Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Después de las elecciones intermedias y la consulta popular, nuevamente, vientos de tormenta acechan al Instituto Nacional Electoral (INE). La consulta popular se instrumentó con los recursos disponibles. Con limitaciones, sobre todo en el número de casillas instaladas, pero sin cuestionamientos técnicos relevantes. Concluidos los procesos electorales federal y locales, el balance para el INE y los institutos de las entidades federativas es positivo. La no anulación de elecciones de gobernador y el acuerdo entre los grupos parlamentarios en la distribución de comisiones en la Cámara de Diputados trajo, aunque sea momentáneamente, una tregua entre las fuerzas políticas.
Los cuestionamientos desde el poder al INE antes de las elecciones y de la consulta popular tenían un objetivo claro: favorecer el discurso oficial abonando al incremento de la legitimidad gubernamental con la mirada puesta en la elección presidencial de 2024. Hoy el INE tiene varios frentes que atender, la distritación, de manera relevante el presupuestal, que tiene relación con la revocación de mandato.
El INE aprobó, el 27 de agosto, la nueva distritación, seis entidades perdieron distritos: Ciudad de México dos; Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz uno. Otros cinco estados incrementaron su número en un distrito: Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán; Nuevo León en dos.
Morena no discrepó a lo largo el proceso de elaboración de la nueva geografía electoral, hasta que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CdMx, expresó su desacuerdo, calificando de injusta la disminución de dos distritos a la CdMx. Morena amplió su desacuerdo a la disminución en el Edomex y Guerrero. La prensa informa que Morena ya recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las definiciones del número de distritos por entidad federativa es un cálculo sencillo que se deriva de la población existente por entidad federativa. Lo que ocasionalmente está a debate son los límites de los distritos, por diversas razones, que pueden ser culturales, sociales o políticas. En este caso los cuestionamientos no se sostienen. Sólo habrá que resistir las andanadas verbales descalificadoras, de bajo calibre, hasta que el tribunal resuelva la impugnación interpuesta por Morena.
En los casos del presupuesto y la organización de la revocación de mandato los vientos tormentosos pueden adquirir una velocidad inusitada. De golpe el presupuesto da la impresión de ser elevado, para comprenderlo es necesario desglosarlo. El presupuesto total es de 18 mil 827 millones de pesos. Esa cantidad se desglosa en: presupuesto base 11 mil 225 millones (incluye 5 mil 821 millones del financiamiento a los partidos políticos), Cartera de proyectos mil 858, revocación de mandato 3 mil 830 y consulta popular mil 913.
El INE participará, el año próximo, en la organización de las elecciones a Gobernado en: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, lo cual implica gastos, aunque la mayor parte del costo será sufragado de los presupuestos locales. Por otra parte, se previó la posible realización de la revocación de mandato y de una consulta popular, que de llevarse a cabo implicarían un gasto de más de 5 mil millones de pesos.
La Junta Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la comparecencia del consejero presidente del INE para que explique los alcances del presupuesto solicitado. Obviamente los grupos parlamentarios tienen ópticas distintas. Unos lo ven como una comparecencia para conocer las razones del monto presupuestal, Morena lo plantea como un mecanismo de rendición de cuentas. Por su parte, otro sector considera desmesurada la comparecencia del consejero presidente ante el pleno de la Cámara. De ninguna manera es inédito que los consejeros y consejeras participen explicando a los diputados o a otros actores políticos el uso que se dará al dinero público que se le otorga al INE. Es común las gestiones ante los coordinadores de los grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y, también con el Secretario de Hacienda y en algún caso, en el pasado reciente, hasta con el presidente de la República.
Una comparecencia para explicar el presupuesto del INE, en un ambiente de civilidad sería positivo. Ahora, si es para denostar a la institución sería sumamente delicado, para el INE y para Morena. A la institución electoral la colocaría en una confrontación nada benéfica para su trabajo y en el segundo caso, porque abonaría la imagen autoritaria que algunos críticos le adjudican. Objetivamente existe pocas posibilidades que se realice la revocación de mandato y todavía más lejana se encuentra la materialización de otra consulta popular.
Morena embistió al INE por su decisión de privilegiar el uso de una app telefónica para recabar las firmas, sólo se utilizarán formatos en papel en 274 municipios de alta marginalidad. Nada le costaba al Consejo General del INE ser flexible y permitir el uso generalizado de los dos medios y, así evitar la confrontación por un asunto secundario. Si Morena impugna esta decisión es muy probable que el Tribunal Electoral la revierta.
La revocación de mandato enfrenta otras dificultades prácticamente insalvables. Las disposiciones legales obligan a reunir casi tres millones de firmas, para solicitarla, en quince días, en al menos diecisiete entidades del país, con al menos el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de cada entidad. Para lograr lo anterior es necesario tener una estructura nacional de promotores muy numerosa y un grado de organización que los ciudadanos solicitantes no podrán construir en quince días. Sólo para comparar el número de ciudadanos necesarios para solicitar el registro de un nuevo partido, según el padrón electoral de septiembre de este año, sería de 238 mil 110 afiliados. Asimismo, se tiene más de un año para realizar todos los trámites incluyendo las asambleas distritales o estatales.
Los mecanismos de democracia directa pueden fortalecer la participación ciudadana en la definición de políticas públicas, si realmente permiten tomar decisiones vinculantes. En nuestro caso son evidentes las deficiencias normativas para su realización. Estamos frente a un claro acto de demagogia parlamentaria que sólo tendrá utilidad política.
