Por Santiago López Acosta

@LpezSantiago

Tal parece que la estrategia de la coalición Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD es repartirse las propuestas y que cada partido las presente por separado, como se observó la semana pasada, donde el PAN ingreso una iniciativa de algunos de sus diputados federales, y luego el PRI anuncio la propia en sus vertientes principales.

La iniciativa del PAN no toca la Constitución, solo reformas a tres leyes generales, la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos y la de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Propone elecciones primarias que tengan el carácter de “abiertas”, es decir, que tanto militantes como simpatizantes de los partidos políticos tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones y que las autoridades electorales puedan ser las que den validez y certeza a dichos procesos en los casos que dos o más fuerzas políticas decidan coaligarse y quieran decidir con la participación popular al candidato que habrá de representarlos.

Fortalecer el sistema representativo, para que no haya ni sobrerrepresentación, ni subrepresentación, sino lo justo en el acceso a las posiciones legislativas; un sistema electoral donde los votos correspondan al candidato o al partido político, es decir, la proporcionalidad de los votos en la integración de los órganos representativos. Esto ya existió en algunas legislaciones locales.

La posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda anular una elección, cuando la parte quejosa compruebe que existió una intervención del crimen organizado en la misma.

Candidaturas comunes de dos o más partidos, además de los propuestos por los partidos políticos o por una coalición. Esta figura estuvo vigente hasta 1988, pero luego de la exitosa candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en esa elección, se quitó de la legislación federal, se mantuvo en algunas locales y finalmente desapareció.

La proporcionalidad en la representación política es también una coincidencia, en prácticamente todas las propuestas, pero debe ser revisado con cuidado, porque podría ser un cambio de fondo y forma para la integración de los órganos representativos.

El PRI concuerda con la iniciativa presidencial de reducir el financiamiento a los partidos políticos, que es un tema delicado, amerita mayor análisis y reflexión, cuando se quiere acotar, por otro lado, la cada vez mayor intervención de la delincuencia organizada en la política, la cual, a su vez, también es una preocupación común.

En la medida que empiecen las mesas de negociación y se puedan generar acercamientos y puntos de encuentro, podremos ver si es posible que tengamos reforma electoral este año, o más tardar a principios de 2023, o solo quedara en meros escarceos políticos preelectorales. Si no hay, tampoco pasa nada, el sistema electoral y sus instituciones han demostrado que funcionan bien y han dado resultados, que son evidentes y constatables.

Propone establecer el uso de las urnas electrónicas en las elecciones federales y locales, practica que se había desarrollado en varias entidades federativas (Coahuila, Jalisco y CDMX).

Señala que a lo largo de una contienda y cercano a la jornada electoral, una candidata o candidato anuncia su declinación a favor de tal o cual candidato, quedando en el limbo su participación y la del partido político que la impulsaba, por lo que propone reglamentarlo y que la declinación tenga efectos electorales claros.

El PRI, por su parte, presento su decálogo: 1. Reducir las diputaciones de 500 a 300, 150 electos por mayoría relativa y 150 por representación proporcional, estableciéndose límites para evitar la sobrerrepresentación, también buscando la proporcionalidad de votos con curules; 2. Segunda vuelta para la elección presidencial, propuesta del PAN ahora también retomada por el PRI; 3: Crear la figura de la vicepresidencia de la República, misma que existió en nuestra historia, al inicio del México independiente y en la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, pero luego desaparecida; 4.Mayor libertad de expresión durante las campañas, cuyas restricciones ahora incomodan a más de algún actor político; 5. Reducción de financiamiento público a partidos políticos y ampliación del financiamiento ciudadano o privado; 6. Combate a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, que complementa la del PAN; 7. Voto electrónico en urna, similar a la del PAN; 8.Nacionalizacion de los comicios federales y locales, esto es fortalecer al INE y desaparecer a los OPLES; 9. Fortalecer el mecanismo de nombramiento de los consejeros del INE; y 10. Fortalecer la autonomía y eficiencia de la justicia electoral.

Varias de las propuestas del PRI implican reformas a la Constitución y otras solo a algunas leyes, pero tendremos que esperar la iniciativa para conocer como seria la instrumentación.

Falta que el PRD anuncie o presente sus propuestas, que seguramente serán en la misma sintonía que sus aliados.

No sabemos si Movimiento Ciudadano presentara iniciativa al respecto o el PVEM haga lo propio, como lo hizo el PT. Tampoco sabemos si se abordara el gran número de iniciativas que se encuentran en la “congeladora legislativa”, sin embargo, ya tenemos un abanico de propuestas en la materia para empezar el análisis y el debate, encontrar coincidencias, como es el caso del voto electrónico, que se encuentra en todas las propuestas, pero se debe revisar las diferentes modalidades y solo requiere pocos cambios legislativos para su aplicación en territorio nacional, porque ya se aplicó en el extranjero, en la modalidad por internet. Este cambio reduciría considerablemente los costos electorales.

La proporcionalidad en la representación política es también una coincidencia, en prácticamente todas las propuestas, pero debe ser revisado con cuidado, porque podría ser un cambio de fondo y forma para la integración de los órganos representativos.

El PRI concuerda con la iniciativa presidencial de reducir el financiamiento a los partidos políticos, que es un tema delicado, amerita mayor análisis y reflexión, cuando se quiere acotar, por otro lado, la cada vez mayor intervención de la delincuencia organizada en la política, la cual, a su vez, también es una preocupación común.

En la medida que empiecen las mesas de negociación y se puedan generar acercamientos y puntos de encuentro, podremos ver si es posible que tengamos reforma electoral este año, o más tardar a principios de 2023, o solo quedara en meros escarceos políticos preelectorales. Si no hay, tampoco pasa nada, el sistema electoral y sus instituciones han demostrado que funcionan bien y han dado resultados, que son evidentes y constatables.

 

Santiago López Acosta

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.