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Por Santiago López Acosta

@LpezSantiago

El pasado domingo 29 de mayo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Colombia, donde el candidato de la izquierda Gustavo Petro, en su tercera incursión, hizo efectivas las encuestas preelectorales al ganar la elección, pero no con los suficientes votos para evitar una segunda vuelta. Obtuvo 40.4 por ciento de los votos frente al 28 por ciento del sorpresivo candidato Rodolfo Hernández, hasta hace pocas semanas prácticamente desconocido, y el 24 por ciento del candidato de la centroderecha Federico Gutiérrez, quien era el que se vaticinaba iría a la segunda vuelta con Petro.

Durante mucho tiempo el sistema de partidos colombiano giro en torno a los partidos liberal y conservador, los cuales de la mano del descredito de la clase política tradicional, desaparecieron del mapa político, empezando a aparecer nuevas organizaciones partidistas, pero sobre todo figuras que fueron ocupando los escenarios y el protagonismo.

Petro tiene sus orígenes políticos en el grupo armado M-19, fue guerrillero durante mucho tiempo y se incorpora a la política institucional después de los acuerdos de paz del gobierno con diversos grupos subversivos que actuaron durante décadas en la clandestinidad, con prácticas violentas y delincuenciales. En este, su tercer intento de alcanzar la presidencia ha moderado mucho su discurso, posiciones, encabezado una amplia coalición y capitalizado el desgaste y descredito de la clase política de la centroderecha colombiana que ha gobernado al país las últimas décadas.

Petro se enfrentará en segunda vuelta el próximo 19 de junio al empresario de 77 años Rodolfo Hernández, un auténtico outsider, es decir, un político que aparece repentinamente fuera de la órbita pública, cuya única experiencia política había sido la de alcalde de Bucaramanga, municipio importante, pero nada que ver con las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, no había participado en los debates y su campaña, pagada de su bolsillo, se centró en las redes sociales. Se declara como no político y su estilo es de los considerados como políticamente incorrecto. Ha sido criticado por declaraciones polémicas, como que había que leer y conocer a Hitler y para algunos es el Trump de Colombia.

El resto de los candidatos de derecha y de centroderecha parecen haber decidido que Hernández será su opción en la segunda vuelta, la cual parece que será una elección muy competida, misma que ya mostró la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que arroja un empate técnico, con Hernández el 41%, Petro el 39%, indecisos el 14%, en blanco el 5% y no votaría por ninguno el 1%.

Faltan las campañas, los acuerdos y realineamientos que se darán para la segunda vuelta del próximo 19 de junio, además de hacia dónde se inclinaran los indecisos, que por ahora es un porcentaje muy alto y probablemente decidirán esa elección.

Esta elección nos da la pauta para comentar la segunda vuelta, que consiste en que si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos, como regla general, los dos más votados pasan a una segunda elección, misma que ha sido nuevamente propuesta en nuestro país; esta se aplica en la mayor parte de los países de América Latina, además de legislaciones más flexibles y abiertas, que permiten de manera más clara la entrada y salida del sistema electoral, y no reducirlo a un rígido y cerrado sistema de partidos, como sucede en nuestro país.

Salvo la elección de 2018 como excepción, ningún candidato presidencial ha alcanzado esa posición con más del 50% de los votos durante las más de las tres últimas décadas, escenario que seguramente se volverá a presentar en 2024, conforme se van acomodando las piezas políticas y las posibles coaliciones y alianzas. La segunda vuelta otorga mayor legitimidad al ganador y genera un mandato representativo mas claro y directo al futuro gobernante.

Sin duda que el sistema electoral y de partidos de México requiere revisiones y cambios para ser más eficiente y útil para la sociedad y para responder a las exigencias de nuestra incipiente democracia, que se fue construyendo a través de ejercicios, acuerdos y negociaciones sucesivas durante más de cuatro décadas, y el hacerlo por la vía pacífica, requirió la participación responsable y comprometida de la elite gobernante y de las oposiciones, con altura de miras, más allá de los intereses meramente partidistas y del gobierno en turno. Eso es lo que demanda la actual coyuntura, y no intentos de regresiones autoritarias que creíamos superadas.

Para revisar y aprobar eventualmente reformas como la segunda vuelta y flexibilizar el sistema de partidos, y que tengamos escenarios como el colombiano ahora mismo, hace falta que los políticos mexicanos que controlan los cambios constitucionales y legales, a través de los partidos y los congresos, vean mucho más allá de sus intereses particulares. Como decían los clásicos, los políticos con visión de Estado están pensando en la siguiente generación, no solo en la siguiente elección, como lo hace la clase política común y rudimentaria. Realmente no es mucho pedir, pero en nuestra actual coyuntura, quizá tal vez sí.

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.