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Por Santiago López Acosta

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, también conocido como el ‘Día Naranja’, como uno de los intentos mundiales para tratar de erradicar la ancestral e inveterada violencia que históricamente se ha ejercido contra el género femenino.

En 1993, en asamblea general, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, declararon el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En 2008 el secretario general de la ONU inicio la campaña ‘Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres’ UNETE, proclamando el 25 de cada mes Día Naranja, invitando ese día a portar alguna prenda de ese color para resaltar el llamado a erradicar la violencia contra la mujer, apelando a que la ley es el vehículo pertinente para ese cometido, procurando que para 2015 todos los países hubiesen adoptado leyes específicas contra este tipo de violencia, de conformidad con normas internacionales en materia de derechos humanos.

Nuestro país se adelantó a esa recomendación de la ONU, pues el 01 de febrero de 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, misma que ha tenido diversas reformas casi todos los años después de su entrada en vigor, incluido el presente de 2021, con cambios el 11 de enero y el 18 de marzo.

Sin embargo, aunque las leyes son necesarias, evidentemente que ese solo hecho es insuficiente para cambiar una realidad, que por cuestiones históricas, culturales, sociales y hasta económicas mantienen un predominio patriarcal, machista y misógino.

Algunos datos bastan para acreditar lo anterior: la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres admitió, que en tres años no se ha podido disminuir la cifra oficial de 10 feminicidios al día; con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, activistas de la organización ‘Nosotras tenemos Otros Datos’, subrayan que, en comparación con 2016, las llamadas de emergencia al 911 sobre incidentes de violencia contra las mujeres, aumentaron en 2020 en 180% y las relacionadas con acoso u hostigamiento sexual en 163%; entre 2015 y 2020 se registraron 4 mil 536 feminicidios. En una carta entregada al Instituto Nacional de las Mujeres, las feministas detallan: “Si a los 4 mil 536 feminicidios perpetrados de 2015 a 2020, sumamos los 14 mil 888 homicidios dolosos registrados en el mismo periodo, resulta que, en seis años, 19 mil 424 mujeres que eran madres, hijas, hermanas y esposas fueron víctimas de muerte violenta”. Siguen diciendo: “Si a los 19 mil 424 feminicidios y homicidios dolosos le sumamos los 19 mil 339 homicidios culposos de mujeres, en 6 años se cometieron 38 mil 763 delitos contra la vida de las mujeres y las niñas”. Terminan afirmando que 20 mujeres son asesinadas diariamente.

Las cifras anteriores hablan por sí solas y son aterradoras e inaceptables; demuestran que algo, una parte o todo el sistema no está funcionando, por tanto, se tiene que actuar rápida y eficientemente, intentar y alcanzar que esa terrible tendencia siga su marcha ascendente, aunque parezca casi imparable.

Las feministas reclaman al Estado mexicano establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia, asignar recursos y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, ante lo que consideran “omisiones y negligencias de las autoridades federales para articular una política nacional que contrarreste un fenómeno generalizado de violencia feminicida que azota todos los rincones del país”

Se han instalado 32 mesas estatales de Construcción de Paz y Seguridad y 22 estados con alerta de género y adoptado medidas que involucran a la cuarta parte de los municipios del país, por lo que las estrategias gubernamentales ahí están, pero no han dado los resultados esperados.

Lo más patético y paradójico que vimos el pasado 25 de noviembre fue el caso de la joven activista Marisol Cuadras, preparando la manifestación por la no la violencia contra las mujeres en la plaza principal de Guaymas, Sonora, donde fue asesinada, con otras dos personas, por un sicario que iba, según el dicho del secretario de Marina, por el secretario de Seguridad Pública municipal. Terrible paradoja, participando pacíficamente contra la violencia es muerta violentamente.

El objetivo de la campaña UNETE de la ONU es que al año de 2030 se pueda poner fin a la violencia contra las mujeres. Sin duda una meta muy ambiciosa, por lo que debemos hacer todo lo posible para alcanzarla todas y todos, es una responsabilidad de la sociedad entera; por lo pronto participar en la Línea de Acción ‘16 Días de activismo contra la violencia de género’, que se lleva a cabo de manera coordinada y con la cooperación de 187 países, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y que para este año de 2021 será visibilizado bajo el lema “Pinta el mundo de naranja: ¡pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!”

La iniciativa de 20 universidades del mundo encabezadas por la UNAM para promover en la vertiente educativa la cultura del respeto y la no violencia contra las mujeres es un muy planteamiento, pero debe ser completado en todas las estructuras y niveles educativos. Es uno de los diversos esfuerzos que deben surgir de la sociedad en su conjunto.

 

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.