Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Las comunidades originarias han sobrevivido a la conquista, a la colonia, a los liberales, a los conservadores, a los revolucionarios, al régimen autoritario, a los neoliberales y algunas comunidades, en Oaxaca y la península de Yucatán, se están enfrentando a la 4T, por la construcción de los grandes proyectos del sexenio.
Morelos no es la excepción de estas luchas y, en el ámbito político electoral han logrado ser reconocidos 3 municipios y 162 comunidades como indígenas. Siempre han tenido una presencia activa en la defensa de sus territorios y derechos. Hoy diversos partidos políticos quieren menoscabar su derecho a la autonomía y autogobierno consagrado en la Constitución de la República.
La Lucha de estas comunidades se vio fortalecida por acciones emprendidas por la ex presidenta del Instituto Electoral de Morelos (IMPEPAC), Ana Isabel León Trueba y las resoluciones de la Sala Regional de la Ciudad de México (SCM) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El 29 de junio de 2018 esa Sala dictó sentencia del expediente SCM-JDC-403/2018, en la que instruyó al Instituto Electoral de Morelos, al Congreso local y al Gobierno del Estado para realizar diversas acciones con la finalidad de revertir la discriminación y la desigualdad en contra de las personas y comunidades indígenas del Estado de Morelos. Los efectos de la sentencia consistieron en:
Que el Congreso del Estado de Morelos, al menos noventa días antes del inicio del siguiente proceso electoral ordinario local, armonizara la Constitución Local y la legislación interna a la Constitución Federal y tratados internacionales en materia de derechos indígenas, por cuanto hace a garantizar su acceso en condiciones de igualdad sustantiva a las candidaturas para los cargos de elección popular. Hasta el momento el Congreso no ha realizado la armonización ordenada por la Sala.
Que los partidos políticos que participan en el ámbito estatal implementen medidas afirmativas en favor de los indígenas para los procesos de selección y designación de candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos en Morelos. El órgano electoral local deberá verificar que dichas acciones sean efectivas.
Que el Instituto electoral local, en forma previa al inicio del próximo proceso electoral, realice los estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena para el caso de registro de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos. Deberá también verificar y determinar, por los medios adecuados, la existencia histórica del sistema normativo interno en las comunidades indígenas que corresponda, y en su caso, realizar una campaña de difusión de información respecto de los requisitos y el procedimiento para que un pueblo o comunidad indígena elija a sus autoridades internas a través, exclusivamente, de sus sistemas normativos internos, así como la consulta respectiva a las comunidades.
Que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto del Gobernador de la entidad, en el ejercicio de sus funciones y de ser necesario, coadyuve y colabore para que el Congreso del Estado, los partidos políticos y el Instituto Electoral Local realicen los actos ordenados por el Tribunal.
Lo instruido por la SCM del TEPJF encontró fuertes resistencias para su ejecución tanto al interior del IMPEPAC como en el Congreso del Estado. En el órgano electoral tres consejeros y una consejera: José Enrique Pérez, Alfredo Javier Arias, Isabel Guadarrama y Xitlali Gómez Terán impidieron de diversas maneras el cumplimiento a la sentencia, por ejemplo obstaculizaron las acciones emprendidas por la entonces Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba, evitando con pretextos de índole administrativo que se firmara un convenio con la universidad del estado para la realización del estudio solicitado por la SCM; retirando del orden del día las propuestas de difusión para informar a las comunidades indígenas presentadas por la presidencia del Instituto, agrediendo durante las sesiones a la presidenta del IMPEPAC en lugar de analizar los argumentos presentados, entre otros obstáculos. De esa manera se aprobaron 16 acuerdos que violentaban los derechos indígenas en lugar de garantizarlos.
En el mes de agosto de 2020 la SCM del TEPJF, por unanimidad (SCM-JDC-88/2020 y acumulados), revocó los acuerdos aprobados, por mayoría, en el CEE del IMPEPAC (4 votos a favor de los 4 consejeros y consejeras antes citados, y 2 votos en contra de los entonces Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba y Consejero Electoral Dr. Ubléster Damián Bermúdez) porque en esencia negaban los derechos políticos electorales de las personas y comunidades indígenas de Morelos.
En la resolución citada se instruye al IMPEPAC para que apruebe nuevos acuerdos mediante los cuáles defina las acciones afirmativas que garanticen la representación indígena tanto en los ayuntamientos como en el Congreso del Estado de Morelos. Los magistrados de la sala regional precisan que deberán tomarse en cuenta los datos de la población indígena proporcionados por el INEGI en la encuesta Intercensal 2015, así como, la información contenida en los decretos del Congreso del estado de Morelos mediante los cuales aprueba las comunidades indígenas de la entidad y NO la población hablante de la lengua como lo hicieron los 4 consejeros en los acuerdos revocados.
El IMPEPAC elaboró nuevas acciones afirmativas teniendo como base el análisis realizado por la entonces presidenta Ana Isabel León y el consejero Ubléster Damián, que además fue presentado a la SCM como voto particular en contra del acuerdo 65 aprobado por mayoría del Consejo Estatal Electoral (CEE). Dichas acciones quedaron plasmadas en los acuerdos 117 y 118, aprobados en la sesión del 28 de agosto 2020 del CEE. Los acuerdos mencionados fueron impugnados por el Partido Humanista y otros actores. La SCM el 22 de octubre de 2020, mediante sentencia SCM-JRC-4/2020 y acumulados, confirmó los acuerdos del IMPEPAC.
La M en C Ana Isabel León fue hostigada por la mayoría de sus colegas durante todo el proceso realizado para dar cumplimiento a la sentencia 403 de la SCM, a pesar de ello y de las resistencias enfrentadas, finalmente se arribó a la aprobación de acciones afirmativas que realmente benefician a las personas y comunidades indígenas de Morelos. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2020 el INE decidió remover a la presidenta de su cargo, dejando en manos de los consejeros que se han opuesto a garantizar los derechos político-electorales de las personas indígenas de Morelos, la ejecución de los acuerdos aprobados por el CEE y confirmados por el Tribunal Electoral.
La Mtra. León Trueba es reconocida en Morelos por el trabajo realizado en beneficio de las comunidades indígenas y de las mujeres, esto es de conocimiento público. Es necesario señalar que el hostigamiento persiste, actores políticos con intereses turbios que se esconden en el anonimato, detrás de personas vinculadas a ellos y entre los que podrían incluirse a algunos de los consejeros citados en párrafos anteriores, pretenden denostarla y agredirla mediante la presentación de escritos en su contra o de artículos periodísticos como el publicado el 3 de febrero en el Diario de Morelos, acusándola de hechos inverosímiles como es la división de una comunidad indígena y creando un ambiente que pone en riesgo su seguridad personal.
Los hechos descritos ponen de manifiesto la fragilidad de nuestra democracia, en particular cuando se trata de respetar los derechos políticos de las comunidades originarias. En los actores políticos no existe conciencia de que lo establecido en el artículo segundo de la Constitución implica la construcción de una democracia multicultural. Morelos tiene la oportunidad de que la democracia de un paso adelante, si se logra una representación indígena en los municipios y en el Congreso del estado. De lo contrario, si la clase política no lo permite estará impidiendo la consolidación democrática constitucionalmente establecida.
