugares ventilados además de las escuelas públicas, habrá que promover convenios con escuelas privadas, gobiernos estatales y municipales, asociaciones empresariales, clubes deportivos, asociaciones culturales, etc. para que colaboren prestando espacios con el fin de instalar las casillas.
Por otra parte, el INE y los institutos electorales de Coahuila e Hidalgo tendrán que instrumentar un plan de suplencias de sus funcionarios electorales y consejeros distritales y municipales ante la eventualidad de ausencias por enfermedad. A su vez tendrán que elaborarse protocolos sanitarios para los cómputos y, en su caso, recuentos municipales y distritales.
Lo más delicado para la preparación de las elecciones 2021 es la incertidumbre sobre el control de la pandemia. Por primera vez en la historia electoral, el INE y los institutos locales, tendrán que elaborar escenarios organizativos, logísticos y presupuestales disímiles. El primero, sin pandemia; el segundo con la pandemia controlada, pero presente con diversa intensidad en múltiples rincones del país y; el, no deseable, de brotes intensos de COVID19.
Otro asunto que se ha convertido en un reto es la fiscalización, sobre todo por la coyuntura política con la detención de Emilio Lozoya y sus revelaciones iniciales de financiamiento ilícito a campañas electorales estatales y la presidencial de 2012. Además, los nuevos consejeros han insistido en realizar una revisión de las finanzas partidarias y de candidatos más exhaustiva. La fiscalización es un proceso complejo, sólo el reglamento tiene 406 artículos, además existen diversos lineamientos.
Los problemas a atender de índole normativa, van más allá de la ley electoral, reglamentos o lineamientos y muy probablemente se requiera una reforma constitucional para afectar derechos de candidatos o personas relacionadas a ellos y reformar las legislaciones fiscal y de lavado de dinero. El flujo de efectivo ilegal dispersado en las campañas tiene mecanismos diversos y por lo mismo requiere de distintos mecanismos de control. Por un lado, están los financiadores (privados o servidores públicos, con recursos del erario), los empresarios a los que se les paga en efectivo o facturan a bajo costo y el resto lo reciben “contante y sonante”, hay que agregar el dinero dispersado por los operadores políticos en la compra del voto.
Como puede observarse las reformas jurídicas necesarias requieren ser de un calado profundo y van más allá de la materia electoral y de las competencias actuales del INE. Además, se requeriría un despliegue de personal en campo, de manera particular el día de la jornada electoral, para detectar compra de voto. Si el año próximo se van instalar 163 mil casillas, la primera pregunta a responder es ¿cuántos fiscalizadores serían necesarios en el territorio para garantizar que los operativos de compra o coerción del voto fueran neutralizados? Mínimo el 10 por ciento, algo más de 16 mil. La segunda pregunta ¿cuánto costaría contratarlos y capacitarlos?
Lo que sí es factible instrumentar durante los recorridos de verificación de propaganda es identificar las campañas notoriamente costosas. Para desarrollar una vigilancia más amplia, el INE podría delegar en los institutos electorales de los estados ciertos tramos de verificación en campo, lo que permitiría ampliar las miradas institucionales escrutando los gastos de campaña de los partidos.
Desde el interior del INE existen dos obstáculos a superar. El primero es la visión endeble sobre la naturaleza de los partidos políticos, que persiste en fiscalizarlos como si fueran entidades de la administración pública y en el extremo confundirlos con entes privados. El segundo es la práctica desde la Unidad Técnica de Fiscalización y la presidencia de la Comisión de Fiscalización, durante la primera etapa del INE, de limitar la entrega de información sustantiva a los consejeros.
Si bien, es cierto el diseño organizacional básico del INE está en la ley, la inmensa mayoría de la estructura y de sus competencias es un diseño que viene desde el primer IFE. Durante el primer trienio de vida del INE se logró un pequeño avance en la revisión de la estructura del Servicio Profesional Electoral, pero ese esfuerzo fue abandonado. El diseño organizacional del INE es añejo ante realidades nuevas. Es todo un reto institucional repensarlo para mantener lo eficiente y transformar lo anacrónico mejorando la funcionalidad, para lograrlo es necesario en primer lugar ubicar la duplicidad de funciones y plantearse como objetivo otorgar base a los trabajadores de “honorarios permanentes”.
El presupuesto del INE es polémico, pero a lo que tenemos que aspirar no es a una austeridad mal entendida, sino al uso racional de los recursos. Para ello lo primero que es necesario admitir es que el IFE nació en una tradición de la opulencia en la administración pública de otro tiempo, que se refleja en el reiterado estribillo de “la calidad INE” que repercute presupuestalmente. A partir de modificar la visión sobre en qué y cuanto hay que gastar se podrá racionalizar el gasto.
El Consejo General del INE ha padecido la misma enfermedad que el resto de la clase política: el centralismo. Esa visión es la que ha prevalecido, pero a la luz de la coyuntura política actual al demostrar el retroceso que implica la centralización de competencias, se abre la posibilidad de cambiar el rumbo e iniciar una política gradual de delegación a los institutos electorales locales como una forma de compartir responsabilidades. Es momento de definir un rumbo colocando la mirada en el largo plazo.
Ser el árbitro en la contienda por el poder implica imparcialidad, la cual debe traducirse en mesura. No ayuda que desde la mesa del Consejo General se cuestione las estrategias electorales de los partidos políticos y se instrumenten campañas mediáticas como si se aspirara a una candidatura. Cómo tampoco ayuda a disminuir tensiones políticas las alusiones personales al INE en las conferencias de prensa mañaneras. Son tiempos de serenarse y de hacer gala de la virtud de la prudencia de los antiguos. La salud política de la República es el bien supremo a salvaguardar.
