Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La gestión gubernamental de los dos primeros años está llena de claros oscuros. El contexto de polarización política que va de un extremo a otro. Por un lado, la afirmación presidencial de “en el peor momento contamos con el mejor gobierno” y por el otro la aseveración de, Gustavo de Hoyos, “tenemos el peor gobierno en el peor momento” aderezan la mesa del conflicto político y desvisten la soberbia de los contendientes extremos.
Frente a la herencia de las anteriores administraciones gubernamentales se da un discurso bipolar de defensa y descalificación del pasado. Existen realidades económicas, sociales y políticas que no dejan lugar a dudas que el proyecto neoliberal dejó una minoría beneficiada y amplios sectores de la población en la marginación social y más del cincuenta por ciento de la población en la pobreza. En el caso de la corrupción la información que aflora cada día nos deja impávidos, sobre todo, ante su magnitud todavía no conocida. En lo económico México está atado a cadenas productivas globales como un eslabón, sin margen de acción para para iniciar cadenas de valor que son esenciales para el desarrollo de un país y, con instituciones de salud y educativas deterioradas. Además, con la delincuencia organizada fortalecida, arraigada territorialmente y productora de violencia inenarrable.
El nuevo gobierno decidió que el presupuesto del Estado sería la palanca para contrarrestar las desigualdades sociales heredadas. Sustentado en un discurso descalificador absoluto, señalando que existía corrupción, suprimió programas sociales, algunos con resultados positivos, y creó nuevos, en algunos casos no muy diferentes (Insabi, pensiones, becas a estudiantes, sembrando vida, jóvenes construyendo futuro). Es innegable que la derrama económica directa a sectores sociales vulnerables contribuye a paliar la pobreza. Estos programas carecen o tienen reglas de operación deficientes lo cual propicia el desvío de recursos públicos. En el ámbito de lo positivo, aunque su repercusión sea limitada, se encuentran los incrementos al salario mínimo y la reforma a las pensiones.
La política social no ha sido acompañada con políticas de impulso a actividades productivas que construyan cadenas de valor. Los grandes proyectos de infraestructura (Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y el tren Transístmico), el rescate de Pemex y CFE son insuficientes para impulsar el desarrollo del país. Al menos los tres primeros proyectos presentan problemas de viabilidad, al no existir claridad sobre la realización de los estudios técnicos y ambientales pertinentes, algunos de ellos no se han hecho públicos. Ha prevalecido la premura. Por otro lado, la pandemia y la sensatez, y no la tozudez, debieran hacer valorar, al menos, la viabilidad del nuevo aeropuerto, pues no existe claridad del tiempo que requerirá la normalización del tráfico aéreo.
El rescate de Pemex y CFE son benéficos para el país, lamentablemente la crisis económica derivada de la pandemia ha colocado en una situación más difícil a ambas empresas. En el caso de CFE tiene la deficiencia de no impulsar proyectos para producir energías limpias.
La creación de la Guardia Nacional, todavía inconclusa, y la legalizada intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública no ha dado como resultado la disminución de la violencia, al contrario, se ha recrudecido. El fortalecimiento y profesionalización de las policías estatales y municipales ha quedado en promesa. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando los flujos del dinero de la delincuencia, algo que en el pasado no se había realizado, seguramente por complicidades de servidores públicos. Es una acción que debe intensificarse silenciosamente, no dará resultados relevantes de inmediato, pero mermará las capacidades ofensivas de la delincuencia. Es grave que la delincuencia organizada sustraiga del poder del Estado importantes extensiones del territorio nacional, vulnerando la Soberanía interior.
La firma del TMEC es un acto de continuidad de la política económica neoliberal, aunque no había margen de maniobra para evitar su firma, se negoció, lo que se pudo negociar desde una posición de debilidad. Lo que el gobierno no tiene son políticas de impulso autónomo en la actividad económica que en el futuro nos permita negociar acuerdos comerciales con mayores ventajas.
La crisis económica se venía venir, para 2020, pero la pandemia agravó la situación. De una disminución del PIB de entre el 1 y 2 por ciento a principio de año, hoy los pronósticos oscilan entre 10 y 20 por ciento. Es indudable, se requieren recursos para reactivar la economía, impulsar los megaproyectos gubernamentales y sostener los programas sociales. El presidente mantiene su postura de no endeudarse. Para obtener recursos ha optado por la centralización del poder en la figura presidencial y la implantación de la austeridad republicana. Las consecuencias han sido el despido indiscriminado de servidores públicos, no sólo de honorarios; desaparecer áreas administrativas sin definir quien realizará las tareas que tenían asignadas; la reducción “voluntaria” del 25% del salario de servidores públicos, lo que es, no sólo éticamente, reprobable, sino ilegal y disminuir el gasto operativo del gobierno federal draconianamente. El sueño de cualquier neoliberal se está cumpliendo: el achicamiento del Estado sin respeto a la racionalidad administrativa.
El presidente también rechaza una reforma fiscal. Lo cual tiene una doble consecuencia dar continuidad a la política neoliberal de favorecer a los grandes capitalistas por la vía fiscal, pero, también de no abrir otro frente de confrontación, muy sensible para la clase empresarial. Aunque hay países que han implantado impuestos a la riqueza, como es el caso de Argentina recientemente. Lo positivo fiscalmente es que las grandes empresas han perdido sus privilegios y han tenido que pagar los impuestos que legalmente les corresponden. Los microcréditos son insuficientes para reactivar la economía, en este momento se carece de información para evaluar el impacto de los microcréditos gubernamentales.
La alternativa de renegociación de las deudas interna y externa está fuera del radar gubernamental, Argentina acaba de lograrlo y tendrá un alivio financiero de más de 30 mil millones de dólares. En el caso de México, además se puede plantear una disminución del capital. La disminución del servicio de la deuda liberará recursos para atender necesidades urgentes de salud y económicas.
La apuesta gubernamental de que las fuerzas armadas realicen actividades del ámbito estrictamente civil, más allá de la seguridad pública, tiene dos consecuencias: los coloca en espacios donde las tentaciones de dinero fácil están a flor de tierra y los empodera, acrecentando las tentaciones de incrementar su influencia más allá de sus responsabilidades constitucionales. El presidente prefiere correr estos riesgos porque los militares no cuestionan sus decisiones, su cultura es la de obedecer órdenes.
La corrupción heredada está resultando de dimensiones inusitadas. La impresión es que apenas asoma la punta del iceberg. Este lastre para la vida nacional ha sido explotado discursiva y mediáticamente por el presidente para fortalecer su legitimidad. Sin la más mínima intención de desestimar el daño al país, el éxito gubernamental ha sido más mediático que concreto. Es claro que las investigaciones y los procesos judiciales sobre actos de corrupción en gran escala pueden durar años. Hay personajes importantes en proceso y uno en prisión domiciliaria. Ninguno ha sido declarado culpable y tampoco se ha recuperado el dinero extraído de las arcas públicas. Pero el discurso político ha convertido a la corrupción causante de todos los males del país, lo cual es efectivo propagandísticamente.
El presidente se mueve como pez en el agua en la definición de la agenda política cotidianamente a través de las mañaneras, aprovechando su carisma con, todavía, amplios sectores de la población, realiza jugadas mediáticas distractoras con astucia. Como son la rifa de avión presidencial, que la pandemia mando a la lona, pero en un acto de prestidigitación aparece la promoción de la consulta para enjuiciar a los expresidentes; entonces la crisis económica y la pandemia pasan a un segundo plano, la inseguridad no puede ser desplazada de las preocupaciones sociales. El discurso de culpar al pasado ha iniciado su desgaste, la sociedad pronto demandará resultados tangibles, sobre todo, en seguridad, economía y salud. El tiempo se agota.
