Por Salvador López Santiago
@sls1103
De acuerdo con el espíritu del legislador, en la Cámara de Diputados está representado el pueblo y en el Senado de la República el pacto federal. Sin embargo, un alto porcentaje de la población —quizá la mayoría—, ni siquiera tiene presente quién es su diputado o su senador, mucho menos conoce o le interesa saber cuáles son sus funciones, facultades y ámbito de acción —tema que amerita un análisis posterior—. Derivado de ello, existe la percepción generalizada de que el poder legislativo es un órgano demasiado grande, oneroso y poco productivo. Según el último Ranking Confianza en Instituciones de México, realizado por Consulta MITOFSKY, de 19 dependencias evaluadas, la Cámara Baja ocupa el penúltimo lugar con una calificación de 5.7 de confianza y la Cámara Alta está ubicada en el lugar 16 con 5.9. Ese rechazo no es casualidad, sino que emana del desconocimiento y desinterés hacia la vida parlamentaria, además prevalece una opinión negativa sobre la productividad del Congreso de la Unión y en los Congresos Locales de las 32 entidades federativas.
La pregunta obligada es si ¿el Congreso trabaja? Una primera reflexión es que, así como acontece en todo ramo o actividad, por supuesto que hay legisladores grises, con experiencia nula o mínima y, peor aún, improductivos; también los hay —muchos— que son proactivos, productivos y conscientes de la magnitud de su encargo. Con esta precisión, es importante considerar que a diferencia de las acciones que se realizan desde el poder ejecutivo —en los tres niveles de gobierno—, desde las más elementales como alumbrado, pavimentación y recuperación de espacios públicos, hasta otras de mayor relieve como la construcción de vialidades, ampliación de medios de transporte público y obras de alto impacto; los efectos de los proyectos de decreto que se aprueban en los recintos legislativos no se aprecian a simple vista ni en el corto plazo.
Así, por ejemplo, si en nuestro municipio o alcaldía rehabilitan una avenida por la que circulamos frecuentemente o reparan el alumbrado de la calle donde vivimos, inevitablemente veremos el trabajo del alcalde o alcaldesa; en cambio, productos legislativos como la reforma penal del 18 de junio de 2018, en su artículo segundo transitorio estableció un plazo de hasta ocho años para la implementación total del sistema procesal penal acusatorio previsto en la reforma en comento; y así ocurre con otras reformas en diversas materias como son educativa, revocación de mandato, consulta popular, amnistía, Guardia Nacional, INSABI, etc., de las cuales difícilmente podríamos ver su impacto en el corto plazo, por el contrario, requieren de un proceso de implementación; aunque hay casos excepcionales como las reformas a la Ley de Adquisiciones de julio de 2020, permitieron que el Gobierno de México pudiera comprar de manera directa vacunas para completar los esquemas de vacunación nacional en el contexto de la pandemia.
Otro desafío que enfrenta la productividad e impacto del quehacer legislativo está inherente al sistema político mexicano, porque la regla muestra que cada inicio de sexenio se busca un rediseño de la ingeniería legal e institucional —en especial desde que los gobiernos divididos y las alternancias forman parte del régimen democrático mexicano—. Al medir la productividad del poder legislativo, más allá de enfocarnos en la numeraria relativa al total de asuntos presentados en el Congreso de la Unión, se debe privilegiar la forma en la que los productos legislativos impactan en la sociedad y en la vida de la población (desafío bastante complejo y hasta cierto punto ingrato), así como el momento político actual, en el cual además de emanar de una transición democrática, abandera un cambio de régimen.
En la primera parte de la administración federal, la agenda impulsada por AMLO ha sido respaldada por el Grupo Parlamentario mayoritario de morena en ambas Cámaras, desde temas como austeridad republicana, eliminación de las llamadas partidas secretas, creación de nuevas Secretarías como la de Bienestar, revocación de mandato, eliminación del fuero para el presidente de la República, nuevo T-MEC, reformas al poder judicial, etc. En la Cuarta Transformación, el referente de productividad legislativa descansa en la política social del Gobierno de México, la cual fue elevada a rango constitucional con la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 8 de mayo de 2020: siete de cada 10 hogares mexicanos reciben al menos un apoyo social derivado de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensiones para Personas con Discapacidad o para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
A manera de conclusión, en mi opinión, es urgente mejorar la calidad de la relación entre la ciudadanía y sus representantes porque solamente de esta manera se podrá fortalecer la confianza en el Congreso; también es fundamental robustecer los mecanismos de rendición de cuentas para que dejen de ser una aspiración y se conviertan en una práctica cotidiana, necesaria y fundamental a través de la cual los representantes populares provean información de calidad que le permita al resto de la población conocer los argumentos que definen el sentido de su voto y de sus decisiones como integrantes del Congreso de la Unión o de los Congresos Locales.
