Por Mauricio Balderas Villicaña
@MauBalderasV
La semana pasada quedó escrita una historia de luto más en todo el territorio mexicano, cuando grupos de mujeres indignadas, afligidas y con mucho dolor se manifestaron para denunciar que las autoridades no las escuchan, no resuelven sus demandas y mucho menos se solidarizan con las exigencias de algún familiar suyo que fue víctima. Miles de mujeres en México siguen esperando resultados de manera pronta y eficaz por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Me sorprende que Rosario Piedra Ibarra, ombudsman de México no pueda hacer bien su trabajo de atender, escuchar, gestionar y analizar los asuntos que se tienen en la CNDH. Es muy desafortunado que un familiar de una víctima se tenga que amarrar en una silla de las instalaciones para para ser escuchada. Pareciera que la justicia en nuestro país es selectiva, cuando nuestra Carta Magna establece que todas las personas tienen derecho a una seguridad.
Sin temor a equivocarme, podemos advertir que esta nueva CNDH se ha convertido en un ente gubernamental más y ha dejado de ser una oficina que atienda los reclamos de las víctimas. Se necesita de personas con autoridad, conocimiento y, sobre todo, con la sociabilización, sensibilidad y empatía suficientes para hacer un buen trabajo como responsables de la protección de las mujeres violentadas.
Que no se les olvide que la CNDH está para vigilar y proteger a las víctimas, no para ignorarlas y deslegitimar sus reclamos. Que tampoco se les olvide que al ser un tema de derechos humanos y de justicia social, las acciones y respuestas no pueden esperar ni estar a sujetas a coyunturas y mucho menos a intereses políticos.
Con base a los resultados que se han registrado sobre dicho el tema, mujeres activistas y familiares de víctimas han tomado las oficinas de las Comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán de Ocampo, y Aguascalientes. Ya no podemos permitir más gobiernos que hagan caso omiso a los reclamos de los familiares de las víctimas.
Sigamos presionando y alzando la voz de manera pacífica al Poder Ejecutivo para que ponga más atención sobre este problema que adolecen miles de mujeres en el país. La política pública está en el discurso presidencial, no en las instituciones, lo dicen los colectivos feministas. En el país es asesinada, en promedio, una mujer cada dos horas cada día y el feminicidio se ha incrementado 7.7%.
La vida de cualquier ser humano vale por igual. La gran pregunta es ¿cómo enfrentamos el reto de construir una sociedad en donde prevalezca la justicia y los derechos humanos? En principio, debemos sensibilizarnos con los derechos humanos y aprender a exigirlos y ejercerlos, ya que nos corresponden desde nuestro nacimiento por el simple hecho de ser personas.
Y finalmente, dejo constancia de que seguiré siendo reiterativo al señalar que las autoridades correspondientes han demostrado su ineficacia y su falta de compromiso social para terminar con esta pesadilla. Y el aumento de la violencia de género es un dato irrefutable. El Estado deberá hacer la reparación del daño y de la no repetición en la vulneración de sus derechos.
La angustia, el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias es un asunto serio que no debe estar supeditado a nada. Las víctimas merecen respuestas y no excusas.
