Por Salvador López Santiago
@sls1103
El 1º de enero de 2022, en 124 de los 125 municipios del Estado de México comenzó la administración 2022-2024. En 48 tendremos gobiernos del PRI, en 27 de morena, en 20 del PAN, en 10 del PRD, en 6 del PVEM, en 6 de MC, en 3 del PT, en 2 de Fuerza por México, en 1 del PES, en 1 de RSP y se tiene previsto celebrar la elección extraordinaria de Atlautla en marzo (luego de que en diciembre de 2021 fue anulada por acreditarse violencia política en razón de género).
El Estado de México tiene un matiz particular, al ser una de las pocas entidades federativas donde la coalición Juntos Haremos Historia no logró refrendar la contundente victoria de 2018 y ser considerada en la geografía electoral nacional como la “joya de la Corona”. Con estos dos factores —entre otros igual de relevantes— como parte del obligado análisis y ponderación ante la renovación de la gubernatura en 2023 (cuyo proceso electoral comienza en unos meses), como ocurre generalmente en el inicio de todo gobierno, hemos visto el arranque de los primeros 100 días con intensidad, ímpetu y entusiasmo.
En mi municipio, los Reyes La Paz la nueva administración ha comenzado con fuerza y aunque es muy prematuro emitir una opinión sobre su efectividad, el inicio ha sido bueno. Atendiendo a las atribuciones del municipio (artículo 115 constitucional), de manera enunciativa más no limitativa, hemos visto que se han llevado a cabo acciones dirigidas a fomentar las medidas para mitigar la propagación del Covid19, fortalecer la educación, recuperar espacios públicos, ampliar la cobertura de programas sociales y agilizar el pago de impuestos.
Pero desde una opinión ciudadana estimo que, si acaso aspiran a tener buenos gobiernos, uno de los temas prioritarios, sí o sí, tiene que ser la seguridad pública. Es cierto que la llamada guerra contra el narcotráfico derivó en contextos de violencia e inseguridad nunca registrados hasta entonces, pero también lo es que ni en la pasada ni en la actual administración federal se ha cambiado la compleja situación, seguimos viviendo con incertidumbre y la impunidad sigue formando un binomio terrible con la comisión de delitos. En mi estado y en muchas partes del país, es frecuente conocer de historias en las que asaltan a los pasajeros en el transporte público, despojan de sus pertenencias al trabajador mientras regresa a casa, entran a los hogares a robar… presencian un delito. Lo escuchamos tanto que por momentos pareciera normal, cuando nunca debiera serlo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, elaborada por el INEGI, durante 2020, en 28.4% de los hogares de nuestro país hubo al menos una víctima de delito; se cometieron 6.2 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, 4.7 millones de extorsiones, 84 mil 244 secuestros, por mencionar algunos ejemplos. A nivel nacional, 58.9% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que hoy aqueja a México, seguido del desempleo con 41.5% y la salud con 40.2%.
La seguridad pública es una responsabilidad conjunta del Estado Mexicano, en esa lógica plasmada en el texto constitucional, reitero, es urgente garantizar paz y tranquilidad. El reto es mayúsculo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018, tan sólo en el Estado de México fueron denunciados 341 mil 028, de los cuales 56 mil 976 a delitos contra la vida y la integridad corporal; y en 2019 la cifra aumentó al pasar a 354 mil 602 y 64 mil 239, respectivamente. En 2020, hubo una reducción en la incidencia delictiva de la entidad, al registrar 341 mil 277 denuncias, de las cuales 57 mil 661 corresponde a delitos contra la vida y la integridad corporal, pero en 2021 el número de denuncias se elevó a 398 mil 493, de las cuales 62 mil 793 fueron por delitos contra la vida y la integridad corporal.
Erradicar la violencia e inseguridad es una responsabilidad ineludible para las autoridades de los tres niveles gobierno. Mientras muchos actores políticos tratan de sacar “raja” de la incidencia delictiva, al supeditar sus expresiones y acciones para deslindar responsabilidades a la filiación partidista del alcalde, del gobernador y hasta del presidente; lo que deseamos los mexiquenses es poder salir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas… a nuestras diversas ocupaciones sin miedo de ser víctimas de delitos. Al ciudadano a pie no le importa si es culpa del municipio, de la entidad federativa o de la federación, los mexiquenses queremos salir de casa con la certeza de poder regresar bien, esa tendría que ser una prioridad de los gobiernos municipales que iniciaron funciones este año.
