Por Salvador López Santiago
@sls1103
En el debate público sobre los estragos de la violencia e inseguridad, generalmente se tiene a los homicidios como el principal foco de atención, pero sin que ese enfoque sea impreciso, las desapariciones forzadas también deberían ser de la máxima preocupación y en ninguna circunstancia quedar como un daño colateral o una mera cifra que, en el mejor de los casos, medianamente coincide con la realidad. Así como es cierto que sufrir la muerte de un ser querido es una de las sensaciones más terribles y devastadoras, no volver a saber de un familiar o un amigo, puede llegar a ser igual de impactante —quizá peor—.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la desaparición forzada ocurre cuando un individuo es detenido o secuestrado por el Estado o por alguno de los cuerpos que actúan en su nombre, para posteriormente negar su detención. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos refiere que constituye un aberrante delito que lesiona tanto a la persona o a las personas que lo sufren, como a toda su familia y a la colectividad de la cual forma parte, toda vez que se trata de una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en múltiples instrumentos internacionales.
En la última década, México registra un permanente aumento en las cifras de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), señala que las cifras oficiales reconocen que desde antes de 2007 y hasta el 31 de octubre de 2014, se encuentran más de 23 mil personas desaparecidas en México. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) al dar a conocer su primer informe de actividades el 17 de enero de 2019, reportó que se tenía el registro de 40 mil 180 desaparecidos en todo el territorio nacional.
En abril de 2021, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas, informó que desde que el Estado mexicano le declaró la guerra al crimen organizado en el año 2006, durante la administración de Felipe Calderón y hasta abril de 2021, en el país había más 85 mil personas reportadas como desaparecidas y no localizadas. Por otro lado, dio a conocer que el 76% de los casos se concentraba en 10 entidades federativas: Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del 1° de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 2021 se registró un total de 19 mil 204 personas desaparecidas y no localizadas, cifra que equivale a un aumento del 30% respecto del periodo 2013 a 2015, cuando el número llegó a 13 mil 379 personas.
Ante este panorama, en distintos momentos Human Rights Watch, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humamos, entre otros organismos y dependencias, han llamado la atención sobre el creciente problema de la desaparición forzada en México, precisando que en casos de esta naturaleza han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública: Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales. En consecuencia, es imprescindible fortalecer e intensificar las acciones, estrategias y medidas encaminadas a atender de manera efectiva este tipo de ilícitos. Lo anterior, con la finalidad de evitar una doble vulneración, victimización y menoscabo a la esfera jurídica de las familias de las personas que tienen el dolor derivado de la incertidumbre de no saber qué pasó con su familiar, con su amigo, con su ser querido, que un día salió de casa y nunca volvió ni fue encontrado sin vida; pero también de materializar el anhelo permanente de justicia que exige y, exige con la razón de su lado, la sociedad mexicana en su conjunto.
