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Por Santiago López Acosta

The Economist (El Economista) es una publicación que surge en Londres en 1843, en el siglo XX logra un alcance global y es una de las revistas de mayor cobertura e influencia internacional, consultada por analistas, políticos, público en general y tomadores de decisiones en prácticamente todo el mundo.

Desde hace tiempo publica índices, indicadores o referentes, en un principio en materia económica, y desde 2006 el Democracy Index, Índice de Democracia (ID). Hace unos días se difundió la versión correspondiente a 2021. A través de una encuesta anual, califica el estado de la democracia en 167 países sobre la base de cinco medidas: 1. Proceso electoral y pluralismo,2. Funcionamiento del gobierno, 3. Participación política, 4. Cultura política democrática y 5. Libertades civiles. Otorgándoles una ponderación equilibrada cuya suma máxima pueda dar 10 puntos y la mínima 0.

El ID ubica cuatro apartados, los mejor evaluados o con calificaciones más altas están los de democracia plena, cuando cumplen de mejor manera en los cinco indicadores (10 y hasta una calificación mínima de 8); en un segundo escalón se ubican las que denomina democracias defectuosas (con una evaluación entre 6 y antes de 8); en el tercer nivel se encuentran los que denomina regímenes híbridos (con calificaciones que fluctúan entre 4 y antes de 6), cuando los indicadores están por debajo de los mínimos aceptables para las democracias e incorporan componentes propiamente autoritarios; y finalmente los regímenes autoritarios (cuando sus resultados se ubican por debajo de las 4 puntos).

Es como cuando se hace cualquier evaluación, en los dos primeros grupos se encuentran los regímenes que pasan la prueba del ID, aunque sea con 6, y en los dos últimos están los reprobados, y por ende no se pueden considerar como democracias.

El ID arroja que, de los 167 países considerados, 21 son democracias plenas (12.6% de los países y 6.4 % de la población), 56 democracias defectuosas (31.7% y 39.3%, respectivamente), 34 regímenes híbridos (20.4% y 17.2%, respectivamente) y 59 regímenes autoritarios (35.3% y 37.1%, respectivamente).

El ID nos dice que más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario y que la puntuación global cayó de 5.37 a un mínimo de 5.28, atribuyendo a la pandemia la mayor fuente de presión sobre la libertad democrática en todo el mundo, disminución solo equiparable a la ocurrida en 2010 después de la crisis financiera mundial. También se debe considerar las circunstancias propias de cada país, sobre todo cuando descienden en el ranking del ID.

Los países nórdicos lo siguen encabezando, con Noruega en primer lugar (9.75), Finlandia, lugar 3 (9.27) y Suecia, lugar 4 (9.26), además de Nueva Zelanda, lugar 2 (9.37). En contraste, los tres últimos lugares los ocupan Afganistán, lugar 167 (0.32) con el regreso de los talibanes al poder, Myanmar, sitio 166 (1.02), después de un golpe de estado y Corea del Norte, lugar 165 (1.08) con su larga y conocida dictadura.

El ID destaca la pronunciada caída en América Latina por el débil compromiso de la región con la democracia, permitiendo que prosperen populismos antiliberales y un calendario electoral no siempre ocupado de las causas democráticas, como el ajustado triunfo de Pedro Castillo en Perú (sitio 71 con 6.09), ahora sumido en una crisis de gobernabilidad, con cuatro gabinetes en poco más de 6 meses en el poder, considera una farsa la elección en Nicaragua en noviembre pasado (lugar 140 con 2.69),  se degrada Chile a democracia defectuosa por su baja participación en elecciones profundamente polarizadas (sitio 25 con 7.92). Solo Costa Rica (sitio 20 con 8.07) y Uruguay (lugar 13 con 8.85) se mantienen como democracias plenas.

Los EEUU sufren una caída del 0.07 y sigue como democracia defectuosa con 7.85 en el lugar 26, sin embargo, Canadá sufre un revés mayor, de 0.37, aunque manteniéndose como democracia plena con 8.87, en el sitio 12.

El ID destaca que el mayor desafío para el modelo occidental de democracia en los próximos años vendrá de China (en el lugar 148 con 2.21), quien después de cuatro décadas de rápido crecimiento, es la segunda economía del mundo y se pronostica que dentro de una década superará a EEUU.

México sufre una degradación al descender al grupo de los regímenes híbridos en el lugar 86 y una calificación de 5.57, donde la evaluación más alta la obtiene en participación política con 7.22, en proceso electoral y pluralismo 6.92, libertades civiles 5.59, funcionamiento del gobierno 5.00 y la más baja en cultura política democrática con 3.13. Es un resultado que debe preocupar y atenderse, por autoridades, instituciones y grupos organizados de la sociedad.

Los resultados del ID se obtienen a través de encuestas, de tal manera que son las opiniones y percepciones de los ciudadanos de cada país las que determinan donde ubican a sus respectivos gobiernos, procesos políticos, sociales y culturales, derechos y libertades de sus sociedades.

Es posible revertir el deterioro de la democracia con acciones concretas, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobando recientemente dos tesis de jurisprudencia, donde reconoce expresamente el derecho a defender la democracia, el cual se concreta en el derecho a participar en los asuntos públicos del Estado, el cual está obligado a la transparencia, consolidando una ciudadanía activa, critica, comprometida con el quehacer público, atenta al comportamiento y decisiones de los gobernantes, ejerciendo la libertad de expresión y los derechos político-electorales. Es necesario, sigue diciendo la Corte, protestar contra la actuación contraria al orden constitucional de los poderes estatales para reclamar el retorno a la democracia. Hace falta más activismo en ese sentido de todos los actores.

 

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.