Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

El escenario político para la segunda mitad del sexenio está saturado de nubarrones. En el telón de fondo se encuentran: la pandemia que, según la Organización Panamericana de la Salud, azotará con una cuarta ola a México en enero de 2022; la recuperación económica que ya encuentra dificultades, con un decrecimiento en la creación de empleos y con inflación superando ya el 6% anual, sin duda influenciada por la burbuja inflacionaria en Estados Unidos, que es la mayor en 30 años. Por otro lado, la guerra fría económica entre China y Estados Unidos y la aprobación del plan de infraestructura del presidente Biden pueden impulsar la actividad económica, aunque los primeros resultados podrán verse hasta 2023.

En el ámbito interno la concentración de las decisiones gubernamentales se acentúa en la figura presidencial. De los cambios en el gabinete los más notorios son el de la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera, antes que la lealtad está la incondicionalidad, lo cual ha llegado al extremo del regaño público presidencial a secretarios de Estado. Por otro lado, la no tan velada promoción de Claudia Sheinbaum a la candidatura presidencial de Morena adelantó los tiempos de la sucesión.

Por otro lado, el año próximo se realizarán elecciones de gobernadores en seis entidades: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Para 2023 se realizarán las de gobernadores en el Edomex y Coahuila. Para el PRI es de vital importancia mantener las gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo, EdoMex y Coahuila. Las dos últimas serán contiendas de sobrevivencia, porque una derrota sería su paso a la marginalidad electoral. En 2022, la oposición mantendrá la gubernatura de Aguascalientes (PAN) y probablemente Hidalgo (PRI); para los casos del Edomex y Coahuila es prematuro realizar cualquier pronóstico.

Las elecciones a gobernador nunca antes habían tenido la relevancia que adquirirán rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, por ello Morena ya concretó la coalición electoral con PT, PVEM y Panal para las elecciones del año siguiente. La coalición de 2022 prefigura la de 2024. Para consolidarla, sin tener bola de cristal, se vislumbra la candidatura de Durango para el PT. El PVEM ya tiene su gubernatura (San Luis Potosí) y el Panal aspira a resucitar.

El presupuesto de 2022 es un espacio de definiciones económicas, que tendrá repercusiones políticas hacía el futuro del proyecto de la 4T, en consecuencia, para el país, y tiene que analizarse desde una perspectiva dual: la conclusión de sus obras de infraestructura icónicas y con las elecciones presidenciales de 2024. Esos proyectos: El aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Transístmico consumen parte importante del presupuesto.

Otro rubro estratégico para la política gubernamental son los programas sociales no sólo por su impacto en la vida cotidiana de un sector importante de la sociedad, sino que vienen acompañados de simpatía política, ingrediente esencial al momento de definir el sentido del sufragio. Otra materia a la cual se aportan recursos relevantes es la energética: Pemex y CFE, en la lógica del rescate de la Rectoría del Estado en la materia. Salud es otra materia con un crecimiento importante en su presupuesto; después de las amargas lecciones de la pandemia y de la cuarta ola en Europa, el riesgo sanitario para México se incrementa, es conveniente prevenir.

La terminación de las obras de infraestructura mencionadas es importante políticamente, pues de no culminarse en el sexenio significarían el fracaso de la 4T, lo cual pondría en riesgo el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 y, naturalmente, la continuidad de su proyecto. Los programas de bienestar contribuyen a crear o fortalecer las clientelas electorales. La materia energética, no sólo es un asunto de convicción ideológica nacionalista, sino el único intento de cambio estructural del modelo de acumulación de capital.

Teniendo presentes estas posibles consecuencias políticas nos percatamos que el presupuesto se encuentra en el camino con la Revocación de Mandato. El INE actuando con pulcritud administrativa previó en su presupuesto su posible realización y la de una probable Consulta Popular. Antes de continuar cabe hacer un paréntesis para comentar que la Revocación de Mandato está siendo promovido desde el Poder como un ejercicio propagandístico, a realizarse antes de las elecciones locales del año próximo. El cálculo político fue optimista y acertado desde la perspectiva gubernamental, pero al momento de la elaboración del presupuesto resultó que “la cobija no alcanza” para invertir en los proyectos estratégicos y en un acto de propaganda. La salida más sencilla es recortar el presupuesto del INE 5 mil millones de pesos, argumentando que utilice mil 300 millones de pesos de sus fideicomisos.

Las posibles consecuencias del recorte presupuestal al INE son del todo políticamente indeseables. La primera consideración es legal: El INE no puede utilizar los recursos de los fideicomisos para un objeto distinto al establecido en ellos, los funcionarios que aprobaran el uso de ese dinero no sólo podrían se destituidos, sino terminar en la cárcel. La segunda es práctica: aunque el INE decidiera hacer uso de esos recursos, violando la ley, no alcanzan para organizar la Revocación de Mandato.

Haciendo una revisión somera y simplista del presupuesto del INE capaz que sale alguien al que se le ocurra sugerir que el presupuesto de 5 mil millones de pesos de las 300 juntas distritales o los más de 3 mil que suma el de la Dirección del Registro Federal de Electores y las Juntas locales se podrían utilizar para la Revocación de mandato. Sin duda alguna, lo anterior es un absurdo. Lamentablemente es el nivel de frivolidad con el que se juzga desde las altas esferas del poder gubernamental el presupuesto del INE.

Los escenarios posibles son: se reúnen las firmas y se convoca a la Revocación de Mandato y no se le otorga al INE el presupuesto necesario. El INE tendría que recurrir a su presupuesto base y afectar actividades socialmente útiles, por ejemplo, la emisión de credenciales para votar. En caso extremo el INE podría recurrir al principio jurídico de que “nadie está obligado a lo imposible”. Lo cual ocasionaría una crisis constitucional y política.

La hipótesis es que el gobierno consideró la revocación de Mandato como un buen ejercicio propagandístico, pero, el embrollo se creó cuando los recursos presupuestales resultaron insuficientes para cubrir los proyectos estratégicos y la actividad propagandística. Una alternativa presupuestal es revisar el presupuesto del Poder Legislativo de 15 mil millones de pesos. Llama la atención el monto elevado que se continúa ejerciendo, como en el pasado, discrecionalmente y con opacidad. Sin duda alguna, el Congreso resiste un ajuste presupuestal del 20%.

Otra salida sencilla sería que Morena deje de impulsar la Revocación de Mandato y que no se reúnan las firmas necesarias para convocarla. Fácilmente el presidente convertirá una derrota en un triunfo discursivo al argumentar que a la gente no le interesó la Revocación porque están de acuerdo con su permanencia en el cargo. De empecinarse en la realización de la Revocación de Mandato la crisis política es la crónica anunciada de un desastre.

 

Javier Santiago Castillo

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.

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