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Por Santiago López Acosta

Si el 2021 fue un año donde se vivió una intensa actividad electoral, con el denominado proceso electoral más grande de la historia de México, con casi 22 mil cargos en disputa, seguido de una desabrida consulta popular y la discusión sobre la posible instrumentación, por primera vez, de la revocación de mandato del presidente de la república en 2022.

El 2021 lo cerramos con la fuerte discusión y litigio sobre el presupuesto para llevar a cabo la revocación de mandato, como lo marca la ley de la materia, asunto que todavía no está definido, donde el poder político dominante ha puesto en entredicho al Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, aquella se realizara seguramente en el mes de abril, pues está por cumplirse el requisito de las firmas de apoyo establecidas de cerca de tres millones. Comentarios y análisis por separado, amerita el hecho de que el promotor del ejercicio sea el propio presidente y los recabadores de las firmas sean sus partidarios y simpatizantes, en una suerte de ratificación y no de revocación, como lo marca la Constitución. Es una pena que la temática gire en torno al presupuesto y al acoso al INE, exigiéndole recortes, acusándolo de excesos y lujos para que con eso se lleve a cabo, y no sobre el sentido, la necesidad y pertinencia de la realización o no de ese instrumento de participación ciudadana, cuando a través de múltiples encuestas ya sabemos cuál será el resultado.

El año que inicia estarán en juego el primer domingo de junio (05) 436 cargos, 6 gubernaturas (en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), 39 ayuntamientos, 39 sindicaturas y 327 regidurías (en Durango) y 25 diputaciones locales (en Quintana Roo).

Las encuestas preliminares que se han publicado marcan una tendencia favorable hacia los candidatos(a) de Morena en 5 casos, mientras que el PAN mantendría Aguascalientes. Esto se podría modificar con la definición de las candidaturas de Morena y las posibles fracturas que se vislumbran en Durango, Tamaulipas y Oaxaca, además de las propias de las oposiciones. El comportamiento de los actores políticos, de los candidatos y el desarrollo de las campañas, pueden provocar mayor competencia y eventualmente resultados cerrados. Esto depende, en gran medida, de que la oposición pueda mantenerse unida, cohesionada y postular los candidatos adecuados, lo cual está por verse.

El fortalecimiento del poder presidencial y de su partido se verá reflejado con la consulta de abril, independientemente de cuál sea el porcentaje de participación, si se mantienen las cosas como hasta ahora, al menos que la oposición, partidaria y de la sociedad organizada decidan participar en la misma, hecho que se ve remoto, por ahora.

Desde ahora se advierte que el partido del gobierno federal seguirá incrementando su poder regional a través de más gubernaturas, ya que en los estados en disputa este año no gobierna ninguno, y probablemente ganará varias de ellas, con o sin sus aliados, el PT y el PVEM.

Las oposiciones se jugarán cartas fundamentales para poder ser competitivos en 2024, pues de no lograr triunfos y mantener posiciones, podrían estarse marginando desde ahora. El PAN gobierna en 4, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, y se ve competitivo en las tres primeras. El PRI lo hace en las dos restantes, Hidalgo y Oaxaca, y solo en la primera entidad se advierte que dará cierta pelea electoral; si pierde en las dos, en el 2023 solo le quedarían Coahuila y Estado de México y de no conservarlas ese año, no tendría ningún gobierno estatal, y prácticamente se estaría despidiendo del escenario político nacional, tal y como lo conocimos desde el siglo pasado. El PRD seguirá luchando por la sobrevivencia y Movimiento Ciudadano probablemente incremente su votación, pero sin posibilidades de lograr triunfos estatales.

Por otra parte, este año no podemos dejar de observar, dentro de las múltiples elecciones que se llevaran a cabo en diferentes partes del mundo, algunas cuyos resultados pueden tener un impacto directo o indirecto en nuestro país. En primerísimo lugar, las elecciones de un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, en noviembre próximo, donde si los republicanos logran mayoría, cambiará radicalmente la geopolítica mundial y tendrá un impacto relevante en México.

En la región latinoamericana habrá elecciones presidenciales en Costa Rica, Colombia y Brasil, y en estos dos últimos se visualizan cambios sustanciales, con la posible llegada, por primera vez, de un gobernante de izquierda en Colombia, en la persona de Gustavo Petro, quien se ha quedado muy cerca las últimas elecciones, y el desgaste de las administraciones derechistas recientes, sus posibilidades se potencian; en el gigante de la región, Brasil, después de la desastrosa gestión de Jair Bolsonaro, está la mesa puesta para el regreso de Luiz Ignacio Lula da Silva, después de haber superado la persecución penal. El viraje a la izquierda en estos dos países modificará la geopolítica latinoamericana.

En la vieja Galia, la Francia de las revoluciones, ideas e instituciones habrá elecciones presidenciales en abril, y Macron no la tendrá nada fácil, después de las manifestaciones contra las duras medidas anti-covid que ha tomado, el costo político le podría ser muy alto.

El 2022 será otro año político por excelencia, aunque desde el 2018 parece ser un estatus permanente en nuestro país.

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.