Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Entre la clasificación que hace Holmes sobre la corrupción, concibe una distinción entre corrupción pequeña y corrupción grande, aunque es más preciso hablar de corrupción en gran escala. Lo relevante es el contenido de la definición de la corrupción “grande” o en gran escala que es la que se desarrolla “a nivel de las élites” políticas y empresariales.
Complementa esa definición distinguiendo esa corrupción en gran escala entre “corrupción administrativa (o burocrática)” y “captura del Estado”. La primera se refiere al saqueo de las arcas públicas por parte de los funcionarios gubernamentales o la extorsión que realizan para favorecer a empresas o personas. La segunda es cuando “…empresas…definen y afectan la formulación de reglas del juego a través de pagos privados a políticos y funcionarios públicos”; en este caso se puede ampliar el espectro y podríamos hablar, no sólo de empresas, sino de poderes facticos, como son las iglesias y la delincuencia organizada.
A lo largo del siglo XX podemos afirmar que el mecanismo de corrupción preponderante fue el administrativo del que existen ejemplos conspicuos. Los casos de Abelardo L. Rodríguez, ilustra la etapa del México posrevolucionario convulso, y el de Miguel Alemán ícono, para algunos, el de la modernidad.
Existen otros casos, pero el momento en que la corrupción administrativa se combina con la captura del Estado se inicia con la privatización de empresas del Estado durante el gobierno de Salinas de Gortari en que la corrupción en gran escala toma dimensiones desconocidas en el pasado. Además, se continuó con el proceso emprendido en el gobierno de Miguel de la Madrid de modificar las reglas legales para favorecer a ciertos grupos empresariales, en la lógica del libre mercado afectando los equilibrios del precario Estado de bienestar construido a lo largo del siglo XX.
Esa visión se consolidó a lo largo de los gobiernos de la alternancia (Fox, Calderón y Peña) y fueron desarrollándose mecanismos de corrupción con el fin de capturar el Estado, con una modalidad investida de legalidad pero que claramente favorecía intereses corporativos. Principiando con la “venta de garaje” de las empresas públicas con Carlos Salinas, el Fobaproa con Zedillo y subsidios, exenciones y privilegios fiscales en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
Durante el gobierno de Calderón se condonaron 166 mil 922 millones de pesos y en el de Peña Nieto 246 mil millones, un total de 413 mil 258 millones de pesos. Otro mecanismo de la corrupción en gran escala que se desarrolló y se consolidó a lo largo de esos dos sexenios es el de las factureras, que se convirtió en toda una red para delinquir saqueando las arcas públicas. Este año una investigación, realizada por el SAT, se encontró que, en las 43 firmas, que están relacionadas, participaron 8 mil 212 empresas y personas, y sus operaciones simuladas ascendieron a los 93 mil millones de pesos, las cuales provocaron que 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 millones de IVA no entraran al gobierno. Además, muchas de las factureras contrataron a personas que vendían servicios de honorarios y les retuvieron el ISR, tampoco lo pagaron, lo cual es igual a a 19 mil millones 146 mil. El total de la evasión fiscal llega a 55 mil 125 millones de pesos.
Otro mecanismo para desangrar al erario son las empresas fantasmas, para ello tenemos el ejemplo de que entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasmas. Por otra parte, la ASF detectó irregularidades en diversos proyectos de infraestructura pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre 2013 y 2018, generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por al menos 9 mil 722 millones 608 mil 404.02 pesos.
Tal vez la joya de la corona de la corrupción administrativa articulada a la captura del Estado sea el caso de Oderbrecht, que tiene que ver con sobornos que se acusa fueron para financiar ilegalmente de la campaña presidencial del PRI en 2012; con el fin de obtener contratos posteriormente. La investigación está en curso y puede involucrar a dos gestiones presidenciales. El espacio es insuficiente para enlistar los casos conocidos de la corrupción de las élites política y empresarial; o que si se puede afirmar contundentemente es que el monto de la corrupción en gran escala es incalculable.
La política gubernamental para enfrentar la corrupción es ambivalente, por un lado, toma medidas para terminar con los privilegios fiscales e incrementar la recaudación fiscal, que son señaladas, por algunos sectores empresariales. como acciones de terrorismo fiscal. En la aplicación de esta medida el avance es evidente, al centrarse primero en desaparecer los privilegios fiscales y hacer que los grandes contribuyentes paguen los impuestos que por ley les corresponde. Es así como América Móvil, Walmart de México, Femsa, la Minera Fresnillo, Toyota e IBM, obteniendo al menos 30 mil 327 millones de pesos, porque falta definir el adeudo de Toyota y Femsa.
Por otra parte, las medidas administrativas para el ejercicio presupuestal muestran fragilidades, que dejan abierta la puerta de las tentaciones del dinero fácil. Veamos algunos ejemplos: la base de datos y nómina de los llamados ‘Servidores de la Nación’ es inconsistente. Es un grupo de 18 mil funcionarios públicos que laboran en la Secretaría del Bienestar, cuestan al erario alrededor de 2 mil millones de pesos. El padrón de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no es público y el de los patrones solo muestra nombres genéricos. El Censo de Bienestar, que identifica a los beneficiarios de los programas sociales es deficiente, contiene una tabla única con datos por estado y número de personas consultadas, sin mayor detalle o con el nivel de desagregación que exigen las leyes de transparencia en el país.
A lo anterior se debe de agregar que, en 2019, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 78.49 por ciento de los contratos, se asignaron de manera directa, el 6 por invitación restringida y el 15.2 por licitación pública. El capítulo I del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona textualmente la prohibición de las adjudicaciones directas por ser una conducta corrupta y frívola.
Los resultados de la Auditoria Superior de la Federación, sobre 2019, presentados esta semana contribuyen a encender las señales de alarma. En primer lugar, identificó un posible daño patrimonial de 17 mil 782 millones de pesos de recursos federales transferidos a 31 gobiernos estatales, excepto Querétaro, en los rubros de educación y salud. Por su parte la revisión de la cuenta pública del gobierno federal de 2019 requiere de la aclaración del destino de 25 mil 748 millones de pesos.
Según encuesta (marzo 2020) de MCCI los mexicanos siguen considerando corruptos a sus gobernantes: presidentes municipales (61?%), gobernadores (57?%) y hasta el presidente de la República (38?%). Esta percepción de corrupción se incrementó en todos los casos respecto al año pasado. Sobre la figura del presidente es importante destacar que, si bien su percepción de corrupción ha aumentado, una mayoría todavía lo considera honesto y más honesto que los gobernantes locales.
La alternativa institucional, la que trasciende el tiempo, es encaminarse a la construcción del gobierno abierto y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno electrónico, la participación ciudadana y la colaboración. Es necesario hablar con la verdad, la corrupción persiste y sólo puede combatirse construyendo una sinergia institucional ciudadana, de otra manera se irá al fracaso.
