Por Danner González
@dannerglez
La transparencia y la rendición de cuentas son dos principios imprescindibles para todo régimen que se asuma como democrático. Ante los retos que impone el contexto global del Siglo XXI resulta necesario que ambos elementos sean adoptados como imperativos éticos en las sociedades del mundo –ciudadanía y representantes populares–, con la finalidad de instaurar prácticas a las que cada uno se comprometa a desarrollar por convicción, con independencia de lo dispuesto en el orden jurídico nacional.
El reto es mayúsculo si tenemos en cuenta la pérdida o distorsión de valores con la que crecen las nuevas generaciones, así como la impunidad y corrupción de los gobiernos del pasado. Gradualmente conceptos como la ética y la moral han sido excluidos de los patrones de comportamiento entre la población. Es urgente cambiar esa sinergia para comenzar a reconstruir una sociedad con principios y valores que se traduzcan en una amalgama virtuosa donde fenómenos como la violencia y la inseguridad sean combatidos desde de la formación de niños pensantes que en un futuro se conviertan en adultos críticos y preocupados por su entorno; y desde una nueva manera de concebir al servicio público –gobernar escuchando y comunicando–.
Respecto a la ética y la moral, es pertinente precisar que la primera es la reflexión filosófica sobre la segunda. Así mientras la ética analiza problemas en su generalidad, la moral implica reglas y códigos de acción. En este sentido, es muy positivo que en la Cuarta Transformación de la vida pública en México se reediten y sean revalorados instrumentos como la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, tratado en donde se destaca el respeto y el amor a nuestra persona, la familia, la sociedad, la patria, la humanidad, la naturaleza y la educación.
Bajo esos postulados, la transparencia y la rendición de cuentas en la nueva etapa de la vida pública en México tienen que posicionarse como la herramienta más eficaz para legitimar, comunicar e instrumentar las acciones de gobierno que buscan atender las diversas y complejas demandas sociales en el contexto globalizado del cual formamos parte. En la efervescencia de los Gobiernos Abiertos, la ciudadanía exige de sus representantes un comportamiento basado en valores éticos y morales que contribuyan al cumplimiento de las funciones y deberes que les son conferidas a través del mandato popular. Con el derecho humano al acceso a la información consagrado en la Constitución Federal, no hay cabida para ninguna cuestión que contravenga las leyes, las normas o las reglas de sana administración y de buena conducta; y mucho menos hay espacio para acuerdos perversos que sean de naturaleza ilícita o contraria a la ética.
En este tenor, una de las fortalezas de la Cuarta Transformación de la vida pública en México es su régimen de gobierno basado en la honestidad y la austeridad. Este binomio representa la columna vertebral del combate a la corrupción e impunidad que laceró a nuestro país durante décadas. El conducto por el que se materializa este postulado de la 4T es la fórmula inequívoca de transparencia y rendición de cuentas, basta señalar que el Congreso de la Unión, con mayoría morenista en ambas Cámaras, ha convertido al Parlamento Abierto en un elemento esencial dentro del proceso legislativo de los temas de mayor calado y el titular del Ejecutivo Federal, desde Palacio Nacional lleva a cabo una comunicación gubernamental de la que no se tiene parangón alguno.
