Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
En el mundo crece la preocupación por una posible crisis energética, agravada por el pronóstico de un duro invierno en el hemisferio norte, que afectaría a Europa y a los Estados Unidos. Los combustibles indispensables para la producción de energía eléctrica han sufrido incrementos importantes. Durante este año el del gas fue del 490%, del petróleo 64% y del uranio 35%. Un informe de Bank of América reciente señala que los hogares europeos se enfrentan a dos años consecutivos de incrementos de las facturas de electricidad y gas de entre el 15% y el 30%. Francia escapa a esa tendencia, tiene una empresa pública sólida y el 77% de su electricidad se produce con energía nuclear.
La producción de energías limpias, a pesar de su incremento relativo importante, está lejos de sustituir, ni siquiera de equiparar la de combustibles fósiles. La realidad contraviene los buenos deseos de los acuerdos de París y muestra la hipocresía de muchos de los gobiernos del mundo. De acuerdo con Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021, elaborado por Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) “los planes y proyecciones de los gobiernos conducirían a una producción de 240% más de carbón, un 57% más de petróleo y un 71% más de gas en 2030…” Además, “Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los países han destinado… más de 300 mil millones de dólares a actividades relacionadas con los combustibles fósiles, más de lo que han destinado a la energía limpia.”
Este es el contexto internacional es que el Ejecutivo Federal ha presentado la iniciativa de reforma constitucional sobre energía y ha levantado ámpulas en el alma de los partidarios a ultranza del libre mercado. Los argumentos expresados por la Coparmex sintetizan la visión de los oponentes a la reforma. Las cuales van desde señalarla como una regresión hasta que es tóxica, pues incrementará los precios de la energía eléctrica para el consumo doméstico y empresarial, incentivará la entrega de mayores subsidios, lo cual afectará las finanzas públicas y remató: “La reforma eléctrica es un duro golpe contra un principio básico de una economía sana: la libre competencia”.
Además, con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Coparmex manifestó que la energía que genera CFE es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado (1,852 pesos por megawatt hora -MWh- contra 377 pesos por MWh).
Por su lado, la exposición de motivos de la iniciativa de Reforma Constitucional establece revertir la apertura total a la iniciativa privada del sector eléctrico al garantizar el 54% de participación de mercado de generación eléctrica a la CFE y el 46% para la iniciativa privada. En este caso la iniciativa argumenta que la reforma peñanietista abrió la puerta a la paulatina desaparición de la CFE en beneficio de las empresas privadas extranjeras y nacionales; pues obligaba a la CFE a comprar energía a los generadores privados a precios elevados, lo que la ha llevado a perder 223 mil millones de pesos anuales.
Desaparecerán las empresas productivas subsidiarias de la CFE, pues la dispersión tuvo repercusión que se perdiera el papel central en la planeación del desarrollo de la industria eléctrica con una visión donde prevaleciera el interés público y no el interés por la obtención de ganancias. la CFE se convierte en el único actor que puede comprar y suministrar energía. Pero, en el colmo del absurdo la CFE no puede comprarle energía a la subsidiaria Suministro Básico, sino, por ley está obligada a comprarla a privados en subastas a largo plazo.
Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la desaparición de los Certificados de Energías Limpias. Sin ellos, se vuelve inviable que México cumpla con su compromiso en materia de transición energética de generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 plasmado en el Acuerdo de París. Es necesario precisar que la CFE produce el 55% de las energías limpias en el país, además se ve obligada comprar energías limpias a los productores privados y, hasta el momento les ha pagado 6 mil 159 millones de pesos. Otro dato relevante es que el 98% del territorio nacional está electrificado e interconectado, esto es obra de la CFE, no de los empresarios privados.
La incorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la estructura de la CFE, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) los críticos las consideran acciones perniciosas para el desarrollo del sector al generar un clima de incertidumbre entre los participantes –públicos y privados– de la industria eléctrica que se traduce en bienes y servicios en cantidad, calidad y precio subóptimos. La empresa se convierte en el operador del mercado eléctrico. Implicaciones: El CENACE fue parte de la CFE hasta la apertura del sector energético. Regresar a un modelo en el que opere el mercado implica el retorno a un esquema en que la CFE decide las compras y el precio de la energía a generadores privados con un amplio margen de discrecionalidad.
El otro aspecto relevante de la iniciativa presidencial es establecer la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano, pues no podrá ser concesionada a particulares (con excepción de las concesiones vigentes), por su importancia estratégica para la transición energética del país.
La disputa es ideológica, política y económica; tiene dos bandos bien definidos: los partidarios del libre mercado y los de la recuperación de la rectoría energética del Estado. En el debate se ha omitido que el concepto constitucional de propietario privado es “superficiario”, el propietario sólo posee la superficie, no el subsuelo. Esta concepción fue una aportación al derecho universal de propiedad de los constituyentes de 1917. Por otro lado, la propiedad privada, aunque sea considerada un derecho natural, la Nación es la propietaria originaria de todos los bienes del territorio nacional y constituye las modalidades de la propiedad privada y, lo que es muy relevante: le pone límites en función del interés público.
Vale la pena recordar la aprobación del nuevo modelo de comunicación política en la reforma electoral de 2007-2008, en que el Estado limitó la libertad de contratación. En aras del interés público de velar por la equidad en la competencia electoral se limitó una actividad empresarial. En esencia estamos ante un caso similar con la iniciativa de reforma energética. Se está limitando a los particulares a la producción de 46% de energía eléctrica y se les limita la venta y distribución, con el fin de que, en la energía eléctrica y el litio, prevalezca el interés público, el interés de la sociedad, de los consumidores y no el interés por las ganancias.
Recuperar la rectoría del Estado en materia energética es la primera medida de fondo para modificar el modelo de acumulación de capital, recuperando la tradición de la izquierda, en particular del Partido Mexicano de los Trabajadores y del ingeniero Heberto Castillo, de defensa de los recursos naturales y rectoría del Estado en materia energética.
Los retos son complejos. Primero lograr la aprobación de la reforma constitucional; en caso de lograrse los desafíos técnicos y financieros tampoco son menores. La inclusión en la Constitución de la Transición energética y la permanencia de las Comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos son temas que tienen que ser evaluados técnicamente, son esenciales para la política energética a largo plazo. Es indispensable un diseño institucional nuevo, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que eviten que la CFE sea botín de empresarios y políticos deshonestos. La pandemia demostró que el Estado es una institución indispensable para la sobrevivencia de la sociedad. La economía es otro campo donde su actuación es indispensable. Que nadie se espante¡¡¡
