Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Las constituciones regulan el poder político, las formas de acceso y ejercicio de ese poder, establecen la forma de gobierno las atribuciones y límites de los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. En el caso de la Constitución mexicana también existen regulaciones sobre el poder económico y religioso, pero, sobre todo la distingue la presencia de los derechos sociales.
El contenido normativo de la Constitución refleja un equilibrio de las fuerzas políticas, la coyuntura actual manifiesta, de forma muy evidente, la transformación del equilibrio político dominante en el país prevaleciente en las últimas tres décadas. Por eso es relevante intentar desentrañar la lógica política y del poder, de las reformas constitucionales de la actual administración. Es claro que las reformas constitucionales son una cara de la moneda de la lógica política, la otra cara son la instrumentación de diversas políticas públicas como son: la laboral, salarial, rescate de Pemex y CFE, etc.
La actual administración gubernamental ha realizado diez reformas constitucionales vigentes y cuatro se encuentran en tránsito de aprobación definitiva. De estas cuatro últimas, la de juventud se encuentra pendiente su promulgación y las relativas al Poder Judicial de la Federación y la de nacionalidad cuentan apenas con dos votos aprobatorios de congresos locales, la que modifica el fuero tiene la aprobación de dieciocho congresos.
Las reformas podríamos aglutinarlas en tres grandes temas: seguridad y anticorrupción, social y político. Obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados no ha presentado mayores obstáculos, a excepción del intento de reformar el artículo 41 constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos, tema en el que ni siquiera los aliados de Morena (PT, PES y PVEM) estuvieron de acuerdo. La Cámara de Senadores representa un espacio de negociación diferente, porque Morena y sus aliados no logran la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Otro aspecto a resaltar es que la aprobación en los congresos locales no ha representado ningún sobresalto, porque Morena cuenta con la mayoría parlamentaria en más de la mitad de ellos.
Este escenario favorable para Morena para impulsar reformas constitucionales no ha estado exento de la instrumentación de una la estrategia de negociación parlamentaria. Varias de las reformas no tienen su origen en una iniciativa presidencial o de Morena, lo cual les permitió a los grupos parlamentarios del nuevo partido mayoritario, de forma particular en el Senado de la República, obtener la mayoría calificada, de los dos tercios en cada Cámara del Congreso, requerida para la aprobación de las reformas constitucionales.
En el caso de las reformas sobre seguridad y anticorrupción tiene un origen diverso. La de extinción de dominio, modificó lo artículos 22 y 73, tiene su origen en una iniciativa presentada por el PAN en 2017, pero es hasta la nueva legislatura que se aprueba con modificaciones. La reforma para la Guardia Nacional implicó modificar diez artículos y dar facultad al Congreso para expedir tres leyes: la Guardia Nacional, Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Nacional del Registro de Detenciones. Esta reforma tuvo su origen en Morena, con especial atención presidencial, pero fue aprobada con modificaciones hechas en el Senado. En el caso de la reforma al artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa hubo iniciativas del PT, Morena, PAN y PRI y la Cámara de origen fue la de Senadores y se aprobó sin dificultad por la Cámara de Diputados. Las iniciativas de reforma al artículo 28 para prohibir la condonación de impuestos fue presentada por el Ejecutivo Federal y el PRI. Es importante señalar que estas tres reformas fueron las primeras y se realizaron en primer semestre del año 2019, a excepción de la referente a la condonación de impuestos, que fue en 2020.
De las reformas de carácter social, la primera se refiere a la educación de la cual se presentaron siete iniciativas (Poder Ejecutivo, PRI, PAN, Morena y MC 2) y diputado independiente). La presencia de una iniciativa presidencial le da otro nivel al calor del debate legislativo, pero es relevante señalar, que la premisa común de los diferentes grupos parlamentarios del interés de arribar a una reforma innovadora fue esencial; de otra forma no se hubiera logrado el nivel de acuerdo obtenido. Se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley General de Educación Superior y la General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las reformas al artículo 4° de la Constitución referentes a la creación del sistema de salud para el bienestar, para garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Establece que el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente. Determina que las personas adultas mayores tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. Prevé que el Estado establecerá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.
La reforma al artículo 35 acerca de la equidad de género tuvo sobre la mesa cinco iniciativas (PAN, Morena 2, PRI y PVEM), la del reconocimiento a los pueblos, comunidades afromexicanas dos (Morena y PRD) y, la de movilidad vial se presentaron iniciativas del PAN 2, Morena y MC en el Senado y en la Cámara de Diputados 2 de Morena. En estos casos de ampliación de derechos las reformas constitucionales caminaron sobre rieles, sin mayores contratiempos.
Sin duda alguna las que mayor carga política tuvo fue la reforma sobre la consulta popular y revocación de mandato. Se presentaron trece iniciativas en el Senado de la Republica, los que no presentaron propuestas fueron PAN, PRD y PVEM. Un elemento polémico por su carga política fue la fecha de realización.
As manera de una conclusión preliminar podemos afirmar que existe un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas en el establecimiento de un estado de bienestar básico y la ampliación de derechos de sectores tradicionalmente marginados y hasta discriminados. Probablemente las razones de cada partido son diferentes, pero comparten el objetivo y si no lo comparten será muy difícil modificar la Constitución en este tema.
Otra preocupación compartida es la de la seguridad, aunque prevalece una visión punitiva, de la que no escapa Morena. No son claros lo motivos por los cuales los partidos opositores han aprobado las reformas más de carácter político institucional como son: consulta popular y revocación de mandato, la modificación, que no desaparición del fuero y la Reforma al Poder Judicial de la Federación. Es evidente que la mayoría de las reformas constitucionales realizadas en 2020, que son las de carácter social y político, tienen como consecuencia fortalecer la legitimidad gubernamental en un momento de crisis de salud y de confrontación política en la antesala de las elecciones de 2021. Las diferencias en el Congreso han aflorado en la discusión de las leyes secundarias, de manera particular fueron intensas en la ley de la Guardia Nacional. La mayoría de la legislación secundaria consecuencia de las reformas constitucionales están pendientes de elaborarse.
La Constitución de 1917 al momento de nacer contenía un proyecto de desarrollo económico nacionalista, sin excluir la participación extranjera, pero, regulándola. Las reformas estructurales aprobadas el sexenio pasado dieron un giro de ciento ochenta grados a las disposiciones constitucionales originarias, Morena no ha intentado reformar la Constitución para replantear el papel del Estado como promotor del desarrollo económico. Ese es un punto crucial, que indudablemente llevará a disensos irreconciliables. Los resultados de las elecciones de 2021 pueden dar pie a ese tipo de reforma o no. La moneda está en el aire.
