Por Salvador López Santiago

@sls1103

La vida pública de México atraviesa un momento histórico. Con el triunfo de morena en 2018, comenzó una reconfiguración inédita en el mapa político de nuestro país. Mientras que en 2015 —a la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto—, el PRI gobernaba en 19 de las 32 entidades federativas; después de la elección de junio de 2016 quedó con 12, al perder siete de las 12 gubernaturas que estuvieron en contienda; luego de la jornada electoral del 6 de junio de 2021, fue derrotado en 8 de los estados que seguía gobernando, quedado con presencia en 4 estados: Estado de México, Oaxaca, Coahuila e Hidalgo; y en las elecciones del próximo año, los sondeos y encuestas de opinión, indican que perderá Oaxaca e Hidalgo.

Esta tendencia —que se registra en sentido contrario para el partido que hoy ostenta la presidencia de la República— no es casualidad o producto de una concesión graciosa en favor de una determinada fuerza política, sino que forma parte de un proceso democratizador que tiene como uno de sus momentos más significativos a la elección presidencial de 1988. Sin entrar a detalle de dicho proceso que ha permitido la pluralidad en el parlamento, gobiernos divididos, alternancias en el poder y la celebración de elecciones libres y ordenadas, entre otras cuestiones; hay que decirlo con toda claridad, a pesar de las bondades que se han impulsado desde la oposición —ahora gobierno—, existen circunstancias que, de no ser atendidas, podrían desvirtuar una lucha de décadas que no es de un grupo político, sino que es un anhelo popular que se ha expresado en las urnas.

Me refiero a cuatro cuestiones elementales en toda democracia: no importa quién o qué grupo político gobierne —en el pasado, en la actualidad o el futuro—, las verdades absolutas nunca tendrían que ser la vía a seguir, por el contrario, la autocrítica, el diálogo, el debate y la construcción de acuerdos tienen que ser la base de la consolidación democrática en México; los pesos y los contrapesos siempre deben estar presentes, de no ser así, al menos, se correría el riesgo caer en esquemas similares a aquellos que concentraban el poder en cúpulas alejadas de la ciudadanía; las libertades son incuestionables y bajo ninguna circunstancia deben estar supeditadas a otros intereses, mucho menos deben ser motivo de agresiones o estigmatizaciones —la polarización en nada abona a la democracia—; y aunque coincido en que los partidos políticos siguen siendo el cauce idóneo para el ejercicio del poder político —sin desdeñar otras figuras, como las candidaturas independientes—, el rumbo de nuestro país, está y debe estar en la población mexicana, tal y como establece el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —de la soberanía nacional—.

En este orden de ideas, en mi opinión, todos los mexicanos —nos desarrollemos o no en la arena política—, estamos llamados a construir patria desde nuestras diferentes trincheras. Podemos coincidir con una u otra fuerza política, sin que eso represente un pasaporte para descalificar per se a quienes tengan concepciones distintas a nosotros, de hecho, la pluralidad de pensamiento y la crítica son elementos sanos en los regímenes democráticos del mundo. Después de la elección del 6 de junio de 2021 y en la antesala de las elecciones de 2022 y procesos como la revocación de mandato, sería muy positivo que toda la ciudadanía se convierta en fiscalizadores permanentes de nuestros representantes populares, para verificar que lo prometido en campaña y lo dicho en el discurso público coinciden con las acciones de gobierno y legislativas; pero también para refrendar o replantear el sentido de nuestro voto. Que quede claro, el voto en las urnas no es un cheque en blanco y los cargos son pasajeros, por eso es importantísimo que aquellos que tienen el privilegio de representarnos honren el mandato para el cual fueron electos.

Salvador López Santiago

Salvador López Santiago

Es Licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de Maestría en Derecho Parlamentario en la UAEMéx y se encuentra en proceso de titulación de la Maestría en Ciencia Política en la UPAEP. Fue Consejero Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015, respectivamente. Asimismo, se ha desempeñado como asesor legislativo en el Senado de la República de octubre de 2012 a la fecha, en la LXII, LXIII y la LXIV Legislatura que inició en septiembre de 2018. Desde enero de 2020 es director editorial en Tempo, Política Constante.

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