Por Santiago López Acosta
@LpezSantiago
Durante más de una década, el World Justice Proyect WJP (Proyecto de Justicia Mundial), ha aplicado encuestas en más de 130 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho, generando información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. El índice de Estado de Derecho del WJP (WJP Rule of Law Index) se ha convertido en una herramienta destacada para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y para la toma de decisiones sustentadas en evidencias.
El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 (Índice) es la cuarta edición con mediciones subnacionales de las 32 entidades federativas del país, utilizando el mismo marco conceptual y metodológico aplicado a nivel mundial.
El Índice presenta datos e indicadores, organizados en 42 subfactores y ocho factores: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; y 8) justicia penal.
El Índice utiliza en México más de 600 variables generadas a partir de la participación de 12 mil 800 personas y 2 mil 100 especialistas en derecho penal, civil, laboral y salud pública y de información generada por otras instituciones como fuentes terciarias.
Los resultados de la edición 2021-2022 del Índice muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país. Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. Este deterioro contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anti-corrupción.
El Índice se centra en resultados e impactos de políticas públicas, como por ejemplo si las personas tienen acceso a tribunales o si la delincuencia se controla de manera efectiva, así como las experiencias y situaciones cotidianas de las personas, como el acceso a servicios públicos o si la disputa entre vecinos se resuelve en forma pacífica y efectiva con la intervención de mediadores independientes, además de reflejar experiencias y condiciones reales de los distintos sectores de la población, a partir de la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
El Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Al igual que en la edición anterior, ningún estado se acerca a la calificación idónea, y ninguno alcanzó un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos en esta materia. Los estados con los puntajes más altos en el Índice 2021–2022 fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). Esta es la primera ocasión en la cual Querétaro y Guanajuato se encuentran en los primeros lugares del Índice, mientras que Yucatán se había ubicado en la primera posición en las tres ediciones anteriores. Los estados con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).
Los puntajes generales cayeron en 14 entidades (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), subieron en seis (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), y permanecieron sin cambio en 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).
El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. El Estado de Derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.
A unos días de haberse hecho público el Índice 2021-2022 no se le ha dado suficiente difusión y tampoco ha sido materia de análisis y discusión, como en las ediciones anteriores, esperemos que esto suceda en los próximos días, semanas y más. Las instituciones públicas involucradas ni lo mencionan, pero lo más preocupante es que tampoco las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil que se han interesado en el mismo, por ahora, ni la mayoría de los medios de comunicación.
La mejor manera de afrontar los problemas se empieza reconociéndolos y luego buscar la manera de resolverlos, con diagnósticos, información, planes y programas, estrategias y tácticas para dar los resultados que espera la sociedad. Los discursos, las declaraciones de los políticos, los compromisos y las meras promesas verbales, si no vienen acompañadas de lo anterior se quedan en la nada. El índice 2021-2022 del Estado de Derecho en México aporta información valiosa para ello, pero si los responsables para su atención ni siquiera lo voltean a ver, realmente es poco lo que se puede hacer.
