Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago

No es ninguna novedad que se ataque a la autoridad electoral. En el sinuoso e inacabado camino de construcción de la democracia mexicana ha sido una actitud recurrente de los diversos actores políticos cuestionar sus resoluciones cuando no les son favorables. Esa actitud es una prueba fehaciente del primitivismo de la cultura política presente en la mayoría de los actores políticos.

Siempre se han dado presiones sobre las autoridades electorales, claro hay de estilos a estilos. Desde las amables conversaciones y sutiles sugerencias, pasando por las nítidas insinuaciones de “nosotros no olvidamos a los amigos”, hasta las actitudes grotescas de tonos destemplados amenazantes y, culminando con el escopetazo del vituperio público disparado por los dirigentes partidarios o candidatos frustrados.

Lo novedoso hoy, es que, desde la presidencia de la República se cuestione, públicamente, al INE. En el pasado desde la institución presidencial se cuidaban las formas; el trato hacia los consejeros fue atento y comedido. El presidente no se involucraba directamente en disensos con la autoridad electoral porque ponía en entredicho la legitimidad gubernamental.

Los desacuerdos de la actual coyuntura tienen una larga historia iniciada en las elecciones presidenciales 2006 y en el nacimiento de un discurso justificativo de la derrota del actual presidente en esas elecciones. En esa elección hubo acciones fraudulentas e ilegales, sin duda alguna, pero no fueron acciones instrumentadas por el Instituto Federal Electoral; están enlistadas por el Tribunal Electoral en la “Declaración de Validez de la Elección de Presidente Electo de 2006”, pero las consideró inválidas no determinantes o, como la campaña propagandística de los empresarios “…se estimó que no estaba acreditada plenamente una intervención indebida de terceros a través de la difusión de algunos spots o promocionales, historietas, volantes o publicaciones periódicas, ni existen elementos para considerar que hubo un sesgo informativo de ciertos comunicadores en contra de Andrés Manuel de López Obrador…” También hay que decirlo, por parte del candidato perdedor se cometieron errores estratégicos en su campaña y en la impugnación misma.

Las reformas electorales, constitucional de 2007 y legal de 2008, crearon un nuevo modelo de comunicación política y establecieron las bases para sancionar a los servidores públicos que actuaran parcialmente o hicieran uso indebido de recursos públicos en los comicios. Esta reforma, hábilmente impulsada y negociada desde el Senado por Manlio Fabio Beltrones, fue aceptada sin chistar por el PAN; como dicen los abogados, “a confesión de parte relevo de pruebas”.

Lo sencillo discursivamente para el candidato derrotado y actual presidente era hacer responsable al IFE del fraude electoral y extendió esa narrativa a las elecciones de 2012. Aunque con la detención de Emilio LoZoya salieron a flote indicios sobre financiamiento ilegal de la campaña presidencial del PRI. De confirmarse que los sobornos de Odebrecht fluyeron a esa campaña, las denuncias de López Obrador de fraude adquirirán un alto grado de credibilidad.

En la reforma electoral de 2014 se puso énfasis en mejorar los mecanismos de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, especialmente los de campaña; nuevamente se pretendió subsanar deficiencias y rutas de escape para la evasión del rebase de topes de gastos de campaña, sobre todo la presidencial, ajustando el tema del prorrateo de ese gasto entre todas las campañas.

En el primer episodio de las tensiones de la actual coyuntura no podemos soslayar los hechos pasados como un ingrediente con sabor a resentimiento, aunque cada una de las partes ha puesto en el guiso del conflicto sus propios condimentos. El disgusto presidencial, porque los consejeros y otros funcionarios del INE se ampararon en contra de la ley de austeridad que les disminuía el salario, fue mayúsculo. Es innecesario entrar al debate de quien tiene la razón, debido a que lo sustancial es que en un país democrático los ciudadanos tienen derecho a impugnar acciones de las autoridades si consideran que sus derechos han sido vulnerados. Al ampararse, eso hicieron los consejeros, en este tema el reclamo es contra los Poderes Legislativo y Judicial que no lo resuelven idóneamente.

El segundo episodio es el tema presupuestal. El alto costo de la organización de las elecciones, enfocado erróneamente, se ha convertido en un asunto controvertido,. El presidente ha centrado el cuestionamiento en los altos salarios de los consejeros, cuando el impacto presupuestal de éstos no es significativo, pero es redituable el golpeteo mediático por ese flanco. Aunque, desde el INE no se han preocupado por buscar mecanismos de disminución del costo de las elecciones sin menoscabo de su calidad. El esfuerzo inicial, en 2015, con la creación de la Comisión de Modernización, fue dejado en el olvido a partir de 2017.

El tercer episodio fue el acuerdo del INE (15 de enero) sobre la prohibición de trasmitir las conferencias mañaneras revocado por el Tribunal, QUE suscitó el enojo presidencial y la descalificación de la autoridad por pretender callarlo. Pero, el mismo Tribunal, en su sesión del 31 de marzo, resolvió que las conferencias pueden continuar, pero absteniéndose de realizar propaganda gubernamental o información que incida en las preferencias electorales, además sugirió que no se trasmitieran íntegras; en este caso la respuesta presidencial, hasta el momento, ha sido el silencio.

El cuarto episodio es la aprobación de los lineamientos para la asignación de diputados de representación proporcional, con el fin de evitar la sobrerrepresentación al margen de las disposiciones constitucionales. Dichas disposiciones son añejas y con dedicatoria, pues se establecieron con el fin de evitar la sobrerrepresentación del PRI. El error del INE en 2015 (asumo la parte de responsabilidad que me toca por haber votado a favor) en la asignación de diputados que le dio sobrerrepresentación al PRI, no fue impugnado, debido a eso no existe resolución jurisdiccional que sirva de antecedente. Lo delicado fue persistir en el error en 2018. En este tema la autoridad electoral está subsanando un yerro para que la distribución de diputaciones de representación proporcional se realice respetando la normatividad constitucional.

Quinto episodio ha sido el retiro de las candidaturas a Morena; las más relevantes son las de Felix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. En este asunto la ley es dura, pero es clara: la no entrega de los informes de precampaña implica la cancelación del registro de la candidatura.

Defender a la institución electoral de los amagos del poder presidencial y de su partido no implica, necesariamente, compartir, totalmente, la visión o la actuación de los integrantes de sus órganos de dirección. Estamos siendo testigos de cómo la autocomplacencia lleva al país por derroteros inciertos y no fortalece la vida institucional.

Los consejeros electorales tienen todo el derecho de tener una visión política propia y hasta de pertenecer a un partido o grupo político, la ley no se los prohíbe; pero, desde su posición de árbitros, no tienen el derecho de tomar una postura militante y protagónica, como inicialmente fue asumida por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; aunque, afortunadamente, parece la mesura va retomando su cauce. La impresión que se proyecta es que no se ha dado una discusión colegiada sobre la postura a tomar frente a las descalificaciones del grupo en el poder.

Frente a los amagos del poder político la postura institucional no debe encaminarse a la confrontación, sino inducir el camino de la vía jurisdiccional para resolver las controversias, aunque a veces no nos gusten las resoluciones del Tribunal Electoral, esa es la vía. No está de más llamar al titular del poder ejecutivo y a su partido a serenarse. La estrategia de vulnerar a la institución electoral no es el camino para ganar elecciones, eso se logra convenciendo a los votantes de la justeza de sus propuestas. Es lamentable que desde el poder presidencial se deslegitime a la institución que es garante de la trasmisión, legal, legítima y pacífica de poder.

Javier Santiago Castillo

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.