Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

Las insistentes declaraciones del presidente sobre las universidades públicas me hicieron pensar: “eso si calienta”. Era, es evidente que las expresiones presidenciales, al menos, demuestran ignorancia del mundo laboral universitario. En medio de la pandemia, las universidades públicas realizaron, con todas sus carencias, un esfuerzo para no detener actividades. Profesores, trabajadores administrativos, que mantuvieron el cuarto de máquinas del navío funcionando, y los estudiantes, que sin las herramientas tecnológicas se han empeñado en seguir adelante. La frivolidad en el discurso empobrece el debate político, el cual debe ser de altura para encontrar caminos de solución a las dificultades enfrentadas por el país.

Las universidades no son los templos donde habitan las vírgenes vestales. Existen casos de comportamientos de directivos realmente deleznables, que sin duda alguna deben ser investigados y, en su caso, sancionados. Pero, de ahí a las acusaciones, de delincuencia organizada y utilización de recurso de origen ilícito, contra de los científicos del Conacyt existe una gran distancia, las cuales han caído por su propio peso, en dos ocasiones, ante los jueces. Para colmo la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, promueve un Código de Conducta que prohíbe a los empleados y proveedores de realizar críticas a las políticas y programas de Conacyt. No cabe duda que los doctorados no son las infalibles vacunas contra la estulticia. Para dirigir una institución no son suficientes las buenas intenciones, son indispensables capacidad administrativa y, al menos, algo de talento político.

Tuve que “serenarme” para no dar una opinión aconsejada por el hígado. Concluí eran dos los aspectos a considerar en el análisis: la función del Consejo de Salubridad General (CSG) y la política de educación superior del gobierno federal. En el primer caso, el artículo 73 constitucional establece que el Consejo dependerá directamente del presidente de la República y como “la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país”. Dicho Consejo es presidido por el Secretario de Salud, este año sólo ha sesionado una ocasión, 21 de agosto, y no se pueden consultar las sesiones anteriores. En el orden del día y en los asuntos a los cuales se les da seguimiento no está la pandemia del Covid-19.

Constitucionalmente, el Consejo, es el órgano responsable determinar los protocolos sanitarios para volver a las actividades colectivas, como lo es el retorno a clases. La actuación fantasmagórica del Consejo en el manejo de la pandemia se explica por el protagonismo del poder ejecutivo federal. Este es el telón de fondo en que se dan las descalificaciones a las universidades públicas, que llegaron al absurdo de acusar a los profesores de cobrar sin trabajar, por no retornar a las actividades presenciales.

Hasta por salud mental se comparte la idea de volver a clases en las universidades públicas, pero este regreso debe ser ordenado, de acuerdo a protocolos sanitarios aprobados por las instancias constitucionalmente responsables. La vacunación de los estudiantes debe ser una premisa esencial en esos protocolos. De otra manera la posibilidad del descontrol de la pandemia se acrecienta, con el riesgo de un incremento de fallecimientos de jóvenes.

El otro tema relevante es conocer la política en educación superior del actual gobierno. Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) nos encontramos con buenos deseos, que es imposible no compartir, pero existe una ausencia de como encaminarnos a que dejen de ser deseos y se transformen en realidades. La educación superior y el desarrollo científico, que ineluctablemente están atadas, no son excepciones.

El PND tiene dos menciones sobre educación superior y una sobre ciencia y tecnología. En las páginas 50 y 71 se expresa una crítica al periodo neoliberal por haber sometido a las universidades públicas a un “acoso presupuestal sin precedente” y el deseo de que todo joven que aspire a un lugar en una universidad lo tenga asegurado. Más de una página está dedicada al establecimiento de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En la página 68 se menciona que “El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas.”

En julio de 2020 se publicó el Programa sectorial Educación 2020-2024, que en la Estrategia prioritaria 1.6 establece “garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior…” como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral. Las acciones más relevantes de este punto son la ampliación de la matricula en la educación superior, la creación de universidades públicas de vocación comunitaria y sostenibles, con modelos educativos innovadores, propiciar la expansión de la oferta de posgrados, impulsar estudios sobre la capacidad instalada de los subsistemas de educación superior y sobre los requerimientos de profesionista y de personal académico para impulsar el crecimiento de la matricula.

En abril de este año se aprobó la Ley General de Educación Superior que establece como un objetivo prioritario “Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura, el deporte y la educación física, en los ámbitos internacional, nacional, regional, estatal, municipal y comunitario.” También se considerará que el financiamiento de las universidades públicas se realizará con una visión de largo plazo considerando, entre otros aspectos, el fortalecimiento académico y de las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión del conocimiento, la cultura y gestión institucional.

“Para orientar el desarrollo de la educación superior, la Secretaría elaborará de conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con el Programa Sectorial de Educación, un Programa Nacional de Educación Superior, que incluya objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales para cada uno de los subsistemas educativos, además de reconocer el diferente nivel de desarrollo de las instituciones que integran cada subsistema. Este documento será presentado en la programación estratégica del Sistema Educativo Nacional para el cumplimiento de sus fines y propósitos, será actualizado cada cinco años e incluirá una visión prospectiva y de largo plazo.” Hasta el momento no se tiene noticia de este programa. En agosto de 2021 instaló el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, pero no existe información sobre su agenda de trabajo.

De los tres documentos que menciona la ley como base para la elaboración del Programa de Educación Superior, sólo la misma ley tiene substancia. El PND y Programa sectorial de Educación no tienen un contenido estratégico. Lo delicado es la inexistencia del Programa Nacional de Educación Superior que sería el documento rector, para la elaboración de los programas estatales de educación superior, que debería contener líneas de acción para financiar la educación superior por cinco años. Además, tendrá que evaluarse el desempeño de las Universidades del Bienestar y definir como se insertan en el Programa. Ningún país del mundo ha logrado desarrollarse sin considerar a la educación como una acción del Estado prioritaria. “A mitad del camino” no existe la brújula que le proporcione rumbo a la educación superior.

Javier Santiago Castillo

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.

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