Por Santiago López Acosta
Durante más de una década, el World Justice Proyect (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) ha aplicado encuestas en más de 120 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho, generando información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. El índice de Estado de Derecho del WJP (WJP Rule of Law Index, en inglés) se ha convertido en una herramienta destacada para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y para la toma de decisiones sustentadas en evidencias.
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 es la tercera edición con mediciones subnacionales producido por el WJP, de las 32 entidades federativas del país, utilizando el mismo marco conceptual y metodológico aplicado a nivel mundial.
El Índice de Estado de Derecho presenta datos e indicadores originales, organizados en 42 sub-factores y ocho factores: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; y 8) justicia penal.
El Índice utiliza en México más de 600 variables generadas a partir de las respuestas de una encuesta aplicada a 25,600 personas y 2,300 especialistas en derecho penal, derecho civil, derecho laboral y salud pública y de información generada por otras instituciones como fuentes terciarias.
El Índice se centra en resultados e impactos de políticas públicas, como por ejemplo si las personas tienen acceso a tribunales o si la delincuencia se controla de manera efectiva, así como las experiencias y situaciones cotidianas de las personas, cómo el acceso a servicios públicos o si la disputa entre vecinos se resuelve en forma pacífica y efectiva con la intervención de mediadores independientes, además de reflejar experiencias y condiciones reales de los distintos sectores de la población, que reflejen la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
El Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho, y en la mayoría de los factores el país no sale bien librado, como es el caso del ranking de ausencia de corrupción, donde México recibe una evaluación de 0.43, lo que lo ubica en el lugar 113 de 139 países, un sitio menos que el año pasado, igual que una décima menos; en orden y seguridad, con una nota de 0.53 y el lugar 130; en justicia civil, con 0.37 y el sitio 131; justicia criminal, con 0.29 y el puesto 129; en límites al poder gubernamental, con 0.45 de calificación y el lugar 102; en cumplimiento regulatorio, con 0.44 y el sitio 105. En las categorías en las que México sale mejor evaluado son gobierno abierto, con una nota de 0.60 y el lugar 43, y derechos fundamentales, con 0.49 y el puesto 91.
Los estados con los puntajes más altos del índice WJP 20-21 fueron Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Yucatán ha liderado las tres ediciones del índice, mientras que Coahuila y Campeche subieron desde las posiciones 6 y 4 en la versión previa del índice, respectivamente. En contraste, los estados en los lugares más bajos de esta edición son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35) y Morelos (0.36). Se registraron incrementos modestos en los puntajes de 17 estados (Baja California Sur, Campeche , Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas); descensos en los puntajes de 5 entidades (Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz); y 10 estados permanecieron sin cambios en sus promedios (Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla).
En las tres ediciones publicadas desde 2018, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes del Índice: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40) y Nayarit (de 0.37 a 0.42).
El principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal, que se vio afectado por la falta de medidas oportunas y propicias de justicia abierta y digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias. Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado fue el que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público, y si se complementa con el dato de los delitos que no se denuncian, que alcanzó el 92.4% a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), demuestra la enorme desconfianza que tiene la sociedad del sistema y de las autoridades competentes.
Es lugar común escuchar que lo que no se mide y evalúa no se puede mejorar, lo cual es una verdad de Perogrullo, pero además debemos agregar que se empieza reconociendo que se tiene problemas y buscar la mejor manera de afrontarlos, con diagnósticos, información, planes y programas, estrategias y tácticas para su resolución. Los discursos, las declaraciones de los políticos y los compromisos y las meras promesas verbales, si no vienen acompañadas de lo anterior se quedan en la nada. El índice del WJP del Estado de Derecho en México contribuye a ello, ojalá que los responsables para su atención lo vean, revisen y actúen en consecuencia.
