Por Rodolfo Torres Velázquez

@rodolfo_torresv

El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia eléctrica cuyo objetivo declarado es asegurar el abastecimiento confiable de la energía eléctrica a los precios más bajos. Dicha reforma se propone revertir la reforma energética neoliberal de 2013 que ha provocado una imparable sangría de los bienes públicos nacionales y la afectación de los consumidores.

Lo que hoy podemos entender al hablar de lo “neoliberal” es un modelo económico, cuya definición más clara se incubó, quizá, en el Coloquio Lippman, celebrado en París, a fines de agosto de 1938. En ese evento se expresó con detalle la comprensión del liberalismo económico a partir de esquemas de limitación del poder del Estado. Dado que el mercado era la respuesta a múltiples dilemas -afirmaban las conclusiones del encuentro-, el Estado debía tener un papel activo en su defensa y ampliación. De ahí sus estandartes: la preminencia del mercado, el libre juego de los precios y la libre competencia.

Para el neoliberalismo todo es, o puede ser, mercancía, aun los bienes vinculados al disfrute de derechos humanos: agua, alimentación, salud, educación, vivienda; sin importar que su eventual carencia (debido a su elevado precio) provoque profundos malestares, resentimientos y heridas sociales.

El neoliberalismo desprecia a la democracia porque significa la tentación permanente de pedir al Estado que intervenga en la economía. Postula la subordinación de la política a la economía para poner a las libertades económicas más allá de la política, fuera del alcance de las mayorías.

Para poner en práctica esa ideología, desde la década de los ochenta del siglo pasado, se utilizaron primordialmente instrumentos económicos orientados a menoscabar, dramáticamente, las capacidades financieras de los gobiernos. Desde la vertiente fiscal se condonó el pago de impuestos a los grandes contribuyentes; se les devolvieron impuestos, o se les permitió su desvío. Se alentó la corrupción que debilitó aún más las arcas del Estado. Para aquellos gobiernos que contaban con empresas públicas se estimuló su quebranto para justificar su transferencia a manos privadas. Esa premeditada carencia de recursos gubernamentales motivó que los organismos financieros internacionales exigieran a esos gobiernos la adopción de medidas neoliberales a cambio de préstamos. Las condiciones de endeudamiento impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial permitieron que el modelo neoliberal se expandiera rápidamente en el planeta.

En México, el masivo traslado de bienes públicos a manos privadas se llevó a cabo, principalmente, mediante la venta de activos públicos, a precios de remate, en los sectores de telecomunicaciones, petróleo, electricidad, ferrocarriles, salud, educación, infraestructura y, en general, en todos aquellos en los que el Estado tuviese alguna participación económica.

De esas transferencias se beneficiaron altos funcionarios públicos. Funcionarios que se convirtieron en receptores de esos bienes; directivos de las empresas privadas beneficiadas (entre ellos expresidentes y exsecretarios de estado); mercaderes de información privilegiada; o vulgares traficantes de influencias. En el caso de la industria eléctrica en México la Reforma Energética de 2013 constituyó un esquema de subsidio permanente e ilimitado hacia las empresas privadas a costa del presupuesto público. Aun en contra de su credo de “libre competencia”.

Uno de los mecanismos de subsidio, que ahora se propone combatir la reforma constitucional en materia eléctrica, es el mecanismo de despacho eléctrico. El despacho es la autorización que otorga el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para que una central eléctrica inyecte su generación en las redes para su comercialización.

Para el despacho diario, cada central eléctrica de la CFE debe ofertar al CENACE energía con un precio determinado, que sólo considera el costo variable y que, en esencia, es el precio del combustible, sin considerar el costo fijo que incluyen los gastos de inversión y financiamiento. Aunque, desde la perspectiva de los costos totales, la CFE tiene los más bajos, la imposición de la referencia de los costos variables impide que la energía generada por la CFE sea despachada. Ello, a pesar de que el artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica dispone que para el despacho deben considerarse los costos de producción, sin distinguir entre costo fijo o variable. Cabe recordar que fue un acuerdo administrativo de la Secretaría de Energía en el año 2017 el que dispuso, en contra de la referida ley, que se tomasen los costos variables y no los totales.

Debido a que la central de la CFE no es despachada y los contratos (llamados “legados”) de largo plazo, que le obligaron a signar, le exigen entregar energía que no tiene, la CFE se ve forzada a comprarla a los generadores privados a precios elevados. La pérdida económica por la energía no despachada es de 215.4 miles de millones de pesos anualmente; cantidad a la que hay que sumar la energía que tiene que comprar a un privado por un monto de 222.9 miles de millones de pesos anualmente. Esas cantidades se traducen, finalmente, en transferencias ilegales para los generadores privados.

El Despacho Diario, que en otros países representa entre el 2 y el 5 por ciento, en México alcanza el 25 por ciento. En otros países la mayor parte se comercializa mediante contratos de largo plazo. El alto porcentaje que se moviliza en México favorece una indeseada volatilidad extrema de precios en el mercado de corto plazo, que impacta en mayores costos para los usuarios finales y en pérdidas para la seguridad y confiabilidad de la red de transmisión eléctrica.

Por otro lado, en el pago a las centrales participantes, todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiándose sistemáticamente a los privados, que habiendo ofertado un precio bajo -el que garantizó su despacho-, en la liquidación, se les paga el precio más alto. Injustificable maquinación para seguir saqueando a la nación y continuar beneficiando a los generadores privados.

Es falso que la reforma proponga restituir un monopolio estatal. De hecho, la iniciativa establece que la CFE podrá generar, como máximo, un 54 por ciento de la energía que se consuma. Los privados podrán generar el 46 por ciento restante y se preserva el principio de competencia. Ello es acorde con lo dispuesto en el Artículo 25 constitucional que establece: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”.

Aprendamos la lección que hoy ofrece la situación energética en España y el Reino Unido. Dos países que abrazaron a plenitud el modelo neoliberal en materia eléctrica. Hoy, sus habitantes pagan hasta 4 y 70 veces, respectivamente, la tarifa que se paga en México, y aún no ha comenzado el invierno. De ocurrir una situación similar en México se provocaría un profundo desasosiego social que podría tener episodios violentos. Estamos a tiempo de evitarlo.

Rodolfo Torres Velázquez

Rodolfo Torres Velázquez

Doctor en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software por la Universidad de Newcastle en Australia; Maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; Ingeniero Químico Petrolero por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Diplomados: Sistemas y Arquitecturas Avanzadas en Informática por el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada; Análisis Político Estratégico, por el CIDE; Geografía Electoral Política y Territorio, por el Instituto de Geografía de la UNAM. Certificado en Machine Learning por la Universidad de Stanford y en Financial Markets por la Universidad de Yale.

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