Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La comunidad indígena de Hueyapan, Morelos, vive una situación difícil y compleja. El 8 de marzo, después de una mesa de diálogo fallida, convocada por el gobierno del estado, un grupo de pobladores vinculados a actores políticos internos y externos a la comunidad, interceptó en calles de Cuernavaca a integrantes del Concejo Municipal y del Concejo Mayor, los golpearon, destruyeron los autos en que viajaban, y los subieron a transportes oficiales los secuestraron. Personal de seguridad del estado de Morelos montó un operativo y detuvo a los actores en la caseta de Tepoztlán, liberó a las personas raptadas, recuperó los vehículos oficiales y detuvo a 16 personas. Lo sucedido ha generado confusión y división entre los habitantes de Hueyapan.
En el fondo del conflicto existe tensión entre dos concepciones sobre la organización del gobierno comunitario: El grupo de pobladores vinculado a actores políticos prefiere un consejo municipal integrado por un presidente, un síndico y regidores pues les permite concentrar el poder en un grupo reducido de personas, mientras que otro grupo defiende la organización comunitaria basada en sus formas y estructuras tradicionales, como son: la asamblea general comunitaria, las asambleas de barrio, el Concejo Mayor integrado por 5 personas mayores nombradas en cada barrio, los comandantes designados dos por barrio, los jefes de manzana elegidos por los vecinos y el grupo encargado de la seguridad de la comunidad llamado “los Tigres”. Esta organización comunitaria que existe desde hace mucho tiempo promueve la participación directa de la población en la toma de decisiones, genera una supervisión permanente de la ciudadanía y del Consejo Mayor sobre las acciones de las autoridades, por lo que el poder político está distribuido en diversas instancias comunitarias. Otras autoridades importantes en la comunidad son el Comité del Agua, el Comisariado de Bienes Comunales y el de Bienes Ejidales.
Desde la creación del Municipio Indígena de Hueyapan en diciembre de 2017, la mayoría de sus habitantes ha manifestado en diversas asambleas su deseo de organizarse conforme a sus usos y costumbres, sin embargo, han encontrado fuertes resistencias en instancias gubernamentales y al interior de su comunidad.
La asamblea comunitaria de Hueyapan, el 11 de febrero 2018, eligió a las personas que integrarían el Consejo Municipal, acordando que todos tendrán la misma jerarquía. El Congreso del Estado, el 9 de mayo 2018, aprobó (Decreto 2852) designar a los integrantes del Concejo Municipal propuestos por la comunidad, sin embargo, señaló que, al instalarse el Concejo Municipal, de entre sus integrantes, se elegirá quién desempeñaría el cargo de Presidente, Síndico y Regidores.
David Montes concejal vocero, hermano del exdiputado Javier Montes, aprovechando la confusión legal generada por el Congreso, se presenta en diversos foros como Presidente de Hueyapan. En la Asamblea General Comunitaria del 8 de julio 2018, la población de Hueyapan señala su desacuerdo con el Decreto 2852 por lo antes señalado y deciden destituir a David Montes como concejal vocero.
El 27 de septiembre, la población a través de su ayudante municipal, presenta un Juicio en contra del Congreso del Estado y otras autoridades, debido a que éstas no han reconocido a los concejales designados por la comunidad en las asambleas realizadas en los meses de julio a septiembre 2018, además de no reconocer la voluntad de la población de Hueyapan de ser gobernada por un concejo donde todos los concejales tengan la misma jerarquía y no por un ayuntamiento integrado por presidente, síndico y regidores.
El Tribunal Electoral (TEEM) admite el juicio TEEM/JDC/433/2018. Se inicia la cadena impugnativa que culmina el 14 de enero 2019 con la resolución del TEEM que da cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-1240/2018, así los tribunales reconocen el derecho de autodeterminación y autogobierno del Municipio de Hueyapan; El TEEM resuelve vincular al Gobernador y al Congreso del Estado, para que reconozca a las autoridades y la estructura de gobierno que la población indígena de Hueyapan se ha dado y ordena al Congreso reformar el artículo 1º. del Decreto 2852 mediante el cual se designa a los integrantes del Concejo Municipal y les tome la protesta de ley. La población de Hueyapan había triunfado. David Montes por resolución del tribunal quedaba fuera.
Un segundo obstáculo a la consolidación de la organización comunitaria en Hueyapan, son los Conflictos internos entre integrantes del Consejo Municipal y entre algunos de ellos con el Consejo Mayor. A decir de algunos pobladores el motivo de las diferencias radica en que algunos concejales, en particular el ex_vocero Jorge Pérez no aceptaba la intervención del Consejo Mayor en la supervisión de las acciones emprendidas por ellos. En la Asamblea del 23 de julio de 2020 se pide a los entonces vocero y tesorero que presenten un informe de las actividades realizadas y de los recursos utilizados, ante esta petición el Vocero y otros siete concejales deciden renunciar. La asamblea acepta las renuncias y solicita a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización que realice una auditoría del ejercicio 2019. Los concejales que renunciaron presentan el 4 de agosto un juicio ciudadano (TEEM/JDC/30/2020) manifestando que fueron obligados a renunciar, iniciándose otra cadena impugnativa que concluye con la resolución del TEEM del 24 de diciembre 2020, en la cual establece que los agravios de los denunciantes son infundados o inoperantes. Los 8 concejales que renunciaron quedaban fuera del Consejo Municipal.
Un tercer obstáculo para la consolidación de la vida comunitaria, es la forma de actuar de ciertos grupos que buscan el poder y el control del nuevo municipio al no aceptar las resoluciones de los tribunales. Estos grupos recurren a la manipulación de la población y a la violencia. El 3 de enero 2021 convocaron a una asamblea, utilizando la organización comunitaria del Comité del Agua que tiene representantes por cada manzana y que están obligados a acudir a las reuniones. Los convocantes propusieron destituir al Consejo Municipal y elegir otras personas el 10 de enero en Asamblea. Según la versión de algunos pobladores y como se observar en videos difundidos en redes sociales, una buena parte de los asistentes se opuso a esta propuesta, sin embargo, los organizadores enviaron un escrito al Gobernador del Estado para informarle que se había destituido al Consejo Municipal, avalaron su escrito con la lista de asistentes a la reunión, lo que no implica su acuerdo con la propuesta de destitución. El 10 de enero realizan la asamblea y eligen a un consejo Municipal integrado por un Presidente, un síndico y tres regidores, violando la resolución del TEEM.
El 12 de enero los integrantes del Consejo Municipal y del Consejo Mayor presentaron impugnación ante el TEEM para invalidar las asambleas del 3 y 10 de enero. El 20 de febrero el TEEM confirmó a las autoridades electas el 23 de julio 2020, invalidó las asambleas del 3 y 10 de enero y ordenó al Consejo Mayor realizar nuevas elecciones para elegir a los concejales que faltan para integrar el Consejo Municipal. La comunidad de Hueyapan había triunfado nuevamente.
Los pobladores inconformes con la resolución del Tribunal recurren a la violencia lo que evidencia su interés en apropiarse del poder en Hueyapan y eliminar la organización comunitaria existente. Jorge Pérez en un video lo expresa claramente: “Hubo una asamblea en la plaza principal donde los ciudadanos presentes tomaron la decisión de removernos del cargo, al consejo mayor, a los comandantes, a los jefes de manzana, por lo cual nosotros venimos a manifestar nuestra conformidad…”
Las autoridades de Hueyapan viven un clima de violencia y de desprestigio hacia ellas; intereses políticos y económicos de ciertos actores parecen no detenerse ante nada. Las instituciones federales y estatales están obligadas a proteger a las autoridades comunitarias y, junto con ellas, a realizar acciones para mantener la paz y sus pobladores estén en condiciones de construir el municipio indígena que desean.
