Por Santiago López Acosta

La semana pasada se dio un hecho inédito en la vida pública del país con la comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello (LCV) ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para explicar la solicitud de presupuesto del Instituto para el próximo año de 2022.

Sin estar obligado constitucional ni legalmente para ello LCV acudió a la cita, no con la Comisión de Presupuesto, que sería el órgano indicado, sino ante el Pleno de los 500 diputados quienes, en su mayoría, estuvieron en forma presencial algunos, y otros a la distancia.

Acompañado de  consejeras y consejeros electorales del Consejo General y de integrantes de la Junta General Ejecutiva, LCV presentó la solicitud de 24 mil 650 millones de pesos, la cual se compone de tres grandes rubros: 5 mil 821.8 para el financiamiento de los partidos políticos, que está marcado en la Constitución y en la Ley Electoral; 5 mil 743.5 como ‘presupuesto precautorio’ para una posible consulta popular que puede ser promovida por el Ejecutivo, por alguna de las cámaras o por la ciudadanía y para organizar el probable proceso de revocación de mandato, si se logra obtener el 3% de los inscritos en la Lista Nominal Nacional al 15 de diciembre próximo; y 13 mil 084.1 para el presupuesto base de operación del INE y la cartera institucional de proyectos.

El propósito de la comparecencia era el análisis y en su caso cuestionamiento, acerca de la propuesta de presupuesto del INE, pero la mayoría de los posicionamientos y preguntas de los legisladores de los siete grupos parlamentarios giraron en torno a diversos tópicos de carácter político-electoral y señalamientos de carácter político sobre decisiones y acuerdos que tomó el INE en el reciente proceso electoral, incluso hasta de carácter personal contra LCV y el consejero Ciro Murayama.

La Cámara de Diputados en Pleno, fiel a su naturaleza, fue el escenario para el debate político con el consejero presidente del INE, de manera personal y directa, más allá de los espacios mediáticos que hemos visto en los últimos tres años, y la propuesta de presupuesto para 2022 del INE fue el pretexto para ello.

Conozco bien a LCV y por supuesto que no desaprovecho la oportunidad, con su sólida formación y preparación académica y su larga experiencia profesional en asuntos político-electorales, además de su conocida elocuencia como polemista, participó de manera protagónica en el debate, y en algunos momentos, hasta con entusiasmo desmedido, que le amerito señalamientos de que le bajara al nivel del propio presidente de la cámara y de algunos legisladores.

El propio LCV mencionó a su padre, Arnaldo Córdova, gran luchador e ideólogo de la izquierda mexicana en el siglo pasado, en la época del viejo régimen autoritario, donde ser opositor y de izquierda era no solo riesgoso sino hasta temerario, señalando una cita cuando fue diputado del PSUM (Partido Socialista Unificado de México) acerca de la división de poderes y de la necesaria construcción democrática. Ese antecedente y la referencia familiar, hábilmente utilizado, le valió múltiples menciones y reconocimientos a su padre, incluso de diputados de Morena y del PT, principales detractores de su gestión.

La comparecencia y el debate que se dio por más de cinco horas, entre el consejero presidente del INE y los diputados, por primera vez con el titular de un órgano constitucional autónomo, con todo y las groserías, insultos y descalificaciones, que no faltaron, es una práctica democrática que se debe continuar y profundizar.

Contrariamente a lo que algunos vaticinaban de que era una trampa para exhibir a LCV en esa comparecencia, y pese a lo ríspido que se mostraron algunos diputados contra su invitado, éste siempre estuvo respetuoso ofreciendo información, argumentos y razones, incluso contra los ataques y descalificaciones de varios de los legisladores; en esa tesitura él mismo fue sumamente claridoso al señalar las omisiones legislativas y aprobaciones de los propios diputados que fueron materia de los cuestionamientos, lo cual le fue duramente recriminado.

Con todo y eso, me pareció un excelente ejercicio de cómo deben de ser los debates en cualquier ámbito de la vida democrática, donde se debe privilegiar la revisión y análisis de fondo y contenido de los asuntos públicos, donde se ventilen las diferentes posiciones políticas e ideológicas, con información técnica y científica que les de sustento a los argumentos y razonamientos, evitando y tratando de erradicar las meras descalificaciones ad hominem, que por sí solas pueden rayar en el insulto y en la destrucción del debate mismo.

Los asuntos públicos se deben analizar, revisar y discutir en público, con todo lo que implique y las consecuencias que tengan, y si es dentro del marco del Estado de Derecho, del respeto y la cordialidad que mejor. Las diferencias no nos hacen diferentes, por el contrario, nos fortalecen como sociedad, diversa por naturaleza, pero incluyente para todas y todos, esa es la aspiración a la que estamos comprometidos y que tenemos que contribuir en su consolidación, con la parte que nos corresponda.

 

Santiago López Acosta

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.

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