Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Es conveniente recordar que considerar la historia y el contexto (económico, político y social) de la actuación de las fuerzas políticas de izquierda o derecha son esenciales para su comprensión. En 2018 en estas mismas páginas señalé que la coyuntura era favorable para el reformismo, aunque fuere limitado. La naturaleza de la coyuntura fue definida por: 1. la irritación social al filo del desbordamiento por la inconformidad producto de la desigualdad social y la putrefacción de la conducta de la clase política, convertida en añeja en algo más de tres lustros; 2. el triunfo de López Obrador con una mayoría no abrumadora, pero sí holgada; 3. la fragmentación de la oposición; 4. la institucionalidad de las fuerzas armadas, que no tuvieron ninguna expresión disonante con el resultado de la elección y; 5. la aceptación de la realidad electoral de los grandes capitalistas que dejó sin respaldo a la derecha (empresarial y política) aglutinada en Frena, cuyas posiciones más extremas se diluyeron con prontitud.
Es común entre la pléyade de opinadores sentirse engañados por los presidentes, pero al menos desde que existen los planes nacionales de desarrollo tal apreciación es errónea. El actual presidente no es la excepción, pues en su libro “Un proyecto Alternativo de Nación” (2004) y en el Plan de Desarrollo (PND) 2019-2024 no oculta sus objetivos.
La primera crítica al PND es que no es un plan de desarrollo, con diagnósticos (general y sectoriales), objetivos, metas y acciones, sino es un discurso político con un listado de acciones, es un escopetazo de ideas de distinto calado para impactar diferentes ámbitos de la vida económica y social. Basta una hojeada superficial al proyecto elaborado en la Secretaría de Hacienda bajo la dirección de Carlos Urzúa, para percatarse de las deficiencias técnicas y políticas del plan finalmente aprobado. El PND debiera ser una carta de navegación indispensable para la conducción del país. El desprecio por la técnica acarrea debilidad en las acciones y conduce a la toma de decisiones equívocas.
Las acciones enumeradas en el PND han tenido diferente grado de impacto en los diversos ámbitos de la vida económica y social del país. La primera, y tal vez una de las tres más relevantes, junto con las políticas sociales y la energética, es el combate a la corrupción. Cuyo principal éxito es el incremento de la recaudación fiscal en medio de la pandemia, combatiendo la evasión y ampliando la base de contribuyentes. En 2019 los ingresos por impuestos representaron el 13.1 por ciento del PIB, en 2020 fue del 14.4 y, para 2021 se espera un nuevo incremento. Aunque ese porcentaje es de los cinco más bajos en América Latina y se encuentra lejos del 33.1 por ciento de Brasil o del 33.8 de la OCDE.
A todas luces los ingresos fiscales son insuficientes para atender las múltiples necesidades de desarrollo del país. Esencialmente esa baja recaudación se debe a dos causas: 1. La informalidad laboral. Según el INEGI, en el segundo trimestre de 2021, de 55.2 millones de personas ocupadas, 31 millones son empleados informales, más de la mitad de los trabajadores no pagan impuestos directos y; 2. Es necesaria una reforma fiscal que grave a quienes detentan la mayor riqueza. Según el PNUD, en México el 1% de los más ricos concentran el 29% del ingreso y el 10% de los más ricos concentran el 59%.
Por su parte, el “World Inequality Report 2022” informa que, en nuestro país el 50% de la población más pobre concentra el 9.2% de los ingresos nacionales. También calcula que su ingreso per cápita en 42 mil 700 pesos al año, 3 mil 558 pesos mensuales, el salario mínimo es de 5 mil 186. El 10%más rico obtiene en promedio 1 millón 300 mil pesos al año, 108 mil 333 al mes.
A pesar de que México es de los países de mayor desigualdad, el presidente persiste en su postura de no incrementar los impuestos a los más ricos. Las acciones implementadas hasta el momento tienen un límite en la recaudación de impuestos Por otra parte, un fardo que pesa sobre las finanzas estatales es la deuda pública. La Secretaría de Hacienda calcula que la deuda pública total alcance este año 13 billones de pesos, equivalente al 50.3% del Producto Interno Bruto (PIB). La deuda interna es de alrededor de 8 billones y la externa de 5 (226 mil 800 millones de dólares). El pago por intereses y comisiones en 2022 será de 791 mil 463 millones, alrededor del 2.7% del PIB
La reestructuración de la deuda pública es una alternativa para obtener recursos extraordinarios. Naturalmente, esta reestructuración debe implicar una disminución del capital, de los intereses y plazos. El argumento más contundente para los grandes centros financieros nacionales e internacionales es que si no son flexibles la crisis será tan profunda que lleve a la insolvencia a muchos países y ellos dejen de ganar.
El Estado Mexicano, históricamente, ha sido débil fiscalmente. Entonces el punto nodal es la obtención de recursos financieros indispensables para encausar al país por la vía del desarrollo sustentable y atemperar la desigualdad social. Es de reconocer las medidas tomadas para terminar con privilegios fiscales, ataviadas del ropaje de la legalidad, que profundizaban las inequidades sociales y; la ampliación de la base fiscal. Pero, también es necesario reconocer su insuficiencia para que el país se encamine por la senda del desarrollo, sólo quedan dos caminos: realizar una reforma fiscal que grave a los más ricos y renegociar la deuda pública.
El objetivo estratégico en este tema consiste en tomar medidas para terminar con la debilidad fiscal del Estado. Las realizadas por el gobierno de la 4T son insuficientes. De no avanzar, la consecuencia será el retroceso.
