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Por Santiago López Acosta

El diálogo es un componente indispensable de la democracia, como virtud, pero sobre todo como método para el entendimiento entre actores que piensan y actúan diferente, donde se busca formar una mayoría y varias minorías en una relación de igualdad que admita la coexistencia entre el consenso y el disenso.

Es una práctica indispensable de la convivencia, que implica el respeto y la consideración de todas las opiniones, por tanto, la tolerancia y el pluralismo son condiciones básicas del diálogo, en el cual deben ser admitidos y reconocidos por principio todos los interlocutores en igualdad de dignidad y derechos.

El diálogo hace posible que en la relación entre diferentes se pueda desarrollar un intercambio de opiniones para alcanzar la comprensión recíproca, como condición necesaria para establecer una conexión que concilie de manera flexible las diferentes posiciones. El diálogo es una virtud cívica democrática que evita el recurso de la coerción y la violencia, y permite la posibilidad de cambiar libremente de opinión sin represalia alguna.

El diálogo permite también establecer las reglas para el juego democrático, como fue el caso mexicano, en el proceso de transición y cambio gradual y pacifico para desmontar un régimen típicamente autoritario y construir la institucionalidad democrática, empezando con la reforma política de 1977 y las sucesivas reformas electorales que fueron permitiendo y fomentando la construcción de un sistema de partidos, elecciones competidas, legales y aceptadas por todos los actores, que generaron múltiples alternancias y una gran pluralidad.

El diálogo fue un instrumento fundamental durante la transición y en la etapa de consolidación de nuestra incipiente democracia.

Lo anterior viene a colación porque durante la semana anterior el diputado Federal del PAN Santiago Creel le dirigió una misiva al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitando un espacio de diálogo con el principal partido de la oposición, para tratar temas centrales, de cómo controlar la inseguridad, que la economía vuelva a crecer, para crear empleos dignos, etc., señalando que, aunque tienen evidentes diferencias, comparten el objetivo común de la búsqueda del bienestar del país.

El presidente de la República le pidió al secretario de gobernación, Adán Augusto López reunirse con panistas, gesto que fue aceptado de inmediato por la dirigencia nacional de ese partido, y se realizarán encuentros, seguramente los próximos días.

La disposición del Ejecutivo federal para llevar a cabo este diálogo es de celebrarse, por las consideraciones que mencionamos en el preámbulo, pues es una condición fundamental de la democracia. No solo porque el presidente, su partido y aliados no han tenido los votos suficientes para reformar la Constitución por sí solos, sino porque no se pueden excluir ni dejar de considerar a las minorías.

En una democracia no existen mayorías predestinadas para siempre, ni minorías condenadas a esa condición, lo hemos visto en México en los últimos 30 años. La mayor parte de la elite gobernante ahora mismo estuvo durante muchos años en la oposición, y nada le garantiza que no pueda regresar a esa condición, como tampoco que puedan surgir grupos emergentes que asuman el poder.

Durante la mayor parte de su historia, el PAN ha sido el principal partido de oposición en México, en un régimen dominado por el PRI, para luego establecerse un pluralismo inédito, donde la predominancia de Morena en la actualidad tendrá el reto de superar la eventual ausencia de su líder, una vez que deje el poder.

A partir de las elecciones de 2018 se configuró el sistema de partidos de nuestro país y ese proceso de transformación sigue en curso, por lo que no sabemos cómo quedará, y tendremos que observar y participar en los siguientes procesos políticos y electorales.

El diálogo entre los diferentes actores políticos no implica subordinación, componenda, sumisión o arreglos en lo “oscurito”, ni para que se dé, los opositores tengan que votar las propuestas del oficialismo, sino que, en la diversidad de opiniones, puntos de vista y perspectivas, se puedan alcanzar puntos de conexión y de identidad común en beneficio del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Recordemos que los dos gobiernos federales del PAN, este partido tuvo congresos adversos, lo cual no fue obstáculo para que el encabezado por Felipe Calderón sea el periodo donde más reformas constitucionales se han aprobado en el pasado reciente. Y esto fue posible a través del diálogo, la concertación y el consenso entre diferentes actores políticos, en un escenario típicamente democrático.

Esperemos que ese diálogo del gobierno Federal, que se inicia con el PAN, se continúe con el resto de las fuerzas políticas y de la sociedad, en un clima de respeto y tolerancia, dentro de un contexto plural e incluyente, el país lo demanda y lo necesita. Esa puerta que se acaba de abrir se tiene que ensanchar y mantener permanentemente así, y ojalá que los responsables de esa encomienda estén a la altura de las circunstancias y del tiempo político.

 

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.