Por Salvador López Santiago
@sls1103

En nuestro país se instrumentó desde hace más de tres décadas una política económica neoliberal que privilegiaba la estabilidad macroeconómica a costa del bienestar de la población. Este modelo generó profundas desigualdades y evidente descontento entre la población, por lo que su solución es una de las grandes apuestas del movimiento que triunfó en 2018.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que, en el año 1987, un trabajador necesitaba laborar casi 5 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica alimentaria, actualmente necesita trabajar más de 24 horas. Esto se debe a que, en los últimos 30 años, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha perdido en un 80%.

De acuerdo con el informe “Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político”, en México hay más de 53 millones de pobres; por si esto no fuera suficiente el 10% más rico del país concentra más del 64% de la riqueza del nacional y el 1% más rico tiene el 21% de los ingresos totales de la nación.

La desigualdad tiene efectos tanto en el ámbito político, económico y social. En lo político afecta porque los ciudadanos no pueden ejercer efectivamente sus derechos políticos y son utilizados como clientela política por los partidos políticos; la desigualdad propicia que no se aproveche el capital humano, tal como sucede en nuestro país en donde la mayor parte de la población no tiene acceso a la formación de capacidades lo que impide que la creación de talento que contribuya al desarrollo económico; por otra parte, al propiciar la permanencia duradera de la falta de acceso a oportunidades se incrementan las contradicciones sociales y el rompimiento del tejido social, lo que puede explicar los altos niveles de violencia y descomposición por los que atraviesa nuestro país.

Según estos datos, México se ajustaría a un modelo de instituciones económicas extractivas, porque tienen como objetivo extraer rentas y riquezas para beneficiar a un pequeño grupo, lo que explica porque nuestro país no ha alcanzado bienestar para sus ciudadanos, en virtud de que este tipo de instituciones bloquean el crecimiento económico tal como lo explican Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”.

Como lo ha señalado Thomas Piketty, el sistema capitalismo en sí mismo produce desigualdades y es con la actuación del Estado que se pueden reducir las asimetrías. Con la adopción del modelo neoliberal, el Estado mexicano renunció a su papel de ayudar a disminuir las desigualdades, cabe recordar que durante la etapa del Desarrollo Estabilizador en nuestro país se crearon las principales instituciones sociales de nuestro país, El IMSS, el ISSSTE el Infonavit son ejemplo de ello.

El modelo neoliberal no solo ha aumentado la pobreza y desigualdad en México sino también ha sido un fracaso porque la expectativa de crecimiento para nuestro país es muy baja, estimaciones de la Secretaría de Hacienda señalan que la economía mexicana tendrá una expansión de entre 1.1 y 2.1%. La llegada de un nuevo gobierno abrió la oportunidad para crear un nuevo modelo económico que cree bienestar para la población de manera compatible con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales México está obligado a cumplir.

Considero que en este nuevo modelo el Estado debe tener un papel preponderante en la reducción de las desigualdades, para ello es necesario mayor inversión del sector público. Esto no quiere decir que se desborde el gasto público, porque como ya ha sido comprobado esto genera crisis económica, lo que sugiero es que el gasto público se destine a impulsar el desarrollo de actividades productivas y el desarrollo de capacidades para la ciudadanía. En el contexto impuesto por la pandemia por la Covid19, son adecuadas las políticas asistencialistas del actual presidente son necesarias, pero insuficientes y así lo demuestra el panorama adverso de los pequeños comercios que han quebrado en la pandemia o las personas que no tienen acceso a ningún programa social y sufren las casi nulas oportunidades de empleo en la actualidad; en todo caso, sería mejor redoblar los apoyos para el desarrollo de capacidades.

Nuestro país se encuentra inmerso en una economía globalizada y su alta dependencia de la economía de Estados Unidos lo vuelve muy vulnerable a las crisis que podrían ocurrir en dicho país, tal como sucedió en el año 2008 cuando esta economía colapso por la crisis inmobiliaria o como ocurrió en los momentos álgidos de las negociaciones del T- MEC, que entre otras cuestiones, puso como requisito, una reforma laboral que contribuyera a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que propiciará que se busque atraer a la inversión extranjera con bajos salarios.

Resulta necesario diversificar las relaciones comerciales de nuestro país y fortalecer las capacidades de los ciudadanos, a fin de fomentar las vocaciones productivas del país y revitalizar las empresas manufactureras del país, de esta manera. En los próximos años el gobierno mexicano debe recuperar su relevancia en la economía mexicana e impulsar una política industrial que no responda a los intereses del mercado global, sino que se enfoque a las necesidades internas del país.

Así como ocurrió cuando Vicente Fox sacó al PRI de los Pinos, la mayor parte de los mexicanos tenemos la esperanza de que es posible un cambio que mejoré las condiciones de vida de nuestro país, sin embargo, hasta el momento podemos apreciar que a pesar de que en el discurso Andrés Manuel López Obrador ha decretado la muerte del neoliberalismo, en los hechos no se ha notado un cambio significativo o contundente que apunte a que dicha afirmación es cierta: Ha quedado en una mera cuestión discursiva que la base más radical defiende como dogma y con argumentos maniqueos; mientras que los más críticos, tienen que salir a dar debates cada vez más complejos.

Salvador López Santiago

Salvador López Santiago

Es Licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de Maestría en Derecho Parlamentario en la UAEMéx y se encuentra en proceso de titulación de la Maestría en Ciencia Política en la UPAEP. Fue Consejero Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015, respectivamente. Asimismo, se ha desempeñado como asesor legislativo en el Senado de la República de octubre de 2012 a la fecha, en la LXII, LXIII y la LXIV Legislatura que inició en septiembre de 2018. Desde enero de 2020 es director editorial en Tempo, Política Constante.